Otra de las promesas de campaña hecha por Santiago Peña es la relacionada a la casa propia. El programa insigne promocionado en el periodo preelectoral fue el denominado Che róga porâ.

Al respecto, la novedad mencionada hoy en conferencia de prensa por el ministro Juan Carlos Baruja, fue que el producto será lanzado al mercado, dentro de los primeros 100 días de Gobierno y que será aplicable a todo el territorio nacional.

“Está dirigido a la clase trabajadora de 300.000 a 500.000 familias que hoy pagan alquiler de G. 1,5 millones a G. 2,5 millones”, comentó Baruja.

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El principal y primer financista será el Banco Nacional de Fomento. También se involucrará a la Agencia Financiera de Desarrollo y posteriormente se permitirá a los bancos privados, adherirse al programa.

Precisamente por eso, de la reunión participaron el presidente del BNF, Manuel Ochipinti, la titular de la AFD, Estela Guillén, el ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos y referentes del BCP.

Además, estuvo el titular del Mitic, Gustavo Villate, cuya misión será agilizar los trámites burocráticos que se requieren para acceder a este tipo de programas.

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El documento, firmado por la ing. Gianina Rojas el pasado 25 de junio y remitido a la Municipalidad de Asunción, originalmente requería la tala de 34 ejemplares. Entre los argumentos expuestos por la contratista no solo se citan condiciones fitosanitarias de riesgo o muerte celular en ciertas especies, sino también el hecho de que varios árboles “interrumpen” la ejecución física del nuevo diseño de camineros peatonales y obras civiles.

Ante este pedido, el director de Gestión Ambiental de la Comuna, Máximo Barreto, confirmó que el municipio decidió limitar el número a 22 ejemplares, 17 ubicados en el interior de la plaza y 5 en sus alrededores.

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Respecto a los árboles con fallas físicas, la evaluación técnica detalla que existen ejemplares con ahuecamiento de fuste, pudrición interna y raíces colapsadas. Dada la alta concurrencia peatonal de la zona céntrica, la empresa sostuvo que representan una amenaza latente de caída sobre transeúntes, vehículos e infraestructura de servicios públicos (ANDE, Copaco y Essap).

EL PLANO DE ARQUITECTOS Y ESPECIES SANAS

El punto central del informe técnico radica en que varios de los ejemplares señalados para la tala se encuentran en estado “óptimo” o “excelente”, pero interfieren con las cotas y el ancho reglamentario de los senderos proyectados en la Fase I del proyecto del Centro Histórico de Asunción (CHA).

Entre los casos expuestos figuran:

• Lapachos y especies nativas en buen estado: Al menos cuatro lapachos negros de hasta 17 metros de altura catalogados en condición óptima, además de un Yvyra Pytã de 17,2 metros y un lapacho rosado de 9,67 metros, fueron marcados para su retiro debido a que sus troncos coinciden exactamente con la traza de los nuevos camineros unificados.
• Afectación a las obras civiles: Especies como un lapachillo de 5,89 metros sobre la vereda y un yvyraju de 14,10 metros sobre la calle México fueron incluidos porque la ejecución de las excavaciones dañaría irreversiblemente su sistema radicular.
• Interferencia operativa: Un lapacho negro de 11 metros sobre la calle Eligio Ayala fue calificado con riesgo de vuelco, al tiempo que dificulta el montaje de andamios y la construcción de las zapatas para el muro perimetral.

El informe contempla la remoción de cuatro ejemplares de Ficus por provocar levantamientos severos de veredas y cordones en la zona perimetral —donde se contempla el soterramiento de redes de servicios—, y dos Leucaenas por ser consideradas especies exóticas invasoras de rápida propagación.

PLAN DE COMPENSACIÓN

Como medida de mitigación, y en cumplimiento de la Ley N° 4.928/13 de Protección al Arbolado Urbano, el Consorcio Palma ofreció aplicar un esquema de compensación de 10 a 1. Esto implicaría la siembra y seguimiento de 340 plantines de especies nativas (como lapachos, jacarandás e Yvyra Pytã), a ser distribuidos entre sectores de la propia Plaza Uruguaya y las áreas de la Costanera Norte y Sur, bajo la supervisión de la Dirección de Gestión Ambiental capitalina.

Fuente: UH

Don Celso Maidana, de 74 años, se convirtió en protagonista de una temeraria acción para frustrar un asalto en la vivienda donde reside con su familia, en el barrio San Isidro de Presidente Franco.

Entre tres a cinco delincuentes armados irrumpieron esta madrugada en su propiedad, ingresando a través de la parte trasera, con fines de cometer un robo.

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La hija del dueño de casa, Lucía Maidana, se percató de la presencia de los criminales luego de ser alertada por el ladrido de los perros, dando aviso a su padre sobre lo que estaba sucediendo.

En ese interín, Don Celso decidió tomar un revólver calibre 38 que tenía guardado para repelar a balazos a los asaltantes, momento que quedó registrado en las filmaciones del circuito cerrado.

La valiente reacción del anciano fue suficiente para ahuyentar a los malvivientes, quienes abandonaron el sitio con las manos vacías y sin lograr ingresar al interior de la residencia.

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Agentes de la Subcomisaría 56ª del barrio San Isidro tomaron intervención y acudieron al domicilio de las víctimas, luego de recibir la llamada a través del Sistema 911 de la Policía Nacional.

Las autoridades sospechan que la banda delictiva manejaba información errónea sobre la familia y que, al no encontrar su objetivo, intentaron buscar otras pertenencias antes de ser ahuyentados a tiros.

De acuerdo con el comunicado, el 29 de abril de 2026 un juzgado hizo lugar a una acción de amparo y ordenó al Ministerio de Salud Pública arbitrar de forma inmediata los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la medicación. Sin embargo, FEPPER afirma que hasta la fecha no hubo avances concretos para ejecutar la resolución judicial.

La federación señaló que, mientras el estado de salud de la paciente empeora, recién ahora las autoridades le comunicaron que darán curso a su caso y analizarán la disponibilidad de recursos para la compra de los fármacos. A criterio de la organización, esa respuesta resulta insuficiente frente a la urgencia del cuadro clínico.

FEPPER sostiene que la situación trasciende un problema administrativo y representa un incumplimiento de una orden judicial en un caso donde la demora puede tener consecuencias irreversibles. Asimismo, recordó que la paciente debió recurrir a distintas instancias, incluida la Justicia, para acceder a un tratamiento que continúa sin recibir pese al fallo favorable.

En su pronunciamiento, la organización responsabilizó al presidente de la República, Santiago Peña, y al Ministerio de Economía y Finanzas por la falta de recursos para garantizar la continuidad de tratamientos de alta complejidad, y sostuvo que la insuficiencia presupuestaria no puede justificar el incumplimiento de una sentencia judicial cuando existen vidas en riesgo.

Finalmente, FEPPER exigió la ejecución inmediata del fallo y la provisión continua de los medicamentos indicados para la paciente. Además, anunció que llevará el caso ante la opinión pública y organismos internacionales como evidencia de un sistema que, pese a conocer la urgencia y contar con una orden judicial vigente, no logra garantizar el acceso oportuno al tratamiento.