La proyecto de Ley de Adopciones que fue aprobado en Senadores consta de 150 artículos e incluye los procesos judiciales y administrativos en cuidados alternativos siendo uno de los objetivos acortar plazos y que los hogares de abrigo repliquen un modelo familiar y que no sean solo un lugar de estadía de los niños, niñas y adolescentes.

En el título III que dispone que el Juzgado debe revisar de oficio la pertinencia de la continuidad de la medida de protección cada 45 días para lo que deberá oír al niño o niña, a la familia y considerar los informes técnicos.

En tanto, la búsqueda y localización de la familia será dispuesta por el Juzgado a la Dirección de Cuidados Alternativos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) por un plazo de 45 días, actualmente es de 90 días y lo realiza un equipo asesor de justicia.

La reintegración familiar se hará por medio de integración y apoyo lo que tendrá una duración de 90 días.

Entre las principales modificaciones fueron establecidas las modalidades de cuidado alternativo como por ejemplo las familias acogedoras y casas de abrigo, siempre con el control del MINNA y estas ahora podrán adoptar a los niños con el recorte de plazos judiciales para los trámites correspondientes.

Se dispuso además que se dote de recursos a los juzgados de la niñez y adolescencia y defensoría para que cuenten con psicólogos y asistentes sociales que acompañen los procesos.

También fue modificada la limitación de poder adoptar pasados los 50 años de edad.

En cuento a los plazos, el proyecto habla de un equipo asesor de Justicia del Juez que tendrá 15 días para dar su dictamen y otros 15 días de plazo establecidos para que el juez pueda dictar la resolución.

Para fijar audiencias también los plazos quedarán acortados ya que deberán realizarse en 3 a 5 días o más para agilizar el proceso lo que permitirá que la resolución del proceso de acogimiento se tenga en 8 meses y en 11 meses una adopción terminada.

La normativa contempla sanciones para los jueces que dilaten un proceso de adopción pudiendo ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El documento fue remitido a Diputados para su estudio.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.