El correo enviado a los padres menciona que el contrato de servicios educativos que regula la relación entre el colegio y su familia tiene vigencia anual, propiamente dentro del curso escolar, donde expresamente se establece que el centro educativo tiene la ‘facultad’ de no conceder la matrícula para un próximo curso lectivo cuando el representante del estudiante “manifieste una conducta contraria a las disposiciones del colegio o sus funcionarios”.

En ese sentido, señala que conforme a lo anterior mencionado, la institución tomó la decisión de no renovar la matrícula para el año lectivo 2023, debido a las “conductas de agresividad e irrespeto mostradas hacia el colegio y a algunos de sus funcionarios, y autoridades durante este periodo lectivo”.

El documento realiza la notificación con tiempo necesario para que los padres afectados puedan considerar otras alternativas educativas, para lo cual contarán con toda la documentación necesaria para el efecto.

Sobre ese punto, una madre – que recibió la notificación – mencionó en entrevista con la 1080 am que la disposición fue hecha por la nueva directora, Nelly Varela, proveniente de España, y fue enviada a todos los padres que encabezaron las manifestaciones y, que según ellos, tuvieron una actitud de agresividad’, cuando en realidad manifestaron solidaridad a las familias afectadas pidiendo explicación a los responsables.

Señaló que su hijo era muy amigo de la víctima y, que debido al hecho, también tuvo que ser asistido psicológicamente. “Con mi marido decidimos sacarle porque no cumple con los valores para nuestro hijo, porque ellos dicen que nosotros, los padres, no cumplimos con nuestras acciones con los valores de la institución”, especificó.

Otro padre notificado indicó que evidentemente hay una represalia tras lo acontecido. “Son correos electrónicos personalizados que recibimos varios padres. Es una sorpresa muy grande y esta gente no termina de embarrarse en su discurso”, lamentó.

Cabe mencionar que el abuso sexual a un niño de 6 años ocurrió a finales de abril, pero se conoció recién los primeros días de mayo. Mediante la investigación se logró identificar a cuatro presuntos autores, que son alumnos del colegio, de entre 12 y 13 años. Debido a que son inimputables, por la edad, se procedió a remitir las identidades al Juzgado de la Niñez y Adolescencia para que se apliquen los mecanismos correspondientes.

En tanto, la directora, coordinadora y docente de dicha institución educativa, se encuentran imputadas por violación del deber del cuidado y obstrucción a la investigación. Las mismas cumplían prisión preventiva, pero desde el 23 de mayo pasado están con arresto domiciliario.

La comunicación del MOPC indica que desde hoy y por los próximos días, se harán trabajos de mantenimiento en el túnel de Aviadores y Madame Lynch en el sentido Asunción – Mariano Roque Alonso.

La cartera estatal señaló que las tareas serán también por la noche y hasta el domingo.

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Ante esta situación, la Patrulla Caminera está brindando orientación a los conductores para garantizar la seguridad en la vía.

Yoan Paúl López, juez penal de Garantías N. 11 de la Capital; y Miguel Ángel Palacios, juez penal de Garantías N. 7 de la Capital, recibieron las notas del Senado, en las cuales se informa de la reciente decisión del pleno, la de dejar sin efecto la resolución del 4 de abril pasado, cuando anularon los desafueros de Rafael Filizzola, Erico Galeano y Hernán Rivas.

El nuevo desafuero se dio a raíz del dictamen del abogado Marcelo Duarte, solicitado por el movimiento Honor Colorado para reconsiderar la postura, en la cual se dejaba expreso que no se reconoce a las cámaras la facultad de revertir los desafueros, atendiendo a que el desafuero se concede en forma definitiva en relación con un caso concreto y por todo el tiempo que sea necesario para la justicia.

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Se sumó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución, debido a que los efectos de esa posición interrumpieron procesos jurídicos en curso y, por los cuales, el Congreso ya había otorgado desafueros en actos solemnes.

Además un grupo de abogados presentó una denuncia penal en contra de los 23 senadores que posibilitaron la devolución de los fueros para los procesados.

El Senado había restituido los fueros a Galeano, Rivas y Filizzola, como una medida de presión para conseguir también el desafuero del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien está imputado en la causa de la filtración de Seprelad.

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Ayer en horas de la mañana, una abuelita de 81 años fue hasta la Comisaría 6° para realizar una denuncia por un hecho de robo. Según relató, guardó su dinero, unos G. 30 millones, envuelto en papel diario dentro de su ropero hace unos 20 días atrás, pero que al buscarlo ya no lo encontró.

Al ver la preocupación de la octogenaria, los agentes policiales la acompañaron hasta su domicilio y mediante su autorización, comenzaron a buscar pistas o indicios sobre el dinero. La historia cobró un giro cómico e inesperado, y es que tras varias horas de búsqueda, encontraron el dinero debajo de su colchón. La abuelita se olvidó que lo había guardado en ese lugar.

Entre risas y un gran alivio, la afectada reconoció que surgieron sospechas hacia los familiares que la visitaban, ya que ninguna puerta ni ventana de la casa había sido forzada. Finalmente, la mujer quedó tranquila al hallar nuevamente su dinero, producto de la venta de un inmueble.

El caso se comunicó a la fiscal Viviana Sánchez.