Según explicó el fis­cal Édgar Sánchez, el Tribunal de Sen­tencia había marcado para el 17 de octubre del año pasado el inicio del jui­cio oral y público que era un día lunes. Sin embargo, el viernes 14 de octubre, a las 13:00, la Sala Constitu­cional pidió el expediente principal y desde ese día, 14 de octubre del año pasado, está en la Corte y, obvia­mente, sin ninguna reso­lución hasta hoy día.

Sánchez recordó que la Sala Constitucional debía resol­ver una acción de incons­titucionalidad planteada por la defensa de Alegre, primero contra el proceso mismo y luego contra la ele­vación de la causa a juicio oral y público. Desde octu­bre del año pasado, el expe­diente se encuentra cajo­neado sin que se le haya dado trámite hasta hoy, lamentó el fiscal, puesto que ni siquiera se corrió el traslado de los plantea­mientos. “Creo que todo depende de los resultados del fin de semana para que se tome una decisión al res­pecto”, se sinceró el agente del Ministerio Público.

Cabe mencionar que la Sala Constitucional de la Corte está integrada nada menos que por el presidente de la Corte, Óscar Diesel; el ministro Víctor Ríos, refe­rente del PLRA, y el recien­temente electo ministro, Gustavo Santander.

Consultado sobre los ante­cedentes del proceso, el fis­cal Sánchez explicó que todo se había iniciado en Ciudad del Este cuando los apoderados, que debían ren­dir cuenta del dinero reci­bido del PLRA, lo hicieron con facturas de una estación de servicios por un monto muy superior al que real­mente se había elaborado ese documento y, obvia­mente, esa rendición de cuentas fue avalada por el presidente del partido, en ese entonces Efraín Alegre, quien suscribe la presenta­ción ante la Justicia Electo­ral. “A través de una casa de cambios, los apoderados del PLRA recibieron 450 millo­nes de guaraníes entregados por el partido y ellos al pre­sentar la rendición de cuen­tas presentaron una factura por G. 98 millones; por ello, tres personas fueron impu­tadas”, relató.

La acusación fiscal refiere que Silvio Martínez, propie­tario de la estación de ser­vicios, manifestó no haber prestado servicios al men­cionado partido político por dicho monto. Asimismo, señala que el documento es una clonación o imitación de las facturas utilizadas por este en su estación de servicios y que las mismas presentaban visibles dife­rencias respecto a la autén­tica. En tal contexto, señaló que al verificar sus regis­tros encontró que la fac­tura auténtica corresponde a la venta de combustible por tan solo G. 100.000, en fecha 8 de agosto del 2018, a nombre de Arnaldo David Martínez.

Luego de la acusación fis­cal se llevó a cabo la audien­cia preliminar y se elevó la causa a juicio oral y público, pero quedó luego en la Sala Constitucional de la Corte, indicó el fiscal Sánchez. Además de Alegre, fueron procesados Pascual Benítez y Luis Moris.

Precisamente, en su decla­ración indagatoria, el señor Moris menciona a Primio Arce, mano derecha del titular del partido, Efraín Alegre, quien actualmente trabaja en la Justicia Elec­toral como vicedirector de Registros Electorales.

“Ellos decían justamente que a Primio Arce fue a quien presentaron la ren­dición de cuentas y fue él quien los recibió, pues en ese momento tenía una fun­ción en el PLRA, creo que era secretario, y fue quien suscribió la recepción de los documentos traídos de Ciudad del Este y es testigo ofrecido para el juicio oral”, resaltó el fiscal Sánchez.

Asimismo, reveló que hay mensajes de Whatsapp entre Arce y Moris en los que cuentan toda la historia de cuando reciben el dinero y solicitan las facturas.

“Arce les dice ‘consigan todas las facturas que pue­dan’ para justificar los gas­tos. Todo eso está ofrecido como prueba para el juicio oral y público”, afirmó el agente fiscal.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

Te puede interesar: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

Leé también: Prosigue búsqueda de supuesta “monja” acusada de explotar a menores

Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.