“Esto no va a terminar ni siquiera este año, pensamos que con una cuarentena un poco más estricta, disminuiría la cantidad de contagiados, por ende la cantidad de internados y vaciaríamos algunas camas”, explicó la directora Gloria Meza, del Círculo Paraguayo de Médicos.

Reconoció que el error estuvo en la etapa de previsión, pues en otros países disponen de suficientes medicamentos, profesionales y camas y con esto pueden evitar restricciones muy severas.

Sin embargo, en nuestro país el sistema siempre ha sido deficitario y más aun ahora con el incremento de contagios.

Detalló que son 16 los médicos en cuidados intensivos, además de 300 infectados entre internados y aislados domiciliarios,

Actualmente una persona hospitalizada por Covid-19 tiene una estadía de al menos tres semanas, por ellos, los funcionarios de blanco creen prudente extender la cuarentena estricta por este periodo.

La restricción, de aprobarse, solo permitirá el acceso gratuito a la universidad hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria.

Tuvieron que pasar 35 años e intensas jornadas de protestas sociales para que desde 2016 los estudiantes chilenos pudieran nuevamente estudiar gratis, una política que desmanteló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

“La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una rueda de prensa en que entregó detalles de la megareforma legislativa anunciada la víspera por el presidente Kast.

De aprobarse en el Congreso, el cambio dejará fuera del beneficio a la mayoría de quienes superen los 30 años, al considerar que la educación secundaria concluye, por lo general, a los 18 años.

Según el ministro Quiroz, el objetivo del límite etario es reducir el gasto fiscal.

“El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente”, afirmó.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de reducir con fuerza el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década, e impulsar la economía, que a su juicio está “estancada”.

Fuente: AFP.

El centro, ubicado en el Destacamento Naval “Héroes del Chaco”, permitirá articular en tiempo real las acciones de patrullaje, control y seguridad, integrando recursos como drones, embarcaciones y personal especializado.

Su puesta en marcha representa un paso fundamental hacia la modernización institucional y el fortalecimiento de la capacidad para proteger los recursos hídricos y garantizar la legalidad en las vías navegables.

“El centro de mando y control de la Prefectura General Naval, como así también la de sección de lanchas interceptoras fluviales fortalecerán de manera tangible nuestra capacidad de vigilancia, control y protección de nuestras fronteras fluviales”, destacó el vicealmirante Christian José Rotela, Comandante de la Armada Paraguaya.

Según refieren, las ocho lanchas junto con sus armas y su equipamiento representan una inversión estadounidense de más de cuatro millones de dólares en las fuerzas de seguridad del Paraguay y forman una parte importante de una iniciativa más amplia que va a incorporar a 10 lanchas en total.

La inversión estadounidense total en esta iniciativa va a llegar a más de 12 millones de dólares.

El detenido había sido condenado por los hechos punibles de apropiación y producción de documentos no auténticos, y deberá cumplir una pena privativa de libertad de cuatro años, tras la revocación de las medidas cautelares que le habían sido otorgadas el 2 de septiembre de 2024.

De acuerdo con los antecedentes del caso, en el año 2013 una casa de créditos suscribió un contrato de servicios y mandato con otra firma, con el fin de recibir asesoramiento contable y tributario. En el marco de dicha relación contractual, el ahora detenido, junto con su equipo de trabajo, se encargaba de la gestión de asuntos tributarios.

Posteriormente, el órgano de fiscalización tributaria del Estado dispuso un análisis específico de la situación fiscal de la empresa correspondiente a los ejercicios 2012 a 2015. Como resultado de dicha verificación, se detectó la utilización indebida de montos vinculados a retenciones y percepciones tributarias por un total de G. 2.200.523.600.

Esta situación generó preocupación entre los directivos de la firma, quienes se vieron expuestos a una posible imputación por evasión impositiva, pese a haber entregado los fondos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias al hoy detenido.