Según explicó el fis­cal Édgar Sánchez, el Tribunal de Sen­tencia había marcado para el 17 de octubre del año pasado el inicio del jui­cio oral y público que era un día lunes. Sin embargo, el viernes 14 de octubre, a las 13:00, la Sala Constitu­cional pidió el expediente principal y desde ese día, 14 de octubre del año pasado, está en la Corte y, obvia­mente, sin ninguna reso­lución hasta hoy día.

Sánchez recordó que la Sala Constitucional debía resol­ver una acción de incons­titucionalidad planteada por la defensa de Alegre, primero contra el proceso mismo y luego contra la ele­vación de la causa a juicio oral y público. Desde octu­bre del año pasado, el expe­diente se encuentra cajo­neado sin que se le haya dado trámite hasta hoy, lamentó el fiscal, puesto que ni siquiera se corrió el traslado de los plantea­mientos. “Creo que todo depende de los resultados del fin de semana para que se tome una decisión al res­pecto”, se sinceró el agente del Ministerio Público.

Cabe mencionar que la Sala Constitucional de la Corte está integrada nada menos que por el presidente de la Corte, Óscar Diesel; el ministro Víctor Ríos, refe­rente del PLRA, y el recien­temente electo ministro, Gustavo Santander.

Consultado sobre los ante­cedentes del proceso, el fis­cal Sánchez explicó que todo se había iniciado en Ciudad del Este cuando los apoderados, que debían ren­dir cuenta del dinero reci­bido del PLRA, lo hicieron con facturas de una estación de servicios por un monto muy superior al que real­mente se había elaborado ese documento y, obvia­mente, esa rendición de cuentas fue avalada por el presidente del partido, en ese entonces Efraín Alegre, quien suscribe la presenta­ción ante la Justicia Electo­ral. “A través de una casa de cambios, los apoderados del PLRA recibieron 450 millo­nes de guaraníes entregados por el partido y ellos al pre­sentar la rendición de cuen­tas presentaron una factura por G. 98 millones; por ello, tres personas fueron impu­tadas”, relató.

La acusación fiscal refiere que Silvio Martínez, propie­tario de la estación de ser­vicios, manifestó no haber prestado servicios al men­cionado partido político por dicho monto. Asimismo, señala que el documento es una clonación o imitación de las facturas utilizadas por este en su estación de servicios y que las mismas presentaban visibles dife­rencias respecto a la autén­tica. En tal contexto, señaló que al verificar sus regis­tros encontró que la fac­tura auténtica corresponde a la venta de combustible por tan solo G. 100.000, en fecha 8 de agosto del 2018, a nombre de Arnaldo David Martínez.

Luego de la acusación fis­cal se llevó a cabo la audien­cia preliminar y se elevó la causa a juicio oral y público, pero quedó luego en la Sala Constitucional de la Corte, indicó el fiscal Sánchez. Además de Alegre, fueron procesados Pascual Benítez y Luis Moris.

Precisamente, en su decla­ración indagatoria, el señor Moris menciona a Primio Arce, mano derecha del titular del partido, Efraín Alegre, quien actualmente trabaja en la Justicia Elec­toral como vicedirector de Registros Electorales.

“Ellos decían justamente que a Primio Arce fue a quien presentaron la ren­dición de cuentas y fue él quien los recibió, pues en ese momento tenía una fun­ción en el PLRA, creo que era secretario, y fue quien suscribió la recepción de los documentos traídos de Ciudad del Este y es testigo ofrecido para el juicio oral”, resaltó el fiscal Sánchez.

Asimismo, reveló que hay mensajes de Whatsapp entre Arce y Moris en los que cuentan toda la historia de cuando reciben el dinero y solicitan las facturas.

“Arce les dice ‘consigan todas las facturas que pue­dan’ para justificar los gas­tos. Todo eso está ofrecido como prueba para el juicio oral y público”, afirmó el agente fiscal.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA

El fiscal Aldo Cantero informó que Bustos incumplió una orden emitida por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, en el contexto de un complejo litigio transfronterizo que busca el retorno de su hija menor a su país de origen.

E litigio tiene su punto de partida en Chile, donde se inició el reclamo de restitución debido a que la niña permaneció en territorio paraguayo más tiempo de lo establecido en una autorización vacacional que venció en enero pasado.

El fiscal aclaró que el cumplimiento de las medidas vigentes corresponden por jurisdicción a los magistrados locales, razón por la cual el desvío del procedimiento legal por parte de Bustos activó de inmediato la intervención de la justicia ordinaria en el ámbito penal.

En cuanto a Patricia Nieto, abuela de la menor, continuará sujeta al desarrollo de las indagaciones en calidad de investigada. Tras comparecer ante las autoridades, se dispuso que la mujer establezca su residencia temporal en la sede de la Embajada de Chile en Paraguay.

La niña de 2 años de edad, fue localizada este viernes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, luego de que se activaran los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda.

El Ministerio Público confirmó que la menor fue encontrada a salvo, mediante un procedimiento coordinado entre la Fiscalía interviniente, los mecanismos de cooperación internacional y las autoridades policiales y judiciales argentinas.

El agente fiscal Aldo Cantero informó sobre la localización de la niña y señaló que actualmente se encuentran en marcha las gestiones correspondientes para garantizar su resguardo y su retorno seguro al territorio nacional.

El caso había generado una intensa búsqueda luego de que la madre denunciara que Magnolia no fue restituida tras permanecer bajo el cuidado de su padre, quien estaba en la mira de los investigadores.

Durante la investigación, las autoridades analizaron registros de cámaras de seguridad y realizaron controles para determinar el recorrido de la niña y de las personas que la acompañaban.

La Fiscalía activó mecanismos de cooperación internacional ante la posibilidad de que la menor haya sido trasladada fuera del país, lo que finalmente permitió ubicarla en territorio argentino.

Ahora, las autoridades paraguayas y argentinas deberán avanzar con los procedimientos legales y administrativos para concretar el regreso de la niña y definir las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.