Concejales hacen otro intento por monopolizar estaciones de servicio

La Junta Municipal de Asunción vuelve a estudiar hoy el veto de la Intendencia a la ley que otorga el monopolio a dos grandes grupos de estaciones de servicio e impide la libre competencia a los demás participantes. Hay un dictamen de la Conacom y una resolución de la Corte en contra de la normativa.

Javier Pintos, Sandra Benítez, Federico Franco Troche, Julio Ullón, Alvaro Grau, Orlando, Elvio Segovia, Rodrigo Buongermini y Rossana Rolón son los concejales que mantendrían sus votos en contra del veto del Ejecutivo municipal, es decir, en rechazo a la libre participación de empresas en el rubro gasolinero.

La Ordenanza N° 326/2021 “Que establece la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales, destinados a su comercialización y actividades afines tiene dictamen negativo de la Comisión Nacional de la Competencia y también resolución contraria de la Corte Suprema de Justicia, en otras palabras, ambas instituciones rechazan la propuesta por inconstitucional.

El planteamiento pretende establecer arbitrarias reglas de juego como por ejemplo en cuanto a distancias mínimas entre locales nuevos y existentes y dispone requisitos como la ubicación en esquinas de avenidas con superficies mínimas.

El veto ya figuraba en el orden del día de la sesión de la Junta el jueves pasado, sin embargo, no pudo ser tratado por falta de números y fue derivado a comisiones para su estudio. Hoy se hará un nuevo intento por estudiarlo, aunque dos de los concejales que estaban a favor del monopolio, Fioroto y Alvarenga, ya cambiaron de postura.

A criterio de Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible esta ordenanza busca establecer todas las condiciones para que no exista una estación nueva que compita con las ya existentes, además de dictar precios e imponer las calidades que el usuario debe consumir.

Desde este gremio proponen estaciones con instalaciones ecológicas, tanques de doble pared, pozo de monitoreo y todas las condiciones para que sea una estación de servicio segura medioambientalmente.

 

Más de 2.300 nuevos casos positivos de COVID-19 y suman otros 76 fallecidos

El Ministerio de Salud reportó este miércoles 2.307 nuevos contagios de COVID-19 en el país y otras 76 muertes a causa de la enfermedad.

En su informe diario, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se procesaron 6.030 muestras, de las cuales 2.307 arrojaron resultados positivos al COVID-19.

Lamentablemente se registraron 76 nuevos fallecimientos a causa de la enfermedad, llegando a un total de 6.798 decesos en el país.

A la fecha se encuentran internados 3.140 pacientes, de los cuales 552 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Por otra parte, se registraron 1.889 pacientes recuperados, sumando así 239.165.

Con las nuevas cifras, el total de casos confirmados de COVID-19 en el país llega a 288.974 desde el inicio de la pandemia.

 

Incautan más de una docena de celulares en la Penitenciaría de Concepción

El Ministerio de Justicia informó que agentes penitenciarios realizaron este miércoles una requisa en la Penitenciaría Regional de Concepción, tras manejar informaciones de inteligencia sobre llamadas extorsivas que se habrían hecho desde el lugar.

El operativo que fue encabezado por el jefe de seguridad, se realizó sin ningún tipo de inconvenientes y permitió la incautación de 16 celulares y 13 armas blancas de fabricación casera.

“Recibimos información que los internos de éste lugar habrían estado realizando llamadas extorsivas, es por eso que estamos haciendo cateos aleatorios para desalentar esta práctica”, sostuvo el Director General de Establecimientos Penitenciarios, Antonio Bazán.

Los aparatos celulares serán entregados a la Policía Nacional, que a su vez remitirá a la Fiscalía para la investigación correspondiente.

La semana pasada en un operativo similar se incautaron dos celulares, cinco chips, anotaciones con números telefónicos y dos espadines de fabricación casera en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Encarnación.

 

Argentina pide a Paraguay investigar la muerte de las dos niñas en campamento del EPP

Argentina volvió a pedir este miércoles a Paraguay, durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que investigue la muerte de dos niñas en un enfrentamiento en septiembre de 2020 entre las fuerzas de seguridad y el grupo criminal Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).


Fuente: EFE

La delegación recordó en su intervención que las menores tenían nacionalidad argentina y reiteró el ofrecimiento a Paraguay "de poner a disposición el Equipo de Antropología Forense".

El Gobierno paraguayo rechazó en su día esa propuesta argentina..

Las dos menores fallecieron en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en un campamento del grupo criminal en los alrededores del pueblo de Yby Yaú, en Concepción.

El Gobierno paraguayo sostiene que las dos niñas eran hijas de líderes del grupo criminal y fueron criadas por otros familiares en Argentina.

Antes de que Argentina tomara la palabra, la delegación paraguaya, durante su exposición en el EPU, condenó la utilización de menores por parte de grupos criminales.

El encargado de exponer ante la ONU los avances de Paraguay en materia de Derechos Humanos, el viceministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Dos Santos, se refirió de manera velada a este caso cuando habló de la protección de la niñez y de la adolescencia.

"Paraguay enfatiza su repudio a la práctica deleznable de utilización y explotación de niños, niñas y adolescentes por grupos criminales, reafirmando su determinación de continuar el combate, investigación y sanción al crimen organizado, y de seguir colaborando abiertamente con los mecanismos internacionales de protección en este ámbito", recalcó el viceministro.

El pasado viernes, durante una audiencia pública organizada por la comisión de derechos del Senado, varios grupos civiles instaron al esclarecimiento de los hechos y solicitaron al Gobierno que volviera a reconsiderar el ofrecimiento del equipo forense argentino.

Representantes de algunas de las organizaciones proderechos humanos invitadas a esa audiencia denunciaron una inacción del Ministerio Público en la investigación de las muertes.

Volvieron además a poner de relieve el inmediato entierro de las víctimas y la quema de sus vestimentas, que la Fiscalía justificó por el protocolo bioseguridad para combatir el covid-19.

En el primer examen en la localidad de Yby Yaú, el forense fiscal determinó edades próximas a los 17 años, si bien un análisis posterior las estableció en 11 años.

Ello tras la exhumación de los cuerpos y una segunda autopsia en Asunción, después de que el Gobierno argentino comunicara esa edad y la nacionalidad de las víctimas.