Fue contratado por US$ 3.000 y avisó tarde el fallo, cuando secuestradores ya estaban volando

El abogado uruguayo contratado por US$ 3.000 por el Paraguay, Enrique Falco Iriondo, alegó que vio tarde el correo donde la justicia de su país le informaba que dispuso la libertad de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, por lo que cuando dio aviso al embajador paraguayo, los connacionales ya estaban rumbo a Finlandia.

Enrique Falco Iriondo, abogado uruguayo contratado por el Paraguay, dijo estar afectado por el fallo de la justicia de su país, que concedió el refugio y la libertad a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes luego abandonaron Uruguay y fueron a Finlandia mediante un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que les permite el tránsito libre hasta su destino.

“El lunes (7 de octubre) me notifican el fallo vía mail, no es que me llaman. Por eso recién me entero el día de ayer (martes 8 de octubre), ese mismo día supe que se fueron a Finlandia”, dijo en entrevista con la radio 730 AM.

El letrado comunicó este fallo al embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, en la noche del martes, cuando los prófugos ya habían tomado su vuelo rumbo al país europeo.

Consultado por qué no hizo un monitoreo permanente del caso, respondió: “yo nunca estoy pendiente todas las horas, no estoy con el correo todo el día abierto. Todos los días abro mi correo para contestar alguna demanda”.

El abogado extranjero justificó además que fue contratado para trabajar en el proceso de extradición de los prófugos y que a eso se sumó luego el pedido que hicieron para obtener el estatus de refugiados. En esta segunda causa, la jueza encargada consideró que el Estado paraguayo no era parte del proceso, según alegó.

El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, indicó que Falco Iriondo cobrará 3.000 dólares por su gestión en el vecino país y que fue elegido a recomendación suya. Así también, otro abogado del mismo bufete percibirá la misma suma de dinero, sumando así ambos 6.000 dólares.

 

El mecanismo de la coima: INDERT mantiene en zozobra a colonos de Alto Paraná

El sueño de obtener la tierra propia se convirtió en una verdadera pesadilla para los colonos de Alto Paraná. Las víctimas de este esquema coinciden en señalar que funcionarios, cercanos al propio extitular del ente, Horacio Torres, son los que operan el engranaje del apriete y la extorsión. La mafia del INDERT sigue intacta.

El equipo de investigación de la Caja Negra obtuvo documentos que prueban cómo opera el mecanismo de la recaudación en tierras que pertenecen a colonos de Alto Paraná.

Los casos pertenecen a dos habitantes de la colonia núcleo rural primavera distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Son lotes que en promedio poseen unas 30 hectáreas dedicadas en su mayoría a la siembra de soja y avena.

Los mismos habían iniciado trámites en el año 2015 y obtuvieron por resolución presidencial del INDERT de fecha 10 de diciembre de 2018 la adjudicación y titulo de propiedad de sus lotes.

Los solicitantes habían cumplido con todos los requisitos del estatuto agrario para ser beneficiados con la adjudicación de los terrenos. En la resolución número 1426-18 se deja constancia que todos los informes administrativos y técnicos son favorables a la pretensión de los mismos y que habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley.

El documento lleva la firma del extitular del INDERT Horacio Torres y el secretario general Juan Angel Gonzalez Fretes, este ultimo señalado como funcionario leal a Torres y supuesto “cerebro” de las operaciones de revocación de adjudicaciones.

Sin embargo, 8 meses meses después, el 27 de agosto de 2019, se vuelven a firmar dos resoluciones la número 2934-19 y la numero 2935-19 por las cuales revocan y dejan sin efecto la resolución de adjudicación que ellos mismos firmaron en diciembre. Las firmas que aparecen son las mismas: Horacio Torres y Juan Angel Gonzalez Fretes.

Ambas resoluciones citan como argumento el dictamen jurídico de la Directora Jurídica Nathalia Caballero. Mencionan además una resolución judicial que declaró la caducidad de instancia en un juicio anterior entablado por los colones contra una resolución de la administración de Justo Cárdenas.

La caducidad de instancia se dio porque los colones al haber obtenido en diciembre de 2018 la adjudicación de sus lotes dejaron de instar al proceso. Forzadamente y en un acto de arbitrariedad la Directora Jurídica del INDERT justificó con esa sentencia la decisión de revocarles la adjudicación que legítimamente habían obtenido.

La denuncia que hacen los afectados es que funcionarias de la Asesoría jurídica del INDERT encabezadas por la abogada Nathalia Caballero, directora General de Asesoría Jurídica del ente, la funcionaria Yeny Cardozo una cuestionada comisionada al ente agrario en compañía de otros funcionarios de la zona son acusados de operar en las colonias poniéndole “precio” a cada trámite.

Nathalia Caballero es considerada mano derecha del expresidente del INDERT Horacio Torres. Llegó a la institución en agosto pasado. anteriormente se desempeñaba como asistente de Torres en su estudio jurídico.

Es acusaba de actuar con prepotencia y encabezar las delegaciones del INDERT en las colonias. la misma fue designada como interventora de la dirección occidental cargo que ocupaba Enrique Gomez de la Fuente, imputado por pedir una coima de 25 mil dólares al ganadero Albino Méndez.

