Conceden US$ 150 millones para sistema eléctrico

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó la concesión de un crédito por valor de 150 millones de dólares para la mejora de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica de Paraguay, cuya sobrecarga provoca frecuentes cortes en el suministro.

Las obras de mejora se ejecutarán en el plazo de cuatro años y prevén atender al crecimiento en la demanda de electricidad y mejorar la calidad, fiabilidad y transmisión del servicio de energía eléctrica estatal, gestionado por la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE).

Las mejoras se centrarán en favorecer al área metropolitana de Asunción y los departamentos de Caaguazú (centro) y Alto Paraná (este), zonas que presentan un “alto potencial de desarrollo”, informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Además, buscarán reducir el índice de fallos e interrupciones en el suministro eléctrico en el sistema de distribución del área metropolitana de Asunción, que se producen con frecuencia cuando hay tormentas en la zona, o en épocas de elevadas temperaturas, cuando el consumo energético en los hogares se incrementa.

Hacienda admitió que el sistema eléctrico actual presenta “altos niveles de carga” y una baja calidad en el servicio, lo que genera daños en la producción, incrementos de costos y pérdida de energía.

El Ministerio considera que la energía eléctrica y su provisión segura son “elementos estratégicos esenciales para la economía de cualquier país”, y que las limitaciones en la calidad del servicio obstaculizan el desarrollo tecnológico, el crecimiento económico y el bienestar de la población.

Pese a que comparte con Brasil la hidroeléctrica de mayor producción del mundo, la represa de Itaipú, en Paraguay son frecuentes los cortes de energía, debido a un sistema de transmisión obsoleto, y al aumento de la demanda de electricidad en la última década.

Dueño de Steven Automotores se defiende: “Se dicen tantas cosas que carecen de verdad”

Steven Bareiro, propietario de la playa de venta de vehículos acusada de estafar a varios compradores, se defendió de las denuncias en su contra y negó haber obrado de mala fe.

Esta mañana compareció ante la Fiscalía Denis Steven Bareiro (31), propietario de “Steven Automotores”, luego de concretarse su detención en horas de la madrugada en la ciudad de Itá.

En entrevista con el canal GEN, el mismo evitó hablar sobre el perjuicio generado a los múltiples clientes que adquirieron sus vehículos de dicha playa de autos y que ahora lo acusan de estafa.

Nota relacionada: Megaestafa en compras de autos: cae propietario de la playa

Según refirió, la cuestión relacionada con el decomiso de vehículos a quienes no cumplían con el pago de las cuotas -y la concesión como depositario judicial para su posterior reventa- era manejado por el grupo de abogados de la empresa.

Negó ser “propietario” de la playa de vehículos y se presentó como “capitalista”, pese a que la firma lleva su nombre. Según comentó, hace aproximadamente 10 años se encuentra en el rubro de venta de vehículos.

“Se dicen tantas cosas que carecen de verdad”, afirmó Bareiro, haciendo alusión a la cantidad de denuncias formuladas en su contra y que posteriormente derivaron en su imputación y captura.

Leé también: Juez y empresario implicados, la gran estafa y la importancia de leer la letra chica

En otro momento, se dirigió a las personas que perdieron sus rodados luego de atrasarse algunos días en el pago y que aún tienen esperanza de recuperarlos: “Si es que existe ese tipo de clientes, creo que se va a solucionar todo”.

Bareiro se desmarcó de su supuesto vínculo con el juez de Paz de Chaco’i, Jorge Franco Garelik, quien era el encargado de firmar las órdenes de secuestro de los automóviles de los clientes y que, según las investigaciones, sería cómplice del esquema de Steven Automotores.

Proponen que adultos mayores paguen solo mitad de tarifa de ANDE y Essap

En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley para que los adultos mayores en situación de pobreza abonen solo la mitad de la tarifa de la ANDE y Essap.

El diputado Edgar Olmedo (ANR-Caaguazú) presentó un proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 7° de la Ley N° 6381/20 “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”. La iniciativa busca introducir beneficios adicionales para este sector vulnerable de la población.

En la exposición de motivos el legislador explica que, en diversos artículos de la Constitución Nacional se garantizan el derecho a la vida, la calidad de vida, la igualdad de oportunidades y la protección a la tercera edad. Señala que, si bien las personas adultas mayores han logrado importantes conquistas con la protección estatal, aún existen deudas pendientes que deben ser atendidas conforme a la voluntad política y las condiciones económicas del país.

En ese sentido, plantea que tras el pago total de la deuda de la Itaipú Binacional, el Paraguay se encuentra en una nueva etapa que podría derivar en la disminución del costo de la energía eléctrica en beneficio de los usuarios. “Esta circunstancia obliga a los representantes del pueblo a trabajar en favor de los sectores más vulnerables y necesitados”, expresa parte de la justificación del proyecto.

La ley actual, en su Art. 7° establece cuanto sigue: “Las personas adultas mayores de sesenta y cinco años de edad accederán a medio pasaje en buses urbanos, interurbanos, de corta, mediana y larga distancia nacional, media entrada para cines, espectáculos artísticos y culturales y entrada gratuita para estadios de fútbol, eventos deportivos y museos. Este derecho se otorgará automáticamente con la presentación de la cédula de identidad o pasaporte al momento de la adquisición del pasaje o entrada”.

La presente propuesta agrega el siguiente texto: “Así mismo, las personas adultas mayores que son beneficiarias de la pensión alimentaria, solo abonarán la mitad de lo que les corresponde por consumo mensual en concepto de servicios básicos necesarios proveídos por la Ande, Essap y juntas de saneamiento de agua reconocidas por el Senasa”.

Estipula, por otro parte, que el Ministerio de Hacienda deberá establecer los mecanismos de articulación entre las entidades involucradas para implementar y controlar a los beneficiarios, a través de un decreto reglamentario, que evite maniobras irregulares y garantice que el beneficio sea exclusivo para las personas adultas mayores en situación de pobreza.

El proyecto de ley será derivado a las comisiones legislativas correspondientes para su estudio y dictamen, entre ellas a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos; Presupuesto; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; Deportes; y a la de Familia y Personas Adultas Mayores.

Insensibilidad en hospital acelera proceso de cámaras al cuerpo de policías

El episodio en el que un policía grabó la ninguneada que sufrió una mujer con fractura múltiple, en el Hospital Barrio Obrero, trajo al tapete el tema policía y tecnología.


En efecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que está en el proyecto de su cartera, la inyección presupuestaria para dotar de cámaras a uniformes de policías en acciones operativas en el día a día.

“Está en el proyecto la adquisición de esa infraestructura que es muy importante para los policías que están trabajando en la calle todos los días”, dijo Riera a la1020 AM, al ser abordado sobre el tema.

Cabe indicar que existe una legislación que ya fue aprobada en el Congreso, pero que aún falta la reglamentación de la misma.

Por otro lado Riera dijo que el proyecto de las tobilleras electrónicas está en curso y próximo a ser implementado.

“Si todo sale bien debería licitarse en junio, están habilitados USD 3 millones que fueron autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para dar cobertura. Lo que se va a licitar es el servicio, no el aparato, el aparato puede cambiar pero el servicio nos va a permitir saber las 24 horas dónde está el agresor”, significó.

El sistema de las tobilleras permitirá dibujar un perímetro digital que emita una alerta si aquel que lo porta, abandona el límite establecido. A partir de este momento, la Policía Nacional tendrá a su cargo proteger a la madre y los hijos en los casos de antecedentes de violencia intrafamiliar y detener al agresor.