Aunque no se han reportado más casos de Chikungunya en el país, una vez que inicia la epidemia la cifra de enfermos se dispara y es dificil de controlar. Tal es así que se registra un 63% de enfermos en los países afectados, es decir que de cada 100 personas 63 están infectados.

“República Dominicana registró más de 10.000 casos en una semana. Pero al margen de esto, el efecto que produce en la persona es un incapacidad de trabajar, que puede durar un año ocho meses, por las afecciones en las articulaciones que produce”, advirtió el Dr. Silvio Ortega, Director General del Servicio Nacional de Control de Vectores (SENEPA).

El médico insta a los viajeros a informar acerca de su salida al país para tomar las precauciones en vez de presentarse a los Centros Asistenciales una vez que se manifiesten los primeros síntomas.

“Para el ministerio es muy importante que cuando la gente vaya de viaje a países donde hay circulación de virus Chikungunya, avisen al Ministerio de Salud para crear una vigilancia (…) El ciudadano responsable que viaja debe avisar sobre su viaje y ser consciente de que el éxito contra el Dengue y el Chikungunya, es la comunicación”, sostuvo.

En entrevista con el canal GEN, el legislador Amarilla informó que ya se realizó la primera reunión de integración de la comisión de seguimiento del proceso licitatorio, donde los miembros recibieron detalles sobre el llamado y sus aristas. Destacó la importancia de otorgar un voto de confianza al concepto de institucionalidad, subrayando el prestigio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el control de procesos.

Asimismo, señaló que la adquisición de máquinas de votación es fundamental para garantizar la legitimidad de las próximas elecciones municipales y capacitar al personal involucrado en el uso de estos dispositivos. Según el senador, las instituciones involucradas demostraron ser confiables y transparentes en sus gestiones recientes.

Respecto a las críticas provenientes de sectores de la oposición, Amarilla manifestó que algunas voces buscan posicionarse mediáticamente en lugar de contribuir con propuestas sólidas. Afirmó que el sistema de voto preferencial, establecido mediante el uso de máquinas, demostró ser efectivo y que volver al voto manual sería retroceder en el avance democrático.

El legislador enfatizó que el monitoreo y la transparencia deben ser prioritarios durante todo el proceso, instando a que no quede “ni una sola duda” sobre la legitimidad de la adquisición.

Arsenio Zárate, ministro de la SEN, comentó que la crisis en el Chaco por las lluvias e inundaciones persiste, muchas familias son afectadas por la situación.

Refirió que a medida que la crisis se agudiza, la asistencia se intensifica en los puntos claves, y están trabajando para llegar a todas las familias de los departamentos golpeado.

“Recibimos directivas del presidente Santiago Peña. Tenemos que llegar a todas las personas. No importa la camiseta que vista. A todos tenemos que llegar y no vamos a hacer ninguna discriminación”, expresó Zárate a la radio 730 AM.

Relató que en una localidad específica, que prefirió no nombrar, las autoridades no permitieron que se distribuyan los kits de alimentos en llevaba la SEN, sin embargo, tras conversar con los mismos, finalmente entregaron los víveres a los lugareños.

Instó a denunciar, e incluso que se recurra al escrache si se detecta alguna irregularidad en la entrega de los alimentos a las familias en el Chaco.

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En entrevista con el canal GEN, Rafael Ávila, defensor del pueblo, informó que desde el año 2002 hasta la fecha, el Estado paraguayo desembolsó cerca de 95 millones de dólares en concepto de indemnización por ser víctimas de la dictadura.

La autoridad recordó que, al asumir el cargo recibió casi 14.000 expedientes relacionados con estos casos. Durante dos años y medio de gestión, se revisaron cerca de 9.000 expedientes, de los cuales una parte significativa fue aceptada y enviada al Ministerio de Economía para su tramitación. Sin embargo, muchos otros expedientes fueron descartados por estar incompletos o carecer de sustento suficiente para otorgar el beneficio.

El defensor explicó que el control de estos casos es muy estricto, ya que muchas personas intentan presentar solicitudes sin la documentación requerida o con información insuficiente. Los expedientes que cumplen con los criterios son derivados para su gestión, mientras que aquellos que presentan inconsistencias son rechazados o enviados a caducidad.

Actualmente, la Defensoría sigue trabajando en la revisión de los documentos restantes, con el objetivo de garantizar que solo las víctimas legítimas reciban el resarcimiento correspondiente.