Marcelo Estigarribia, ministro de la Sedeco, detalló en comunicación con radio Ñanduti que son 17 las empresas del transporte público sancionadas por la institución a su cargo.

“Hemos concluido los sumarios administrativos de las empresas del área metropolitana. En total fueron sancionadas 17 empresas. Actualmente estamos esperando que queden firmes nuestras resoluciones a fin de poder hacer efectivo también lo resuelto entre el mes de septiembre y octubre”, expresó.

Las líneas sancionadas son: 2, 7, 99, 52, 101 b, 21, 128, 29, 26, 18-1, 15-1, 15-2, 15-3, 47, 85 y 187. “Son castigos ejemplares a fin de que tomen en serio los derechos de los usuarios”, apuntó.

Estigarribia explicó que la investigación se dio debido al incumplimiento en la frecuencia de salida de las unidades, entre otras irregularidades.

“Estas sanciones se deben a la falta de cumplimiento con relación a la salida de sus buses de las paradas, a la cantidad de buses que ellos tienen que tener dentro del radio que operen, las aglomeraciones de pasajeros, y aparte el tiempo de espera, que son las famosas reguladas”, indicó.

En cuanto a la sanción, detalló que las empresas recibirán la multa de 500 jornales mínimos, equivalente a G. 44 millones, además de medidas correctivas como ampliar la frecuencia de salida de los vehículos a las calles y mejorar el servicio de transporte.

“Es un monto intermedio. Este tipo de multas es para que ellos evalúen y traten de no reincidir, a fin que no se les duplique el monto en un siguiente sumario administrativo. La multa máxima es de G. 800 millones”, puntualizó.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.