El abogado Álvaro Arias, representante legal de la citada institución privada, detalló que son cinco los alumnos que no serán matriculados para el próximo año lectivo.

El motivo, según indicó el letrado, se debe a que sus padres participaron de “actos hostiles en contra de las autoridades del colegio” y, en consecuencia, dijo que también se tomó la misma determinación con otros estudiantes ante la supuesta falta de pago de las cuotas.

“El 85% de las cartas que se enviaron fueron por morosidad, porque más de tres meses están impagos en sus cuotas y si se ponen al día, sus hijos podrán estar sin problemas el próximo año en el colegio. De esa lista, solo cinco alumnos no serán matriculados, debido a que hubo actos hostiles en contra de las autoridades del colegio”, mencionó Arias en conferencia de prensa

Manifestó que hay una investigación en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia, donde se abrió la causa a los efectos de la protección de los estudiantes. “La fiscal le remitió esa lista a la jueza y esa resolución fue apelada. La Cámara de Apelación dejó en claro que el colegio brinda seguridad a los alumnos”, determinó el abogado.

Cabe mencionar que el pasado 26 de agosto, un grupo de padres recibió un comunicado – enviado vía correo electrónico – donde la institución puso a conocimiento que sus hijos ya no serán admitidos para el año próximo.

La nota señala que el centro educativo tiene la ‘facultad’ de no conceder la matrícula para un próximo curso lectivo cuando el representante del estudiante “manifieste una conducta contraria a las disposiciones del colegio o sus funcionarios”.

Por su parte, varios padres mencionaron que la decisión es una represalia luego de que los mismos hayan expresado su solidaridad a la familia del niño que presuntamente fue abusado por otros estudiantes de dicho colegio.

El fin de semana, un breve, pero fuerte temporal golpeó a San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú y dejó a muchas familias sin techo.

El ministro de Defensa, Óscar González, informó que son 37 viviendas las que necesitan una rápida reparación.

“Estamos poniéndonos a disposición de la SEN a través de un pelotón multirrol, porque, tenemos a electricistas, plomeros, albañiles, motosierristas que se necesitan para reconstruir los techos que volaron y las paredes caídas en dos o tres casos”, comentó González, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

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La Secretaría de Emergencia Nacional se encarga de los materiales y el Ministerio de Defensa de la reconstrucción.

Por otro lado, la Armada también trabajó en los incendios del banco San Miguel, donde los militares hicieron los cortafuegos y evitaron así la propagación de las llamas.

Más de 40 hectáreas fueron consumidas por el siniestro provocado. Dos personas están identificadas como las supuestas autoras. Las fotografías de sus rostros ya fueron enviadas a la Fiscalía.

Un operativo interinstitucional, encabezado por el agente fiscal Pablo René Zárate, resultó en la detención de Fabiano José Faría (45), un ciudadano brasileño que estaba siendo buscado por un caso de estafa que involucraba a una ganadera y a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

El caso se relaciona con un inmueble de 3.621 hectáreas, conocido como Estancia Villa Loma, ubicada entre San Alfredo y San Carlos del Apa, que estaba bajo la administración de SENABICO.

Esta propiedad, vinculada a una causa de lavado de activos relacionada con el brasileño Luan Chimenes Nascimento, había sido arrendada a la Agro Ganadera Siete Cabrillas S.A., representada por César Silva Smith, por una suma anual de G. 400.000.000.

Según las investigaciones, Faría, a través de su inmobiliaria Compañía Fortuna S.A., gestionó el contrato de arrendamiento y solicitó que el pago se realizara mediante dos cheques de G. 200.000.000, uno a nombre de la SENABICO y el otro a su nombre. Sin embargo, se sospecha que el dinero nunca llegó a la entidad encargada de administrar la propiedad, lo que llevó a la denuncia por parte del arrendatario.

Faría, quien está acusado de estafa, fue detenido y será trasladado a la ciudad de Concepción, donde quedará a disposición del juez penal de garantías correspondiente.

Un caso reciente involucró a una joven que compartió su experiencia en redes sociales. Ella realizó el pago inicial para alquilar una casa en San Bernardino y recibió incluso un contrato con firma digital, aparentemente legítimo, que resultó ser falso.

Al respecto, Liz Ávalos, de Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, explicó en una entrevista con la radio 650 AM cómo operan los estafadores.

“Son publicaciones realizadas en redes sociales que ofrecen propiedades reales, pero no es el propietario quien las alquila, sino un estafador con un perfil falso”, indicó Ávalos. “La gente hace el pago de una seña, llega al lugar y descubre que la casa nunca estuvo en alquiler”, agregó.

Según Ávalos, este año ya se registraron al menos 10 denuncias similares. Ante esta situación, la Policía recomienda a los ciudadanos:

1. Verificar la autenticidad de los perfiles que ofrecen los alquileres.

2. Confirmar la propiedad directamente con los propietarios.

3. Evitar realizar transferencias a cuentas personales sin garantías.

4. Usar plataformas confiables y con buenas referencias.