Roque Fabiano Silvera es un conocido empresario de la zona de Salto del Guairá. El informe de la justicia brasileña lo sindica de haber albergado a Messer en dicha ciudad, así como de ocultar y administrar sus bienes. De acuerdo con el documento oficial, también se le atribuye la entrega de una carta firmada por Darío Messer en la que se le solicita US$ 500 mil al expresidente Horacio Cartes.

El primero de los requeridos es Lucas Lucio Mereles Paredes, presidente y propietario de la empresa Cambios Yrendague SA. Según el informe de la Policía Federal, se lo sindica de ser “socio” de Darío Messer por lo menos desde el 2010 hasta el 2017 y habría comprado US$ 220 mil de Roque Fabiano Silveira.

Felipe Cogorno Álvarez es un ciudadano ítalo paraguayo, propietario del Shopping China de Pedro Juan Caballero. Cogorno habría sido responsable de ocultar los mencionados US$ 500 mil.

Edgar Ceferino Aranda Franco y José Fermín Valdéz González, propietario y gerente de la empresa Fe Cambios SA respectivamente, serían los responsables de crear una cuenta para Myra De Oliveira Athayde, novia de Messer, con US$ 260 mil, dinero que habría sido depositado por Cogorno Álvarez.

Jorge Alberto Ojeda Segovia, alias ‘Finolo’, es un cambista paraguayo de la casa de cambios Forex Paraguay SA. Este hombre también sería “socio operacional” de Messer y habría ocultado aproximadamente US$ 700 mil.

Leticia Bóbeda, hija del exsenador José Manuel Bóbeda, sería la encargada de ocultar los recursos financieros de Darío Messer por un total de US$ 150 mil para futuros pago de “eventos con finalidades ilícitas” y según la justicia del vecino país, se dejaba constancia de que no era en concepto de honorarios profesionales.

La investigación de la muerte de los militares que arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el pasado 2 de noviembre, está prácticamente varada por errores de la propia justicia, según denuncian familiares de la Fuerza Pública.

Durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media, la representante de los familiares, Nelly Cortesí, lamentó que hasta el momento no hay ningún castigo a los supuestos responsables de la desaparición de los sargentos.

El próximo 2 de mayo se cumplen 6 meses que los sargentos Alexis Sosa y Domingo Ríos, quienes circulaban en una camioneta rumbo al domicilio de un general, fueron arrastrados por el raudal. El vehículo terminó en el arroyo Lambaré, debido a que, la desembocadura no contaba con una valla de protección.

Ese hecho fue motivo para que, en diciembre, el jefe comunal sea imputado por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre.

Cortesí explicó que desde ese diciembre, la justicia envió 4 notificaciones para avanzar con la imputación del intendente, pero todas fueron comunicadas con “error”, las cuales frenaron el proceso.

“Notificar mal en cuatro ocasiones ya está de más, me parece que es una falta de respeto a la memoria de los militares fallecidos. No hay avances en la investigación, lastimosamente la justicia no está actuando como debería”, expresó Cortesí.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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