FUENTE: LA NACIÓN

Por Rossana Escobar M. y Freddy Aguilera

Armado: Francisco Quiñónez

Y para quedarse con la titularidad de la que­rella, Duarte Caca­velos intenta dejar de lado a la heredera de la víctima, la hija menor de Rodrigo Quintana, quien debería ser la prioridad en un eventual juicio. La niña está representada por los abogados Ana Mora y Fabián Ramírez Mora.

Duarte Cacavelos desde un principio ha recibido ayuda, primeramente de la Fiscalía, de su amiga íntima Marlene González, quien había pedido la sanción de Ramírez Mora, supuestamente por dilatar el proceso. Pero lo llama­tiva de esta situación, es que la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, integrada por Bibiana Benítez, José Agus­tín Fernández y Delio Vera Navarro, había cancelado la personería jurídica de Ana Mora, para que los miem­bros lleven el caso y apartar­los a los representantes de la heredera del proceso.

Cuando los abogados de la hija de Quintana piden que se esclarezca el hecho del cri­men del joven dirigente liberal y que se haga justicia, poco le importa al otro abogado de la querella, quien se aferra a pre­sentar a Efraín Alegre, como el blanco de ese “ataque” poli­cial, del cual habla. Es más, en la acusación se menciona que “la bala no era para Rodrigo, la bala era para Efraín Alegre”.

Actualmente, el caso está paralizado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia, que deberá primero resol­ver sobre la personería jurí­dica de Ana Mora, y además de la recusación del Tribu­nal de Apelaciones, Segunda Sala, que favorece a Duarte Cacavelos.

Sospechosa familiaridad del suboficial Báez con los liberales

El suboficial Arnaldo Andrés Báez se pasea con el ex intendente de Santa Elena, Carlos Agustín Balbuena. Al parecer, Báez tenía varios “conocidos” en el PLRA lo que puede explicar por qué no delató las movidas de CPU en el primer piso del edificio donde estuvo “detenido”.

El suboficial Arnaldo Andrés Báez ingresó a la par, codo a codo, con su camarada Gustavo Florentín, al local del PLRA el 1 de abril del 2017, pero se hizo pasar por detenido y no comentó una sola palabra al Ministerio Público sobre los sospechosos movimientos realizados en la oficina de Efraín Alegre. Él fue testigo de las movidas de la CPU por parte de Stiben Patrón y el hijo del presidente del partido.

Con todas las escenas en la que aparece el mencionado suboficial se le observa una familiaridad con los libe­rales, pese a que algunos lo habían tomado y sacado sus armas. Fue así que alrededor de las 00:35 fue tomado por adherentes cuando intentaba ganar la calle. Báez admitió que en ese momento entregó su escopeta al suboficial Juan Ramón Garcete.

Esa madrugada, Báez tuvo tiempo de ir hasta la oficina de guardia de la Coman­dancia de la Policía Nacio­nal, donde tomó un sorbo de tereré con los camara­das, tenía su escopeta, para luego regresar hasta el local del partido y quedarse en la oficina de Efraín Alegre, en el primer piso.

Báez tuvo aliados dentro del partido, primero su cama­rada Juan Ramón Garcete, a quien le dio su escopeta, y César Agustín Balbuena, el ex intendente de la ciudad cor­dillerana de Santa Elena, de donde es oriundo el mencio­nado suboficial.

Balbuena aparece en varios pasajes y en varias dependen­cias del local liberal, inclusive hablando con Báez. Cuando este último se encontraba en la comi­saría de Santa Elena, el otro era intendente (2010-2015).

Se sospecha que Báez fue charlado para que testifique a favor de la causa, para que diga que Efraín era el blanco. Esto se puede deducir ya que el policía nunca testificó de los sospechosos movimientos en el primer piso, cuando los adherentes, encabezados por el hijo del líder azul cambia­ban las CPU antes que llegue la comitiva fiscal.

Actualmente, el Ministe­rio Público pidió el sobre­seimiento de Arnaldo Báez, cuando nunca su escopeta fue peritada y que en un principio era el principal sospechoso del crimen de Rodrigo Quintana.

El fiel custodio que nunca fue investigado

El suboficial Juan Ramón Garcete, custodio del diputado Eusebio Alvarenga, fue quien tomó la escopeta de Arnaldo Báez, se paseó con ella, una Maverich calibre 12. Llamativamente entregó a la fiscala una de la marca Taurus.

Cuando más se avanzaba en la visualización de las nuevas imágenes que salieron a la luz tras la muerte de Rodrigo Quintana, la figura del cus­todio del diputado Eusebio Alvarenga iba ganando pro­tagonismo, el suboficial Juan Ramón Garcete. Es quien aparece en escena pisando la vainilla que cayó de la escopeta de Arnaldo Báez, y la arrastra posteriormente.

Además, es a quien Arnaldo Báez le entrega su esco­peta calibre 12 Maverick, cuando este fue rodeado por los adherentes liberales. Cuando toma la escopeta de Báez, la guarda en el vehículo del diputado Eusebio Alva­renga. La lleva hasta la Fisca­lía, cuando el parlamentario fue a radicar la denuncia de los hechos en la sede liberal y a quien posteriormente le dice que tenía el arma de su camarada.

