Castigo para los que “meten la mano en la lata”: plantean endurecer penas por hechos de corrupción
Diputados de distintas bancadas presentaron un proyecto de ley que tiene por objetivo introducir modificaciones al Código Penal con el fin de endurecer las penas para hechos de corrupción y, además, evitar la prescripción de las causas en el ámbito judicial.
Los diputados Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo y Sebastián García solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, la inclusión en la próxima sesión del proyecto de Ley “Que modifica los artículos 187 – Estafa y 192 – Lesión de confianza de la Ley 1160/97”.
En entrevista con ABC Cardinal, la proyectista explicó que esta propuesta apunta a introducir algunas modificaciones en el Código Penal Paraguayo con el fin de endurecer las penas relacionadas a hechos de corrupción.
En este caso lo que se pretende es, por un lado, aumentar la pena privativa de libertad de aquellas personas que causen un perjuicio patrimonial al Estado y, por otro lado, dejar sin efecto el plazo de prescripción de las causas en el ámbito judicial, establecido generalmente en 10 años.
Vallejo explicó que, en la mayoría de los casos relacionados a hechos de corrupción, la acusación se da por lesión de confianza. En esta clase de circunstancias, generalmente los acusados se encargan de “dilatar” el proceso durante años valiéndose de chicanas hasta llegar al punto de lograr la extinción de la causa en el ámbito judicial.
Aumento de penas para hechos de corrupción. Solicitamos al Presidente @AllianaPedro @DiputadosPy la inclusión en la próxima sesión de la modificación del Código Penal. Esto es urgente para q se aplique a todo aquel q perjudica al Estado. #bastadecorrupcion pic.twitter.com/pc1IiWF4KX
— Rocio Vallejo (@RocioVallejoA) May 8, 2020
De aprobarse este proyecto de ley, se introducirá una modificación en el inciso del Código Penal que habla sobre los “casos especialmente graves”, estableciendo como criterios a ser tenidos en cuenta: el perjuicio al Estado, la ruina financiera de la víctima, la actuación comercial y la formación de agrupaciones que se dediquen a la producción de documentos no auténticos para sostener la declaración falsa destinada a causar el perjuicio en el patrimonio ajeno.
De igual manera, también se elevaría la pena prevista para los casos de lesión de confianza, teniendo una expectativa mínima de 1 año y una máxima de 15 años de cárcel. En la actualidad, la ley estipula una base de 5 años y en los casos especiales puede ir hasta 10 años.
La presentación del citado proyecto de ley se da en un contexto complejo para nuestro país debido a la pandemia de COVID-19, en el que varias instituciones públicas (como la DINAC o el propio Ministerio de Salud) se encuentran en la mira debido a presuntas irregularidades por la adquisición de productos de mala calidad o a precios sobrefacturados.
“Cuánto más pronto se apruebe, más pronto será aplicada la ley”, apuntó la diputada Vallejo.
Los distritos en los que empezará a regir la ley Hambre Cero
A partir de agosto comenzará a implementarse el programa de Universalización de la Alimentación escolar. El plan dará prioridad a los 22 distritos con mayores índices de pobreza.
Yryvu Cua, Capiibary y Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro; Tembiaporâ, R.I. 3 Corrales e Yhu, Caaguazú; General Morínigo y San Juan Nepomuceno de Caazapá; Alto Vera y San Pedro del Paraná, Itapúa.
Además, Villa Oliva, Villa Franca, Alberdi y Pilar de Ñembucú; San Antonio, Limpio, Luque, Capiatá, Itá, Ñemby de Central; y Juan E. O’ Leary, Itakyry son los distritos en los que regirá Hambre Cero en agosto.
Estas 22 ciudades aparecen como las priorizadas dentro de la Mesa de Protección Social, según el porcentaje de pobreza del censo 2012.
El presidente Santiago Peña firmó ayer el decreto mediante el cual reglamente el Programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo”, a través de la Ley 7264/24 “Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar.
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La financiación correrá por cuenta del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y los beneficiarios serán programa los estudiantes matriculados en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media en instituciones educativas del sector público o privado subvencionado.
La alimentación podrá estar constituida de una ración y/o la combinación de: desayuno, almuerzo, merienda, colación y/o cena, conforme a parámetros establecidos en el decreto.
Se deberá dar cobertura a todos los días del año lectivo, desde el primer al último día de clases, definido por el calendario escolar, establecido por el MEC.
Para ciertos casos en los que predomine la escasez de oferta local, se dará autorización para la sustitución de los productos de origen nacional por productos importados.
Hallan camioneta al costado del puente: conductor se habría lanzado al río Monday
Ayer, en horas de la tarde, pescadores denunciaron que un hombre se lanzó al río Monday, pero a pesar de la búsqueda, no lo encontraron. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público
Un vehículo, que presuntamente fue abandonado por su propietario, fue hallado por los agentes de la subcomisaria 14° a la altura del kilómetro 14 del puente que conecta la ciudad de Minga Guazú con Los Cedrales, del departamento de Alto Paraná. La denuncia que realizaron los pobladores refiere que el hombre se habría lanzado al río Monday.
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Se trata de un vehículo de la marca Hyundai, modelo Creta, chapa AAIG 42. En el interior del mismo se encontró una billetera que contenía la cédula de identidad perteneciente a Carlos Ramón Collante Garcete, de 39 años, que se presume sería el propietario del rodado.
Los uniformados tuvieron conocimiento del hecho mediante la llamada al sistema 911. Una vez en el lugar, Porfirio González, de 51 años, relató que unos pescadores que estaban en el lugar vieron a un hombre lanzarse desde el puente. Lo buscaron, pero no lo encontraron.
El hecho fue informado a la agente fiscal Carolina Rosa Gadea, quien convocó a González para prestar declaración indagatoria. El caso está siendo investigado para corroborar la información y encontrar el cuerpo del conductor.
Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todas las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.