Hoy se cumple el plazo de inscripciones del veloz llamado para contratación de personal de Itaipú y a medida que se cierran los tiempos, el pro­ceso genera más sospechas sobre los filtros establecidos y en redes sociales hay varios cuestionamientos sobre los requisitos.

Tras la revelación de nuestro medio sobre la real intención de rifar cargos con la apu­rada incorporación de perso­nal que, a meses del cambio de administración, se prevé con­tratar el 40 % de la cantidad de funcionarios que ingresó a la binacional en los últi­mos 7 años a través del Pro­ceso Selectivo Externo (PSE), muchos aspirantes e intere­sados cuestionaron las refe­rencias absurdas que sugieren requisitos a la medida.

Entre el 2014 y el 2017, la Itaipú incorporó 590 emplea­dos por vía PSE, ahora, de una quieren meter 220 para ubi­carlos en seis direcciones. Un festín de cargos aparece en los detalles del llamado que es muy rechazado por el límite de edad establecido para los perfiles profesiona­les que demandan. Además, existen requisitos que no con­cuerdan con los puestos ofre­cidos o que no tienen lógica, o algunas exigencias como­dines o de relleno como es el retirado ítems de “buen rela­cionamiento interpersonal”.

Lo que pintaba una gran iniciativa laboral se desin­fló con las denuncias de los interesados y todo apunta a que la masiva contratación en apuro es muy vulnerable para la infiltración de reco­mendados y adherentes de la administración saliente. A todo esto, cabe reiterar que el denunciado por acoso labo­ral y sexual, actual director de Responsabilidad Social de Itaipú, Gerardo Soria, está en fuerte campaña de difusión del llamado en sus redes socia­les y actuando como fuente de consulta de medios de comu­nicación sobre el tema.

El político, según se ve en sus redes sociales, asume casi la función de un agente de empleo, por cierto, generoso con los cupos a ser financiados con el dinero del pueblo, como en puridad son los recursos de Itaipú. Sin embargo, lo que se está promocionando como la gran oportunidad laboral puede resultar una verdadera desilusión con el oscuro obje­tivo clientelista que puede haber detrás y esta situación incluso ya ha desatado opinio­nes por parte de los mismos interesados de que se debe fre­nar la millonaria contratación para mejor evaluación y que la próxima administración defina el tema.

Gerardo Soria fue denunciado por supuesto acoso laboral, dis­criminación y maltrato hacia una funcionaria. La denuncia en todo momento fue manejada con un sigilo cómplice tras la aper­tura de un sumario administrativo.

Sin embargo, tiempo después la binacional emitió un comuni­cado mediante el cual admite que prefirió “cajonear” una denun­cia por acoso laboral y sexual en contra de Soria y tratarlo de forma interna, alegando que no había suficientes elementos probatorios para realizar el traslado a la Fiscalía. De esta forma, Gerardo Soria, conocido como “jefe de escritorio”, fue salvado de una investigación por parte de la Fiscalía.

La actuación de Itaipú ha sido muy cuestionada dado que blan­queó a un alto funcionario sobre el cual pesaba una denuncia que ameritaba la intervención del Ministerio Público.

Uno de los asuntos más conflictivos del sector público es el sistema de transporte, explotado por empresas privadas, pero sin que por ello desaparezca la condición de servicio público.

“Lo más apremiante es no ir a esperar un montón de tiempo y que no venga. Eso se traduce en la frecuencia, hoy le llamamos regulada, ese es el problema central sobre la mesa”, explicó el viceministro Emiliano Fernández, en una entrevista con radio Universo 970 AM -Nación Media.

En cuanto al argumento de los empresarios sobre la falta de pago del subsidio, el viceministro aseguró que el Gobierno está el día. Sin embargo, aclaró que el transporte público no es un negocio privado y que, cuando se asume un compromiso, no se puede condicionar el cumplimiento.

Otro de los pendientes es la renovación de flota, que, según Fernández, es uno de los procesos que tiene que suceder.

La misión de la nueva administración apunta a un sistema de transporte público amigable que hoy no existe y que le está fallando a la gente, a criterio del propio Fernández.

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Sobre este último punto, indicó que será el Estado el que ponga las reglas de juego y que los transportistas se unirán a eso.

FÓRMULA QUE PERMITA SUBSIDIO DIRECTO AL PASAJERO

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un subsidio de forma directa al pasajero, a través del billetaje electrónico, contestó que hay muchas estrategias por plantear en ese sentido, pero a juzgar por su respuesta, nada en el corto plazo.

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Los adjudicados con las becas forman parte de la convocatoria que juntó las ofertas de Itaipú, Yacyretá, Ministerio de Educación y Ciencias y Secretaría de la Juventud.

Los becarios podrán acudir desde hoy hasta el viernes 26 de abril a la sede donde rindieron la prueba de competencias básicas, excepto los de Fuerte Olimpo y Neuland, donde ya cumplieron con el requisito.

La cifra final es 4.583 adjudicados, seleccionados de un total de 11.000 postulantes. Los filtros se hicieron mediante evaluaciones socioeconómicas.

Para firmar el compromiso anual los requisitos son: fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía pública y copia del Certificado de Estudios de la Educación Media. Los menores deben ir acompañados por sus padres.

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En cuanto a las comunidades indígenas, además de los documentos ya citados, deben incluir la fotocopia de carnet indígena que expide el INDI. Por su parte, las personas con discapacidad presentarán el certificado expedido por Senadis.

En tanto, los becarios que concluyeron el semestre o el curso en el 2023 no deben olvidar el certificado de estudios y la malla curricular de la carrera.

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Este 24 de abril pagarán el subsidio y la pensión a los veteranos de la Guerra del Chaco, así como los adultos mayores y pensionados.

El jueves 25 de abril será el turno de los jubilados de la Caja Fiscal, de acuerdo al cronograma de pagos.

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El viernes 26 será el turno de los funcionarios administrativos y del personal de Salud Pública, mientras que, el lunes 29 de abril cobrarán las Fuerzas Públicas y los funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones.

El martes 30, última fecha de pagos concluye con los docentes y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias y de las universidades nacionales.

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