El pasado 16 de junio, el Juzgado Penal Nº 6 decidió rechazar la acción de amparo constitucional promovido por el Abg. Carlos Alberto Ruffinelli en representación de la firma Prelife contra el experto en temas digitales y desarrollador de software, Matías Insaurralde.

En su argumentación, la jueza Lici María Teresita Sánchez señaló, entre otras cuestiones, que la libertad de expresión está por encima de la incomodidad que le puede generar a la empresa la exposición de opiniones en Twitter por parte de Insaurralde.

“…limitar la utilidad de este tipo de situaciones creadas por el uso de redes sociales en la actualidad y al intentar limitar, bloquear, y/o coartar dichas opiniones restringiría gravemente el flujo de información a través de Internet y, por ende, la libertad de expresión…”, reza una parte de la sentencia judicial.

Ya en la jornada de hoy trascendió la información de que Prelife había accionado contra este fallo mediante un recurso de apelación. A través de esta presentación, insisten en su pedido de exigir la prohibición de opiniones sobre la firma en Twitter.

Sobre el caso #Prelife, la empresa presentó una apelación donde vuelve a solicitar la prohibición de opiniones sobre la firma en Twitter: pic.twitter.com/KwPhUkTXhM

— Matías I. (@mb_ins) June 22, 2020

Varios especialistas y expertos en la materia coinciden en que el hecho una vez más atenta contra la libertad de expresión en internet y, principalmente, contra varias garantías establecidas en la propia Constitución Nacional.

El hecho causó indignación entre varios usuarios de la citada red social, provocando el rechazo masivo a la posición asumida por la empresa con sede en Encarnación que había argumentado que los tweets “son ataques despiadados que ocasionan perjuicio irreparable, cierre de su cuenta bancaria, disminución de sus actividades comerciales y amenazas de clientes, casas de cambio y negativas de entidades financieras para seguir operando”.

Cabe recordar que uno de los principales aspectos que llamaron la atención en el caso Prelife es la alta renta vitalicia que ofrece, la cual llegaría hasta los 1.000 US$ mensuales “de por vida”, pese a que solicitan aportes que rondan entre 10 y 50 dólares como máximo.

En vista a ello, se generaron dudas y especulaciones sobre la posibilidad de que se trate de un nuevo caso de estafas utilizando el esquema piramidal o sistema Ponzi como también se lo conoce, bajo la excusa de aumentar el monto de la jubilación.

La causa pasa ahora en manos de un Tribunal de Apelaciones donde nuevamente deberá dirimirse la cuestión que involucra a Prelife y Matías Insaurralde.

La victima fue identificada como Jorge Manuel Medina, quien contaba con antecedentes por violencia familiar y robo agravado en el año 2018.

Medina se encontraba en el patio de su casa al momento en que irrumpieron dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta.

Intuyendo la intención de los extraños, el hombre corrió hacia su habitación, pero lo alcanzaron y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego.

El asesinato se verificó a las 00:30 de hoy, martes en 35 Proyectadas y Napoleón Ortigoza, del barrio San Ignacio de la capital. Los intervinientes levantaron algunas imágenes de de circuitos de cámaras de la zona, para intentar llegar hasta los criminales. Se estima que el crimen se encuadra dentro del esquema de “ajuste de cuentas” entre madinales, principalmente ligados al tráfico de estupefacientes.

Este nuevo episodio se verifica luego de varios meses de “paz” instaurada después del desmantelamiento del clan Rotela en la cárcel de Tacumbù, que desde el reclusorio controlana episodios de sicariatos en barrios de bañados de Asunción. Si bien los casos criminales se redujeron drásticamente en la zona, las autoridades policiales sostienen que quedaron varios elementos dispersos de la pandilla Rotela.

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El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, habló del tercer desembolso de Taiwán para las viviendas destinadas a las parcialidades indígenas y explicó de qué manera se trabaja con las demás instituciones.

“Este es in trabajo integral en equipo. Antes se reducía a la distribución de tierra, pero para poder generar arraigo, se necesitan las viviendas. A nosotros nos aboca la provisión de una vivienda digna”, expresó Baruja, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Por su parte, el INDI se encarga de informar cuáles son las comunidades con mayor necesidad habitacional y en base a eso, se establece un parámetro de prioridades.

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Además, el diseño de las viviendas se realiza en base a las costumbres y a la cultura, conforme a los conceptos y criterios del INDI. Una vez aprobados, se procede a la ejecución.

“Es un abordaje integral, no es simplemente la construcción de vivienda, sino el entorno los accesos, los conceptos de educación, de salud, para que el arraigo se genere en estas comunidades”, indicó el ministro.

Todos los ministerios y secretarías, entre ellos, Niñez, están incluidos en la misión de que las comunidades indígenas permanezcan en sus tierras y no tengan la necesidad de deambular por la capital en busca de atención.

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El subjefe de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Encarnación, Adolfo Duarte, explicó que la Ordenanza 110/24, aprobada la semana pasada, establece nuevas disposiciones para los vehículos que operan en plataformas de transporte alternativo.

Una de las medidas tiene que ver con la utilización de ploteados y logotipos alusivos al servicio prestado (Bolt, Uber, etc.), que con esta nueva disposición se encuentran prohibidos en la ciudad itapuense.

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“No pueden tener ningún logo por el vehículo, tampoco pueden hacer paradas en ningún lugar”, manifestó en entrevista con el medio Más Encarnación.

De igual manera, resaltó la importancia de que estos trabajadores del volante se encuentren registrados en la Municipalidad de Encarnación y que cuenten con habilitación y licencia de conducir de dicho municipio.

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Duarte señaló que ya se encuentran haciendo la debida comunicación sobre esta exigencia a los conductores que operan con plataformas digitales, antes de empezar a aplicar las sanciones correspondientes.

En caso de incumplimiento posterior al periodo de socialización, los mismos se exponen a multas administrativas, adelantó.