La Dra. Debora Núñez, jefa de la UCIPe, recordó que en enero empezaron a aparecer los primeros casos sospechosos que luego fueron confirmados por el Ministerio de Salud, a través de las pruebas de PCR para Arbovirosis que daban positivo al virus Chikungunya; pero que en ese entonces no eran muy graves con relación a los observados a finales de febrero y marzo.

“En general estamos viendo muchos casos graves en menores de 3 meses y entre ellos los recién nacidos que requieren de cuidados intensivos. En la mayoría de los casos el ingreso se da a causa del shock que es un estado circulatorio alterado que no compensa las necesidades basales del organismo; es decir, por un cuadro de deshidratación severa que no se salva precisamente con una hidratación nada más, sino que además hay que mirar al corazón oportunamente. Ya que el corazón es la bomba que distribuye la sangre a todo el cuerpo y se ve afectada por la inflamación”, advirtió.

Y que cuanto antes se apliquen medicamentos para el corazón más rápida es la recuperación, por lo que fue enfática en resaltar la intervención temprana como factor protector.

Señaló que hasta el momento se ha observado que los recién nacidos con Chikungunya por transmisión vertical (que ocurre durante el parto) son los más propensos a sufrir una enfermedad severa. Por eso insisten en el cuidado de las embarazadas, recién nacidos y menores de 1 año, que, ante cualquier síntoma de fiebre, inapetencia, irritabilidad, rash (piel roja) reticulado o moteado, vómitos, diarrea o náuseas, acudan lo antes posible en busca de atención médica.

La especialista agregó que otro punto importante en los pequeñitos es la afectación del cerebro y médula espinal, siendo las primeras manifestaciones irritabilidad, es decir, el llanto que no se calma con nada. Y en los escolares o adolescentes la cefalea intensa, cambios en la conducta, convulsiones o debilidad de las piernas que va progresando a veces hasta retención urinaria.

“Son cuadros de encefalitis diseminadas o Guillain Barre secundario al virus, que ya son más difíciles de tratar y que necesitan de terapéutica más costosa como llegar a plasmaféresis incluso. Sin embargo, también existen afectación renal, hepática y hematológica pero que se recuperan de manera espontánea una vez que el corazón mejora. Sin dejar de darle importancia ya que el único paciente fallecido que tuvimos hasta ahora fue a causa de una falla hepática fulminante y sangrados”.

Por último, remarcó que por más que al inicio del cuadro sea difícil diferenciar entre una chikungunya de dengue, el tratamiento no es el mismo, por lo que siempre hay que pensar en ambos y descartarlo mediante pruebas de PCR. 

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La agente fiscal Karen Chaparro, de la Unidad Zonal de Mariano Roque Alonso, imputó a 11 integrantes de una comunidad indígena Maká por los hechos punibles de lesión grave, perturbación de la paz pública, resistencia, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Los imputados fueron identificados como Qenety Adrián Torres Chembey, Towonon Derlis Montero, Herminio Kursu’ulill Torres Núñez, Ricardo Wojko Enitez So’inas, Gustavo Ceeluk Torres Bogado, Kineyei Claudio Mendoza Chamorro, Saul Wente’et Mendoza Martínez, Masi’i Fabricio Martínez Chamorro, Wesei Lázaro Martínez, Eyimoyi Efigenio Martínez Gaona y José Bogado.

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Los nativos fueron detenidos luego de protagonizar incidentes durante un procedimiento fiscal y policial desarrollado en la tarde de ayer en el barrio Corumba Cué de Mariano Roque Alonso.

De acuerdo al reporte, estas personas primero habrían obstaculizado el paso de los vehículos de la comitiva cuando los intervinientes se disponían a salir, por lo que se solicitó apoyo policial. Una vez allí, los uniformados fueron recibidos a pedradas por los indígenas.

A consecuencia de ello, las patrulleras sufrieron abolladuras y quedaron con los faros rotos, además de dejar con heridas a un agente del Grupo Lince y un transeúnte.

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La intervención de las autoridades se produjo a raíz de las sucesivas denuncias de pobladores respecto a nativos que ocupan plazas, baldíos y calles, se drogan y violentan a vecinos.

Cabe resaltar que los detenidos -quienes se encuentran a disposición del juzgado- fueron sometidos a la prueba de alcotest, arrojando resultado positivo para todos.

En la madrugada de este domingo se registró un hecho de hurto en la capilla Niño Jesús, ubicada en el Km 26 lado Acaray de la localidad de Minga Guazú, Alto Paraná.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 52 por el coordinador de la capilla, Fabian Espínola Salinas (35), quien tomó conocimiento de lo ocurrido al abrir el templo esta mañana.

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Según su reporte de Radio Concierto, los delincuentes ingresaron a la iglesia a través la ventana lateral luego de haberla violentado. A partir de ese momento, buscaron todo objeto de valor que pudiera resultarles llamativo.

Fue así como se apropiaron de un libro litúrgico, una biblia, el custodio y hasta las hostias consagradas que se encontraban resguardadas en el sagrario de la capilla.

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Este acto, además de ser considerado como un acto de sacrilegio para los católicos, genera mucha preocupación en la comunidad local, pues demuestra cómo la inseguridad sigue permeando cada vez más y cómo los malvivientes no tienen respeto siquiera por las iglesias.

Cabe recordar que en la semana también se había reportado un hecho similar en la capilla Santa Catalina de Siena de San Lorenzo. Allí los ladrones se llevaron varios objetos de valor, incluyendo una cruz de 100 años de antigüedad y un cáliz traído de Italia.

La Cámara de Senadores había sancionado un proyecto de ley que modifica los artículos 187 y 192 del Código Penal, el cual tenía como objetivo elevar las penas carcelarias en los casos “especialmente graves” referentes a corrupción pública.

Los senadores se ratificaron en dejar a 8 a 10 años la sanción para los casos especialmente graves de estafa y lesión de confianza, reduciendo la propuesta planteada en Diputados que había elevado a 15 años la pena privativa de libertad por corrupción pública.

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Desde la Coalición por la Legalidad -que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil- creen que, con esta medida, se beneficiaría a los corruptos condenados y a los difíciles procesos en curso, además de beneficiar a todos lo que serán procesados en el futuro.

El pedido puntual es que el presidente de la República pueda vetar la “Ley que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley 1.160/97 Código Penal, modificado por la Ley 3.440/08”, sancionada por el Senado, puesto que sería una ley “más favorable a los corruptos”.

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Los Asesores Jurídicos de la Presidencia, Renato Angulo y José Figueredo, días atrás recibieron la solicitud de la Coalición por la Legalidad, representados por Francisco Alcaraz y Lissy Sánchez.