La doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, indicó que diversos sectores están ya debatiendo sobre la posibilidad de realizar la fiesta mariana del 8 de diciembre próximo. “Venimos trabajando en un trabajo mancomunado con la Iglesia Católica, en especial con el Obispado de Caacupé, la Policía Nacional y representantes de la sociedad civil para que esto sea posible. Estamos en un escenario donde podemos planear una situación como esta, estamos en un momento mejor de lo pensado”, sostuvo.

Sin embargo, la autoridad sanitaria aclaró en entrevista con La Lupa (Telefuturo) que pese a estar en un buen momento epidemiológico, la idea no es liberar todo, sino que hacerlo con todos los cuidados para evitar una nueva ola de contagios.

Consultada sobre si se podría exigir el carnet de vacunación para esta fiesta y otros encuentros masivos, dijo que está totalmente de acuerdo en implementar esto pero que se debatirá más adelante para saber si será aplicable legalmente. “Las personas vacunadas tienen más acceso a las actividades, cuanto más masivas, más necesaria será la vacunación. Antes que restricciones, quiero ver del lado de los incentivos que tienen para poder hacer actividades”, argumentó.

“La fiesta de Caacupé va a ser muy diferente a años anteriores. Ni aunque estemos mejor, no será igual, antes la gente iba masivamente, ahora tendrá que haber diferentes filtros, con algún tipo de registro, y espero que sea una exigencia la vacunación. Capaz vamos a estar con un aumento de casos cuando sea Caacupé, entonces una opción podría ser la implementación de las pruebas rápidas anticovid”, sostuvo además.

El año pasado, en atención a la crisis sanitaria vigente en ese entonces, el evento religioso de gran envergadura en nuestro país quedó cancelado.

Vale recordar que la festividad ya se vio interrumpida en el año 1899 por motivo de la peste bubónica, que arrasó en todo el mundo. En 1911 se suspendió por el Centenario de la Independencia y pasó para mayo, por la inestabilidad política. En 1918 se tuvo que dejar de lado por la pandemia de la gripe española, también se postergó a marzo. Mientras que en 1922 no se realizó tampoco por la revolución.

Cerca de las 03:00 hs del miércoles se registró un hecho de asalto en el barrio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Resultó víctima de este suceso Bárbara Valeria Quiñonez Alfonso, de 25 años, quien había solicitado un viaje a través de la plataforma Bolt.

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De acuerdo al informe de CDE Hot, la joven pidió el servicio y minutos después llegó junto a ella un vehículo de la marca Toyota modelo Vitz de color negro.

Al abordar el rodado, la víctima se percató que en su interior estaban el conductor y un acompañante. Segundos después, apareció sorpresivamente otro tercer sujeto desde la valijera.

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Fue esta persona quien amenazó a Quiñonez con un arma blanca para exigirle la entrega de su aparato celular y el dinero que traía consigo, que asciende a la suma de G. 400.000.

Tras el hecho, los autores del asalto bajaron a la joven del vehículo y se dieron raudamente a la fuga. La posterior denuncia fue radicada ante la Comisaría 7ma de CDE.

El Ejecutivo tomó juramento a los nuevos embajadores ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Juan Ernesto Snead y ante los Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther López.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, estuvieron presente también el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y otras autoridades nacionales e invitados especiales.

Tras el acto, Peña indicó a través de su cuenta de X, que encomendó a los nuevos embajadores a trabajar en el fortalecimiento del eje inserción de Paraguay en el mundo desde sus respectivas embajadas.

En la tarde del miércoles se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la avenida Van Aaken de Presidente Franco, detrás del Centro de Salud local.

Dicho procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Julio Paredes, en representación de la Fiscalía, y contó con acompañamiento de funcionarios de la ANDE.

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La intervención se desarrolló en el marco de una causa penal por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica ligada a la minería de criptomonedas.

En el domicilio allanado incautaron 34 máquinas mineradoras instaladas y otras 29 que no estaban en funcionamiento, menciona el informe de Radio Concierto.

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Cabe mencionar que el dueño del inmueble no se apersonó en el lugar, pero sí su representante legal, el abogado Óscar Solaeche.

La ANDE, con apoyo del Ministerio Público, prosigue con su intensa campaña en contra de las conexiones clandestinas y robo de energía para criptominería, con permanentes intervenciones en distintos puntos del país.