Con nueva ley una adopción deberá contar con resolución en 11 meses

Con la nueva normativa que ya cuenta con media sanción de Senadores, lo procesos judiciales y administrativos de adopción serán menos prolongados, contarán con acompañamiento de más profesionales que permitirá acortar las fases como la búsqueda y localización de la familia y la reintegración. Otra modificación incluida es que las familias acogedoras también podrán adoptar, lo que no contempla la ley actual.

La proyecto de Ley de Adopciones que fue aprobado en Senadores consta de 150 artículos e incluye los procesos judiciales y administrativos en cuidados alternativos siendo uno de los objetivos acortar plazos y que los hogares de abrigo repliquen un modelo familiar y que no sean solo un lugar de estadía de los niños, niñas y adolescentes.

En el título III que dispone que el Juzgado debe revisar de oficio la pertinencia de la continuidad de la medida de protección cada 45 días para lo que deberá oír al niño o niña, a la familia y considerar los informes técnicos.

En tanto, la búsqueda y localización de la familia será dispuesta por el Juzgado a la Dirección de Cuidados Alternativos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) por un plazo de 45 días, actualmente es de 90 días y lo realiza un equipo asesor de justicia.

La reintegración familiar se hará por medio de integración y apoyo lo que tendrá una duración de 90 días.

Entre las principales modificaciones fueron establecidas las modalidades de cuidado alternativo como por ejemplo las familias acogedoras y casas de abrigo, siempre con el control del MINNA y estas ahora podrán adoptar a los niños con el recorte de plazos judiciales para los trámites correspondientes.

Se dispuso además que se dote de recursos a los juzgados de la niñez y adolescencia y defensoría para que cuenten con psicólogos y asistentes sociales que acompañen los procesos.

También fue modificada la limitación de poder adoptar pasados los 50 años de edad.

En cuento a los plazos, el proyecto habla de un equipo asesor de Justicia del Juez que tendrá 15 días para dar su dictamen y otros 15 días de plazo establecidos para que el juez pueda dictar la resolución.

Para fijar audiencias también los plazos quedarán acortados ya que deberán realizarse en 3 a 5 días o más para agilizar el proceso lo que permitirá que la resolución del proceso de acogimiento se tenga en 8 meses y en 11 meses una adopción terminada.

La normativa contempla sanciones para los jueces que dilaten un proceso de adopción pudiendo ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El documento fue remitido a Diputados para su estudio.

 

Lío por máquinas de votación: convocan de urgencia a ministros del TSJE

La Mesa Directiva del Senado invitó al presidente y los directores de la Justicia Electoral, y al titular de Contrataciones Públicas a una reunión para que expliquen la situación actual de la licitación para la provisión de las máquinas electrónicas, con miras a las elecciones del 2020.

El titular del Senado, Blas Llano, remitió las invitaciones a Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic y Luis Alberto Mauro, directores de esa institución, y a Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas.

La convocatoria está prevista a realizarse en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores, a las 09:00, el próximo lunes 11 de noviembre. En el encuentro estarán participando los líderes y vicelíderes de las bancadas de la Cámara Alta.

Las autoridades del TSJE y de Contrataciones deberán explicar la situación actual del proceso licitatorio para la provisión de 15.000 máquinas de votación para el sufragio electrónico en las elecciones internas y las municipales.

El temor es que la suspensión del proceso interrumpa el calendario previsto para las elecciones previstas en el 2020. Las internas simultáneas de los partidos y movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, están previstas para el 12 de julio del 2020, y las elecciones municipales propiamente dichas para el 8 de noviembre de ese año.

Contrataciones decidió suspender provisoriamente la licitación ante la protesta presentada por Smartmatic, una de las oferentes, por las irregularidades en el pliego de bases y condiciones. Todo apunta a que supuestamente el TSJE estaría dirigiendo el proceso licitatorio hacia la otra empresa, Magic Software Argentina (MSA), la cual realiza un “lobby agresivo” con las autoridades de la Justicia Electoral, según confirmó el senador liberal Víctor Ríos.

De acuerdo con el senador oficialista Juan Carlos Galaverna, la adjudicación de las 15.000 máquinas electrónicas es un “fato miserable” de Carlos María Ljubetic y Luis Alberto Mauro.