Garcete también llamati­vamente, pese a no ser pro­cesado, aparece en la lista de los policías cuyas esco­petas fueron peritadas. Su arma es una Taurus, cali­bre 12, pero nunca estuvo procesado. Todo indica que envió su arma al Ministerio Público para que la anali­cen en vez de la de su íntimo camarada Báez.

El abogado Claudio Lovera explicó al canal GEN que el dictamen emitido de forma oral es una de las facultades del colegiado al cierre del debate, pero aclaró que el proceso aún no cuenta con una decisión firme.

El Tribunal dispone de un plazo de 5 días hábiles para redactar y notificar el fallo por escrito. A partir de esa notificación, el Ministerio Público contará con 10 días hábiles para presentar una apelación especial, una acción que el abogado ve altamente probable debido al comportamiento estadístico de la Fiscalía en casos donde sus pretensiones son rechazadas.

El profesional del derecho cuestionó los tiempos que se tomó la justicia para un caso que inició su etapa de investigación en diciembre de 2018. El extitular de la Seprelad recién fue convocado para su declaración indagatoria el 30 de marzo de 2023, por lo que pasaron casi cinco años desde el origen de los hechos denunciados antes de formularse la imputación.

“El proceso fue bastante extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por los tiempos que se tomó el Ministerio Público. El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias reales, porque lo que en su momento se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito estaba lleno de subjetividades. El derecho penal es una herramienta muy pesada y no puede impulsarse con ligereza ni confundirse con un sumario administrativo”, manifestó Lovera.

Los argumentos que sepultaron la hipótesis fiscal

Durante el desarrollo de las audiencias públicas, la defensa técnica logró acreditar que el informe de inteligencia financiera de la Seprelad se remitió al Ministerio Público el 16 de abril de 2018, el mismo día en que Boidanich retomó sus funciones tras un periodo de vacaciones y una posterior internación por cirugía. Asimismo, ninguno de los 12 funcionarios de la institución que declararon como testigos afirmó haber recibido directivas para retrasar el trámite.

El Tribunal de Sentencia validó estos elementos al argumentar que no se probó el resultado típico ni el nexo causal para el delito de frustración de la persecución y la ejecución penal.

Los jueces confirmaron además que no existió perjuicio ni riesgo para las decisiones judiciales, dado que el propio Ministerio Público reconoció que los comisos y las medidas cautelares sobre los bienes de Darío Messer se ejecutaron de manera oportuna utilizando fallos dictados en el Brasil.

Uno de los efectos jurídicos inmediatos del fallo dictado el miércoles es el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre el exfuncionario, permitiéndole recuperar sus libertades plenas a pesar de que el Ministerio Público decida accionar en segunda instancia.

En la hipótesis de que la Fiscalía presente la apelación especial, la discusión se trasladará a una Cámara de Apelaciones y se resolverá de manera estrictamente escrita en un plazo estimado de 30 días hábiles tras recibir el expediente.

Lovera puntualizó que esta etapa no permite revalorar las pruebas ni discutir lo que declaró un testigo en el juicio, sino que se limita de forma exclusiva a un control jurídico sobre la aplicación del derecho y las formas procesales de la sentencia.

En medio de tres allanamientos simultáneos liderados por el fiscal Gedeón Escobar en Itacurubí, fue detenido Guido Ariel Peralta Gómez, de 34 años, por presunto tráfico de cocaína.

El hombre intentó deshacerse de las evidencias arrojándolas hacia la parte trasera de su casa, pero no pudo engañar a los agentes de la Senad.

En su poder encontraron varias porciones de cocaína que totalizaron 219 gramos, equivalentes a 438 dosis destinadas al microtráfico.

El exjugador es considerado referente del microtràfico en Cordillera.

Además del domicilio particular del exfutbolista, también allanaron un lavadero de autos y otra vivienda familiar.

Peralta Gómez habría mantenido vínculos, en una etapa de su actividad ilícita, con el jugador de futsal FIFA Luis Molinas, detenido en un operativo anterior que derivó en la captura de otros integrantes de la red, todos ellos vinculados al deporte.

Desde la Senad recordaron que Peralta Gómez llegó a ser un proyecto del fútbol cuando integraba la reserva de Cerro Porteño, club en el que compartió vestuario con los hermanos Romero. Sin embargo, se quedó por el camino y se convirtió en un referente del microtráfico en el departamento de Cordillera.

El primer allanamiento se realizó en un hotel de Asunción, donde se desarrollaba un seminario. El segundo, en la sede de la facultad. El objetivo de la investigación es el empresario brasileño Ismael Fenner.

El fiscal Aldo Cantero confirmó esta mañana a la 1080 AM que ya imputó a Fenner por producción de documentos no auténticos y estafa.

Durante el procedimiento en el hotel encontraron a 100 estudiantes brasileños, todos ellos, engañados y estafados por este esquema, ya que la institución operaba sin la habilitación correspondiente.

“Los cursos ofrecidos tanto en el lado brasileño como en nuestro país, no estaban habilitados, el mismo MEC realizó la denuncia, no es una contienda jurídica entre empresas”, precisó.

En la denuncia se solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) la fiscalización inmediata del evento denominado “Inmersión ISICast - La evolución de la educación”, organizado por el denominado Instituto ISICS.

Asimismo, pidieron a las autoridades informar sobre la situación jurídica del ISICSy de la FICS, la autorización de los programas académicos, la legalidad de las defensas anunciadas y la validez de los títulos que eventualmente pudieran derivarse de dichas actividades.