Los funcionarios del Hospital de Clínicas anuncian una huelga general que podría durar al menos un mes en caso que el presupuesto de la institución sufra una disminución de al menos 12 mil millones de guaraníes ahora previsto en la ley de Presupuesto General de la Nación luego de la suspensión de un artículo que prohibía la modificación de los recursos de Medicina UNA.

Derlis Torres, dirigente sindical afirmó en contacto con la 970 AM que con esta suspensión el que se verá más afectado será el paciente que diariamente acude al hospital en busca de atención médica.

“Se tendrán que disminuir la cantidad de consultas externas, laboratorios y atenciones en general y en algunos casos cerrar algunos servicios”, señaló.

La Faculta de Ciencias Médicas de la UNA también manifestó su desacuerdo y preocupación a través de un comunicado en el que señala que la Ejecución Presupuestaria de Medicina UNA fue del 97,2% en el ejercicio correspondiente al 2018.

“Vemos con preocupación que el presupuesto se vea afectado y con ello la misión institucional con la que cuenta la Facultad de Ciencias Médicas, ejerciendo sus roles, tanto el académico, de formación de profesionales de la salud, como el compromiso social, con la atención y cuidado de ciudadanos paraguayos que a diario acuden en búsqueda de soluciones a patologías tanto primarias como de alta complejidad”, señal en un comunicado emitido desde los miembros del Consejo Directivo.

Destacan que resulta alarmante la facilidad con la que se modifica el presupuesto de la institución “vedando a compatriotas de la formación de profesionales y la atención de pacientes que a diario encuentran alivio en el Hospital Escuela”.

La modificación del presupuesto se daría de acuerdo a la suspensión del artículo 22 de la Ley Nº 6258/2019 que reza textualmente: “Los Créditos Presupuestarios asignados a la Facultad de Ciencias Médicas, dependiente de la UNA no podrán se disminuidos por modificaciones presupuestarias para trasladar créditos a otros programas y/o sub-programas de la UNA ni sufrir recortes en el Plan Financiero”

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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