Esta licitación costará unos G. 138.460 millones (alrededor de US$ 22 millones). Solo dos de las cinco empresas interesadas presentaron sus ofertas.

 

Tratamiento integral de fibrosis quística logra media sanción en el Congreso

Con la ley se podrá implementar un programa de detección y tratamiento integral para los pacientes y para ello está prevista la creación de un centro especializado y una ingeniería presupuestaria específica para que sea viable y los más de 200 pacientes accedan al tratamiento requerido y otros sean diagnosticados a tiempo.

El proyecto de ley que crea el Programa de Atención Integral a personas con fibrosis quística Ley Lorelí ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y una vez en vigencia permitirá incorporar al Sistema Nacional de Salud la cobertura de las prestaciones para el diagnóstico temprano y tratamiento a tiempo.

El diputado Raúl Latorre explicó que la fibrosis quística es una enfermedad que afecta tanto a jóvenes como a niños y debido a las limitaciones no se cuenta con los elementos para que estos lleguen a la edad adulta bajo tratamiento.

Con la ley se podrá implementar un programa de detección y tratamiento integral para los pacientes y para ello está prevista la creación por ley de un centro especializado y una ingeniería presupuestaria específica para que no sea letra muerta y accedan al diagnóstico y tratamiento requerido.

“Tenemos que dar una nueva mirada a las enfermedades catastróficas, las poco frecuentes”; afirmó el legislador.

En Paraguay existe un registro de aproximadamente 200 pacientes con el diagnóstico y en una amplia mayoría son niños. Los fondos para el programa serán fortalecidos con lo recaudado en cuanto a expendio de bebidas alcohólicas.

“No se aumentaron los impuestos sino que se están reasignando aquello que ya estaba, unos 39 mil millones de guaraníes que serán suficientes para dotar de recursos a los centros especializados y también para determinados medicamentos e insumos que contribuirán con el tratamiento así como una batería diagnóstica para mejorar la respuesta que damos a esta enfermedad”, indicó.

Marcelo Cabrera es un adolescente con diagnóstico de FQ desde los tres meses de nacido y hace 12 años se encuentra radicado en Argentina donde sigue tratamiento. Como paciente solicitó que los legisladores aprueben la ley para que todos los pacientes puedan quedarse en el país para tratarse.

“Vi sobre la ley Lorelí y quiero que se pueda firmar para que todos los paraguayos puedan tratarse en su tierra y no solo hablo sobre mí sino por todos los que pasan por esto”, puntualizó.

La Ley Lorelí fue impulsada por la asociación de padres de niños con este diagnóstico. Lorenzo Melgarejo, padre de la niña Loreli manifestó que aguardan la decisión de los senadores y manifestó que la aprobación de la normativa será de mucha ayuda para las familias por el alto costo que implica la compra de los medicamentos para el tratamiento, uno de ellos supera los G. 30 millones.

 

Parlasur insta a la Argentina a respetar tratado y a dejar de vender energía al Brasil

Mediante un proyecto de declaración, el Parlasur insta a la Argentina a respetar el tratado de Yacyretá y a no vender la energía al Brasil, tal como lo denuncia la margen paraguaya desde septiembre pasado.

El parlamentario paraguayo del Mercosur, Ricardo Canese, elaboró el proyecto de declaración por el cual insta a los estados parte a respetar el tratado de Yacyretá y la soberanía hidroeléctrica de nuestro país, además del tratado Asunción,

Al contar la Argentina con solo el “derecho preferente de adquisición”, el Paraguay puede recibir y aceptar oferta de terceros, correspondiéndole a la Argentina apenas el derecho de igualar la mejor oferta recibida en nuestro país, pero no la prerrogativa absoluta de disponer como quiera.

Así lo explica el documento que además recuerda que en la Unión Europea, ninguno de los países exportadores de energía, Francia o los nórdicos, son escamoteados en sus derechos de exportación.

La propia Entidad Binacional Yacyretá viene denunciando desde finales de septiembre que la Argentina reinició el proceso de transacción comercial con el Brasil, a través de la empresa Cammesa, con la venta de la energía producida por la central.

“Haremos el máximo esfuerzo para defender lo que nos corresponde o llegar a transacciones comerciales ventajosas para ambos, que deberían plasmarse en una nueva nota reversal que sea cumplida por todos”, señala el comunicado de la EBY.