La Corte Suprema de Justicia deberá decidir sobre la suspensión en el ejercicio del cargo del magistrado y de las fiscales, y debe señalar si será con o sin goce de sueldo, según informó el titular del JEM, Adrián Salas.

El dictamen del JEM señala que el juez Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero “habría ordenado la incineración de las evidencias de los 252 kilos de cocaína fuera del plazo de la ley especial”, pese a que recibió el pedido del Ministerio Público con antelación.

Con relación a la fiscal Katia Uemura, de la Unidad 1 y 2, especializada en la lucha contra el narcotráfico, la misma “habría delegado funciones” propias de un agente fiscal a un asistente. Fue en el momento del procedimiento de incautación de las evidencias y la posterior comunicación del inicio de las investigaciones al juez Penal de Garantías.

La fiscal Camila Rojas también delegó funciones a un asistente al momento de pedir anticipo jurisdiccional de prueba de la incineración de las evidencias incautadas.

Según indicó en radio Monumental, el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Corte tiene un plazo máximo de 15 días para decidir sobre la suspensión.

El pasado 10 de enero fue detenida por policías Antinarcóticos una camioneta en la que iban el concejal César Quevedo Isnardi (PLRA) y su colega Luis María Bogado (ANR). Los ediles no dejaron que el rodado fuera revisado. Posteriormente la camioneta fue encontrada abandonada y unos 252 kilos de cocaína fueron hallados cerca.

IMPUTADOS

El 17 de enero, la droga desapareció de la jefatura policial de Amambay, donde estaba bajo resguardo. La sustracción fue con complicidad policial. La confesión de un suboficial señaló que fue entregada al narco Clemencio “Gringo” González Giménez.

Tres suboficiales están imputados: Santiago Ferreira Coronel, Lucio Natividad Recalde Melgarejo y Celso Fleitas. El oficial Vicente Arévalos está también imputado; el mismo era custodio del concejal Isnardi, y también está vinculado al cargamento de droga.

Clemencio “Gringo” Gonzlález Giménez y su hijo no reconocido, Édgar “Madruga” López, están imputados por robo agravado, tráfico, tenencia y comercialización de drogas y asociación criminal. María Elizabeth Ferreira, novia de “Madruga” también está imputada.

La comunicación del MOPC indica que desde hoy y por los próximos días, se harán trabajos de mantenimiento en el túnel de Aviadores y Madame Lynch en el sentido Asunción – Mariano Roque Alonso.

La cartera estatal señaló que las tareas serán también por la noche y hasta el domingo.

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Ante esta situación, la Patrulla Caminera está brindando orientación a los conductores para garantizar la seguridad en la vía.

Yoan Paúl López, juez penal de Garantías N. 11 de la Capital; y Miguel Ángel Palacios, juez penal de Garantías N. 7 de la Capital, recibieron las notas del Senado, en las cuales se informa de la reciente decisión del pleno, la de dejar sin efecto la resolución del 4 de abril pasado, cuando anularon los desafueros de Rafael Filizzola, Erico Galeano y Hernán Rivas.

El nuevo desafuero se dio a raíz del dictamen del abogado Marcelo Duarte, solicitado por el movimiento Honor Colorado para reconsiderar la postura, en la cual se dejaba expreso que no se reconoce a las cámaras la facultad de revertir los desafueros, atendiendo a que el desafuero se concede en forma definitiva en relación con un caso concreto y por todo el tiempo que sea necesario para la justicia.

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Se sumó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución, debido a que los efectos de esa posición interrumpieron procesos jurídicos en curso y, por los cuales, el Congreso ya había otorgado desafueros en actos solemnes.

Además un grupo de abogados presentó una denuncia penal en contra de los 23 senadores que posibilitaron la devolución de los fueros para los procesados.

El Senado había restituido los fueros a Galeano, Rivas y Filizzola, como una medida de presión para conseguir también el desafuero del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien está imputado en la causa de la filtración de Seprelad.

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Ayer en horas de la mañana, una abuelita de 81 años fue hasta la Comisaría 6° para realizar una denuncia por un hecho de robo. Según relató, guardó su dinero, unos G. 30 millones, envuelto en papel diario dentro de su ropero hace unos 20 días atrás, pero que al buscarlo ya no lo encontró.

Al ver la preocupación de la octogenaria, los agentes policiales la acompañaron hasta su domicilio y mediante su autorización, comenzaron a buscar pistas o indicios sobre el dinero. La historia cobró un giro cómico e inesperado, y es que tras varias horas de búsqueda, encontraron el dinero debajo de su colchón. La abuelita se olvidó que lo había guardado en ese lugar.

Entre risas y un gran alivio, la afectada reconoció que surgieron sospechas hacia los familiares que la visitaban, ya que ninguna puerta ni ventana de la casa había sido forzada. Finalmente, la mujer quedó tranquila al hallar nuevamente su dinero, producto de la venta de un inmueble.

El caso se comunicó a la fiscal Viviana Sánchez.