Según explicó el fis­cal Édgar Sánchez, el Tribunal de Sen­tencia había marcado para el 17 de octubre del año pasado el inicio del jui­cio oral y público que era un día lunes. Sin embargo, el viernes 14 de octubre, a las 13:00, la Sala Constitu­cional pidió el expediente principal y desde ese día, 14 de octubre del año pasado, está en la Corte y, obvia­mente, sin ninguna reso­lución hasta hoy día.

Sánchez recordó que la Sala Constitucional debía resol­ver una acción de incons­titucionalidad planteada por la defensa de Alegre, primero contra el proceso mismo y luego contra la ele­vación de la causa a juicio oral y público. Desde octu­bre del año pasado, el expe­diente se encuentra cajo­neado sin que se le haya dado trámite hasta hoy, lamentó el fiscal, puesto que ni siquiera se corrió el traslado de los plantea­mientos. “Creo que todo depende de los resultados del fin de semana para que se tome una decisión al res­pecto”, se sinceró el agente del Ministerio Público.

Cabe mencionar que la Sala Constitucional de la Corte está integrada nada menos que por el presidente de la Corte, Óscar Diesel; el ministro Víctor Ríos, refe­rente del PLRA, y el recien­temente electo ministro, Gustavo Santander.

Consultado sobre los ante­cedentes del proceso, el fis­cal Sánchez explicó que todo se había iniciado en Ciudad del Este cuando los apoderados, que debían ren­dir cuenta del dinero reci­bido del PLRA, lo hicieron con facturas de una estación de servicios por un monto muy superior al que real­mente se había elaborado ese documento y, obvia­mente, esa rendición de cuentas fue avalada por el presidente del partido, en ese entonces Efraín Alegre, quien suscribe la presenta­ción ante la Justicia Electo­ral. “A través de una casa de cambios, los apoderados del PLRA recibieron 450 millo­nes de guaraníes entregados por el partido y ellos al pre­sentar la rendición de cuen­tas presentaron una factura por G. 98 millones; por ello, tres personas fueron impu­tadas”, relató.

La acusación fiscal refiere que Silvio Martínez, propie­tario de la estación de ser­vicios, manifestó no haber prestado servicios al men­cionado partido político por dicho monto. Asimismo, señala que el documento es una clonación o imitación de las facturas utilizadas por este en su estación de servicios y que las mismas presentaban visibles dife­rencias respecto a la autén­tica. En tal contexto, señaló que al verificar sus regis­tros encontró que la fac­tura auténtica corresponde a la venta de combustible por tan solo G. 100.000, en fecha 8 de agosto del 2018, a nombre de Arnaldo David Martínez.

Luego de la acusación fis­cal se llevó a cabo la audien­cia preliminar y se elevó la causa a juicio oral y público, pero quedó luego en la Sala Constitucional de la Corte, indicó el fiscal Sánchez. Además de Alegre, fueron procesados Pascual Benítez y Luis Moris.

Precisamente, en su decla­ración indagatoria, el señor Moris menciona a Primio Arce, mano derecha del titular del partido, Efraín Alegre, quien actualmente trabaja en la Justicia Elec­toral como vicedirector de Registros Electorales.

“Ellos decían justamente que a Primio Arce fue a quien presentaron la ren­dición de cuentas y fue él quien los recibió, pues en ese momento tenía una fun­ción en el PLRA, creo que era secretario, y fue quien suscribió la recepción de los documentos traídos de Ciudad del Este y es testigo ofrecido para el juicio oral”, resaltó el fiscal Sánchez.

Asimismo, reveló que hay mensajes de Whatsapp entre Arce y Moris en los que cuentan toda la historia de cuando reciben el dinero y solicitan las facturas.

“Arce les dice ‘consigan todas las facturas que pue­dan’ para justificar los gas­tos. Todo eso está ofrecido como prueba para el juicio oral y público”, afirmó el agente fiscal.

El coronel Luis Belotto fue condenado a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena, al ser hallado culpable de un intento de entrega de un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, en la cárcel de Viñas Cue.

Tanto Belotto como su esposa, Alba Lidia Ale de Belotto, soportan una condena por soborno agravado, relacionado al hecho mencionado.

En aquella oportunidad, Belotto ofreció la suma de G. 10 millones al mayor Guillermo Moral, en concepto de coima, para que pueda entregar el smarpthone al presunto narcotraficante, propuesta que el subalterno acabó rechazando.

El mayor Guillermo Moral fue asesinado a tiros por sicarios en octubre de este año, frente a la Facultad de Derecho UNA.

El nombramiento de Figueredo se dio como resultado del concurso público de méritos y aptitudes establecido en la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones para la designación en el puesto.

En este proceso, el Consejo de Seguridad Social conformó y elevó al Poder Ejecutivo la terna de candidatos, luego de las entrevistas a los postulantes realizadas en fechas 3 y 4 de diciembre últimos.

La función principal del superintendente de Jubilaciones y Pensiones será fiscalizar, supervisar y controlar integralmente el sistema previsional, asegurando la seguridad, liquidez y rentabilidad de los fondos, velando por los derechos de los afiliados, y promoviendo la sostenibilidad a largo plazo, todo ello bajo la rectoría del Consejo de Seguridad Social.

Cabe recordar que, el Consejo de Seguridad Social está integrado por representantes de los sectores empleador, trabajador y jubilado, y es presidido por el ministro de Economía y Finanzas.

La iniciativa brinda información a los trabajadores y empleadores sobre las obligaciones legales, los métodos de cálculo y los canales disponibles para realizar consultas o denuncias.

Según estimaciones oficiales, cerca del 60% de la población ocupada del país debe percibir el aguinaldo antes de fin de año, lo que equivale a más de 1.900.000 trabajadores en situación de dependencia, del sector privado, del sector público y servicio doméstico.

Estas cifras reflejan la importancia económica y social del aguinaldo como un componente esencial del ingreso anual de la fuerza laboral paraguaya.

La campaña recuerda que el aguinaldo es un derecho irrenunciable para todos los trabajadores en relación de dependencia y que debe ser pagado antes del 31 de diciembre, conforme lo establece el Código Laboral. Además, enfatiza que el aguinaldo no puede ser descontado ni embargado, de acuerdo con el artículo 245 de la normativa vigente.

El MTESS también explica el método de cálculo: sumar todos los ingresos percibidos a lo largo del año —salario, horas extras, comisiones y otros conceptos— y dividirlos por 12. El cálculo no incluye la bonificación familiar ni el pago por permiso de maternidad.

Como herramienta de apoyo, el ministerio cuenta en su sitio web la Calculadora Digital de Aguinaldo, que permite a los trabajadores conocer en segundos el monto que les corresponde recibir, según hayan tenido un salario constante o variable durante el año.

En caso de incumplimiento —como el no pago en fecha o el abono de un monto inferior—, los trabajadores pueden realizar consultas o denuncias de forma presencial, telefónica o vía WhatsApp, incluso de manera anónima: Sede Central del MTESS (Herrera y Paraguarí – Asunción) y Oficinas Regionales, de lunes a viernes de 07:00 a 15:00; al (021) 720 0100, o al WhatsApp (0993) 308 100.