De acuerdo a los denunciantes los pedidos de coimas para adjudicar o no revocar resoluciones de adjudicación oscilan entre 5 mil a 10 mil dólares por cada colono.

Los funcionarios del INDERT, encabezados por la propia directora jurídica, operan con total impunidad en la zona y mantienen a zozobra a decenas de colonos quienes en su mayoría se ven obligados a pagar para no perder sus tierras.

La misma situación afecta a colonos de Santa Lucia, 8 de diciembre, prometida, candelaria, chino cue y conquista. varios casos fueron denunciados ante el Ministerio Público. el mecanismo de la coima mantiene en jaque a los colonos. si no pagan se quedan sin nada.

 

La risa de "Joker" de Lugo tras la consulta de si negoció la salida de Arrom y Martí

El senador Fernando Lugo considera que desde que lo destituyeron por juicio político en el 2012, el Paraguay no tiene autoridad moral para pretender procesos justos a nivel internacional. Cuando se le preguntó si influenció de alguna manera en el refugio concedido a los prófugos Arrom, Martí y Colmán soltó una carcajada.

Los prófugos de la justicia paraguaya Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán no se fugaron del Uruguay, sino que salieron lícitamente, desde el momento en que ese país les otorgó refugio, a criterio del senador Fernando Lugo.

“Primero: no es fuga (…), después de junio del 2012 qué autoridad moral tiene el Paraguay en relaciones exteriores para exigir procesos sanos, respetar el debido proceso, yo creo que le van a seguir pasando internacionalmente la factura al Paraguay”, dijo Lugo.

En cuanto a Fidel Zavala, quien aseguró que los prófugos cuentan con apoyo de senadores de nuestro país, Lugo sostuvo que el ganadero tiene muchas profesiones falsas y que una de ellas es mentir.

Lugo confirmó que estuvo en el Uruguay la semana pasada, pero aclaró que durante las reuniones no se habló del caso Arrom-Martí. Ante la consulta sobre las insinuaciones de su posible influencia en el hecho solo atinó a soltar una carcajada y anunció que continuará riéndose si le insisten con la misma pregunta.

 

"Peajero" vs "Difamador": dos amigos de Abdo terminarán su guerra en ámbito judicial

El exjefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República asegura que renunció a su cargo para “calmar las aguas” en Colorado Añetete y se refirió concretamente al senador Martín Arévalo.

“En este momento quiero descansar y le expresé eso al presidente, él va a evaluar si es conveniente o no mi participación o no”, expresó Julio Ullón. Sostuvo que el primer mandatario le sugirió que espere hasta que termine la investigación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a las licitaciones que la empresa INTEC Ingeniería, de la cual el exsecretario sería accionista y que fue beneficiada por el intendente de Luque, Carlos Echeverría, además de la ANDE y Hacienda.

Ullón no descarta ocupar un cargo en alguna secretaría, volver a la Junta Municipal o candidatarse a intendente de Asunción después del “descanso”. Al mismo tiempo, descartó a ser accionista de la empresa INTEC Ingeniería.

Respecto a la salida abrupta de Palacio de López el pasado viernes, manifestó que habló con los periodistas al respecto y dijo que “no tenía comentarios al respecto porque no escuchó lo que había dicho el presidente sobre la situación”. El día en que se da a conocer su renuncia, varios trabajadores de medios de comunicación quisieron acceder a una entrevista con Ullón y este salió disparado del Palacio de Gobierno, rompiendo incluso el micrófono de un periodista de televisión.

“Dani Centurión nunca fue enemigo, se comprometió a apoyarme en mi candidatura a intendente”, respondió ante la consulta sobre otras personas del movimiento oficialista que podían estar “molestos” con su gestión. Comentó que este fue un compromiso asumido en conjunto con el senador Arévalo; Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo; Julio Javier Ríos, exministro de Justicia y otros referentes de Capital durante una cena “informal”.

ULLÓN SE DEFIENDE ANTE ACUSACIONES DE ARÉVALO

El exministro señala que se trata de una campaña para desprestigiarlo y además, en el caso concreto del senador Arévalo, se trata también de una movida para desacreditarlo y quedarse con la candidatura a la intendencia de Asunción.

“Yo creo que todo el mundo le conoce a Martín Arévalo. Saben como siempre actuó dentro de su gestión como concejal”, declaró Ullón a Radio Monumental al ser consultado sobre el calificativo de “peajero” y negó tener problemas con otros legisladores de Colorado Añeteté.

En la misma entrevista, el senador lo acusó de tráfico de influencias y denunció que una empresaria se le acercó para comentar que “personas ajenas al Ministerio de Hacienda” habían visitado a los directivos para “bajar sus deudas, pero que eso iba a costarles 10%”. Arévalo mencionó que ese porcentaje representaría aproximadamente “800 millones” y aseguró que llevó esta denuncia a Tributación, pero fue ignorado.

“Con todo esto, una vez más se evidencia su interés político en desacreditarme”, se limitó a responder Ullón. Agregó que ya se comunicó con su abogado para tomar las acciones correspondientes contra el legislador.