Desde la representación legal del sanatorio Migone a cargo del abogado Ricardo Preda reiteran la solicitud inicial de realizar la junta médica y que ya están propuestos los profesionales que van intervenir por lo que falta que la fiscalía determine los puntos de pericia y notificar a las partes.

En lo que coinciden con la familia, según Preda, es el pedido de declaración testimonial de todos los que estuvieron en ese momento. “Son pertinentes y conducentes para tener la verdad de lo que ocurrió y si hay responsabilidad penal de alguna persona al respecto”, explicó el representante del sanatorio.

Debido a que se trata de un paciente pediátrico, se solicitó la intervención en la junta médica de un experto en terapia intensiva infantil, una infectóloga y cardióloga también pediatricas.

“Creemos que se debe profundizar sobre la base de la autopsia y con los antecedentes del chico y la atención que recibió esa mañana en el sanatorio”, agregó en contacto con Universo 970.

Sobre las imágenes y audio de circuito cerrado de lo minutos previos a la muerte de Renato y que fueron viralizados, Preda afirmó que cuando son vistos por las personas estos videos se hace conociendo el desenlace y se toma una posición.

Mientras que el análisis y lo que hacen los profesioanels es lo que en ese momento de manera progresiva y bajo qué atención estaba el niño.

“Cuando se ve todo el circuito cerrado a partir de las 12:27 se da un segundo reclamo de la madre y dentro del minuto va la pediatra y la enfermera hasta las 12:31 y todo ese tiempo hasta que se activa el código, se verifica que se produce un paro y se activa el código y van profesionales de otras áreas para intervenir en el proceso de reanimación”, señaló.

Reiteró que la junta médica no solo evalúe la información de los documentos médicos sino que verifiquen el contenido de los vídeos y si hay una coincidencia con el actuar de los profesionales.

Con relación a la conducta de los profesionales médicos que son vistos en la pecera mientras la madre pide auxilio, afirmó que estos no estaban a cargo de la atención del niño sino hasta que se emite el código.

“En el proceso tampoco tienen que estar muchas personas, según protocolo para un adulto serían máximo 6 y en el caso de un niño pequeño no hacía falta tantas personas”

El ir y venir de enfermeros buscando elementos en el momento de la reanimación, Preda afirmó que se contaba con todo lo necesario. “Estamos seguros que los elementos estaban y que muchas veces no se comprende es que los enfermeros traen la reposición de lo que se está utilizando en caso que se requiera el uso de eso que se utilizó”, insistió.

La definición de si hubo una conducta negligente lo pueden dar los expertos de la junta médica, apuntó.

Sí aclaró que no están de acuerdo con el pedido de la familia en acceder a la lista de accionistas del sanatorio. “No tiene ninguna vinculación para establecer las causas ni los antecedentes, no se justifica y no entiendo cuál es el objetivo para saber sobre la causa de muerte del niño”, indicó.

Destacó que el contenido de investigación no puede ser divulgado y que solo es de acceso a las partes.

Luis Alberto Franco Báez (37), oriundo de Salto del Guairá, es el fallecido en el accidente aéreo registrado este viernes en Boquerón, Loma Plata.

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El hombre se hacía llamar “El señor de los cielos” y “Vaka resa”. Los fiscales Lorenzo Lezcano, Julio César Yegros e Israel Villalba llegaron a investigarlo por tráfico de drogas, pero no encontraron elementos que confirmen las sospechas.

Franco Báez también registra antecedentes por transgresión de la ley de armas y presunto lavado de dinero. En el año 2016 lo arrestaron con 30 proyectiles de arma de grueso calibre.

Asimismo, el 10 de julio pasado lo detuvieron por una denuncia que presentó su concubina por violencia intrafamiliar, pero posteriormente lo liberaron.

El otro fallecido es Alberto Morínigo Mendoza, 43 oriundo de Horqueta, pero con domicilio actual en Capiatá.

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El personal de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad realizó un operativo que derivó en la detención de un importante eslabón de provisión de drogas que sería parte del “Clan Rotela”. Fue durante el allanamiento a una vivienda localizada en el barrio Roberto L. Pettit de Asunción.

Carlos Alberto Duarte Aguilera, de 45 años, quien fue detenido años atrás por la SENAD y hace 8 meses salió de la prisión, fue sorprendido en el lugar con un paquete de clorhidrato de cocaína que pesaba 907 gramos, equivalentes a unas 2.000 dosis en el mercado final de consumo.

Además le fueron incautados dos aparatos celulares, proyectiles calibre 22, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

El detenido se encargaba de proveer a toda una red de distribuidores de drogas que operaban en Asunción y alrededores. El hombre fue remitido a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición fiscal.

El Plan SUMAR se enfoca en la desarticulación de los pequeños focos de narcomenudeo y al mismo tiempo apunta a los microtraficantes que forman parte de las redes de abastecimiento. Con estas acciones se pretende afectar significativamente la oferta de drogas en las calles.

Una mujer de nacionalidad brasileña, de nombre Ivone Franco de Oliveira (54), denunció haber sido víctima de rapto y violencia física por parte de su expareja en la jornada de ayer en el Área 1 de Ciudad del Este.

La acusación involucra a Gustavo Federico Alfonso Godoy (34), quien se había llevado a la mujer en contra de su voluntad para obligarla a realizar una millonaria transferencia a su favor.

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Según refiere el informe de La Clave, Alfonso llegó en la tarde de ayer hasta la vivienda de Franco y le exigió la suma de G. 50 millones para dejar de molestarla y abandonar la casa, a lo que la mujer le respondió que no tenía ese monto consigo.

Esta respuesta provocó la ira del acusado, quien propinó un golpe en el rostro a su expareja y luego la alzó a la fuerza en su propio vehículo, un automóvil de la marca Hyundai modelo Accent, con el que fueron hasta dos sucursales bancarias para realizar las transacciones.

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Vecinos observaron el momento en que la brasileña fue raptada por el hombre y decidieron dar aviso a la Policía Nacional. Posteriormente, se desplegó un operativo en la vivienda de la mujer que acabó con la detención de Alfonso, quien había regresado al lugar para dejarla.

En total, el denunciado logró obtener la suma de G. 23.000.000 a través de distintas transferencias bancarias realizadas por la extranjera, a quien agredió físicamente y retuvo en contra de su voluntad durante varias horas.