El fiscal Luis Said informó en conferencia de prensa que seis personas fueron imputadas por diversos delitos cometidos en el Indert, tras la denuncia hecha por una funcionaria de la institución. Entre los imputados figuran Mario Vega, titular del Indert; su asesor jurídico, Aldo León; su jefe de Gabinete, José Luis Clerch; además de un exdirector de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos, y otros dos representantes de la fundación Cerro Lambaré (Fucela).

Mario Vega, junto con el exdirector de Finanzas, fue imputado por cohecho pasivo en carácter de autor por un pedido de coima de 25 mil dólares. “Existen audios que dan la fortaleza de la sospecha que tenemos y se habría entregado el dinero”, lanzó.

Said detalló que en el 2016 hubo un convenio con dicha oenegé para la construcción de pozos artesianos en asentamientos y que tras eso se dio una seguidilla de solicitudes por la fundación, pero la Junta Asesora le denegó los pedidos. Sin embargo, luego intervino la Asesoría Jurídica para concretar el acuerdo y allí se habría entregado de manera irregular el dinero.

Vega, quien no estaba en la sede de la institución allanada, también fue imputado por cobro indebido de honorarios, ya que se autoasignó una bonificación. De octubre del año pasado a esta fecha, se elevó su salario de 7 millones a 12.500.000 guaraníes, según el fiscal interviniente. Ya se informó a la Comandancia de la Policía que existe una orden de detención de esta autoridad. Mientras que el asesor jurídico, Aldo León, y el jefe de Gabinete, José Luis Clerch, ya fueron detenidos y serán enviados al calabozo.

Respecto a los representantes de la fundación, el investigador indicó que se sospecha que habrían entregado el dinero. También pesa una orden de detención sobre los mismos.

Por su parte, el fiscal Rodrigo Estigarribia indicó que está investigando paralelamente un supuesto pedido de coima de 200 mil dólares, hecho que no se concretó, pero que de igual manera se configura en un delito. En esta causa está principalmente señalado Aldo León.

“La víctima (del pedido de coima) denunció el caso. Es un sistema conocido y no es nada raro. Son las mismas personas involucradas, es un hecho conocido por todos. Esta denuncia recibí hace un mes”, detalló a la prensa.

Según los antecedentes, en el 2018, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a León de su cargo de juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de Ciudad del Este, por mal desempeño en sus funciones en su actuación durante la tramitación de un expediente judicial, por haber declarado en quiebra una empresa de forma irregular.

El Indert actualmente es feudo del político guaireño Rodolfo Friedmann.

A través de la Resolución Nº 11/2026, Dinavisa establece la implementación del “Sistema de Identidad Unitaria” para los medicamentos que contengan tirzepatida como ingrediente farmacéutico activo.

Dicho dictamen contempla una serie de medidas que tienen por objetivo mejorar el control y la seguridad de esta clase de fármacos, utilizados mayormente para la pérdida de peso, pese a que su indicación médica apunta a personas con obesidad y diabetes.

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A partir de ahora, los fabricantes o importadores deberán colocar una identificación única en el envase de cada producto, de modo a garantizar la autenticidad del mismo y saber exactamente a qué lote de fabricación pertenece cada unidad.

De igual manera, se prevé que las adquisiciones de tirzepatida estén respaldadas por un registro documental, incluyendo datos como la factura de compra que acredite la rastreabilidad, el número de lote de la materia prima o el nombre del establecimiento adquiriente, entre otros.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria podrá requerir en cualquier momento la presentación de documentación respaldatoria y realizar auditorías para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución.

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La resolución será obligatoria a partir del próximo 1 de julio. Quienes no cumplan con estas reglas se exponen a sanciones y medidas correctivas conforme a las leyes sanitarias vigentes.

Con estas exigencias, se pretende asegurar una trazabilidad desde la fabricación o importación de tirzepatida hasta la venta al consumidor final, a fin de combatir la falsificación y evitar que estos fármacos se distribuyan de manera irregular.

En su comunicado publicado en redes sociales, la organización informó que ya se tiene fecha para la tan esperada cirugía de Canela, será este viernes 13 de marzo.

Se trata de la cirugía en la que le colocarán una prótesis mandibular, y se convertirá en la primera perra en recibir una en Paraguay.

Canela perdió la mandíbula inferior tras una explosión de petardos el 1 de enero pasado, un adolescente de 17 años fue sindicado como el responsable y está procesado por crueldad animal.

Desde ese entonces, Canela se adaptó a un nuevo estilo de vida, con dificultades para alimentarse y ladrar, pero una chispa de esperanza se encendió cuando confirmaron que podría ser sometida a una implantación de mandíbula.

Actualmente, Canela se encuentra con una familia temporal que la brinda de amor y cuidados.

El MDS emitió un comunicado rechazando y desmintiendo las calumniosas y difamatorias expresiones del señor Elías Cabral, autodenominado coordinador de una supuesta coordinadora nacional, quien en sus redes sociales afirmó que a una persona adulta mayor se le solicitó una “afiliación para volver a cobrar”.

“En el MDS a ninguna persona se le pide ningún tipo de afiliación a ningún partido político, asociación, coordinadora ni cualquier otro tipo de organización”, aclaró la institución.

Cabe mencionar que, las afirmaciones difundidas por el señor Cabral se dieron en el marco de una sistemática campaña de desinformación que realiza en sus redes sociales y en sus giras en el interior del país.

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El ente agregó que la supuesta coordinadora nacional de adultos mayores y familia no tiene entidad jurídica ni mucho menos autorización para realizar gestiones, ofrecer carnets, o pedir colaboración a los adultos mayores.

El Ministerio anunció que la Dirección General de Asesoría Jurídica tomará las acciones judiciales correspondientes.