El 11 de junio pasado, se confirmó la resolución de primera instancia, en la cual se condena al sanatorio San Roque, sucursal La Costa, por negligencia probada de los médicos que trabajan para este hospital.

El fallo de junio del 2020, ratificado en junio de este año, resuelve que el sanatorio debe indemnizar a César Martínez, viudo de la maestra Bertha Acosta, con G. 693.300.000, más el 1 % mensual desde la fecha del deceso, ocurrido el 21 de noviembre del 2014 cuando la paciente tenía 39 años.

El abogado Gerardo Acosta, hermano de la víctima, explicó a Gen que a nivel procesal, el juicio tenía dos objetivos: probar una relación de subordinación entre los médicos de guardia y el sanatorio y que el fallecimiento se produjo porque hubo una negligencia.

Ambos hechos fueron demostrados. En el primer caso, a través de varios elementos: los doctores cumplían horario, recibían indicaciones de la administración del sanatorio, utilizaban los equipos del hospital, entre otras cosas que prueban esta relación de dependencia y de subordinación entre las partes.

En cuanto a la negligencia en sí, también sobran evidencias. “Mi hermana falleció porque hubo negligencia en los procedimientos posteriores al diagnóstico de desprendimiento de placenta, se debía practicar una cesárea de manera inmediata, pero dejaron pasar 45 minutos”, explicó el abogado Acosta. Este tiempo perdido fue determinante en el fallecimiento.

Agregó que ni el médico que diagnosticó el desprendimiento ni los demás actuaron conforme al manual de la OMS que indica una intervención inmediata, para una práctica que no toma más de cinco minutos.

En esta causa, la defensa de la víctima recurrió netamente a lo civil, atribuyendo la responsabilidad institucional al sanatorio y no la culpabilidad individual y penal a los médicos que trabajan allí.

Bertha Acosta, bailarina, coreógrafa y maestra de danza, madre de cuatro niñas, ingresó al sanatorio el 21 de noviembre del 2014, con un cuadro de presión alta y con 39 semanas de gestación. Tristemente, aquella noche falleció, al no recibir a tiempo una cesárea, según se comprobó en juicio.

Un caso similar pendiente de resolución, pero con responsabilidad penal, es el del niño Renato, en donde también se investiga una negligencia.

En junio pasado, la agente fiscal Luz Guerrero, acusó a la médica Laura Sena Figueredo por el supuesto hecho punible de Homicidio Culposo, en relación a la muerte del niño Renato Rojas Talavera de 2 años, en el Sanatorio Migone. Se solicitó juicio oral y público.

La agente fiscal Ruth Karina Benítez imputó por presunta manipulación de graficaciones técnicas y producción de documentos no auténticos a Ángel Pastor Almirón Acha (37).

Este sujeto es propietario del taller mecánico allanado en la noche del viernes en la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, en el marco de una investigación por supuesta adulteración de chasis.

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Durante el procedimiento, los intervinientes hallaron diversos camiones de gran porte que tenían borrado el número de chasis original, aparentemente para poder revenderlos en el exterior.

Así también, se incautaron chapas vehiculares vinculadas a camiones robados en Brasil, que habrían sido reidentificados con documentación fraudulenta para su circulación en territorio paraguayo.

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La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del dueño del taller, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción de la investigación debido a la ubicación fronteriza del caso.

Uno de los involucrados en este esquema sería Roberto Merardo Almirón Acha, conocido dirigente camionero y hermano del detenido, quien logró darse a la fuga previo a la intervención fiscal y policial. El mismo actualmente permanece prófugo de la justicia.

Tania Zárate y su esposo se dirigían al Hospital de Clínicas a bordo de su vehículo cuando tuvieron un roce accidental con un motociclista, al momento de esquivar un bache sobre la avenida Mariscal López.

“Escuchamos que se cayó y nos quedamos para asistirle. Como vimos que no tenía una herida grave, mi esposo le dijo que iba a entrar para dejarme en el hospital y luego volvía”, comentó la mujer en entrevista con C9N.

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Posteriormente, la pareja ingresó con su automóvil, un Mitsubishi Lancer GLX color gris, al estacionamiento del hospital, donde debían internar a su hijo de 5 años para ser sometido a una intervención quirúrgica.

En ese interín, el motociclista decidió seguir al rodado e ingresar al predio del nosocomio, donde amedrentó al automovilista con quien minutos antes tuvo el roce, pese a la promesa de ir junto a él después de dejar a su esposa e hijo.

En los minutos en que el conductor fue junto a su pareja dentro del hospital, esta persona -cuya identidad aún se desconoce- decidió provocar sendos destrozos a su automóvil que había quedado en el estacionamiento de Clínicas.

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“Una persona nos avisó que estaban rompiendo nuestro vehículo y, cuando vine, ya se había ido de acá”, afirmó Zárate. Su automóvil quedó con los vidrios completamente destruidos y los neumáticos pinchados, además de varias abolladuras en la carrocería.

La denuncia del hecho ya fue radicada ante la Policía Nacional y las víctimas ahora aguardan acceder a una copia del circuito cerrado del centro asistencial, de manera a tratar de identificar al responsable de los daños.

Dos niños de 12 y 14 años, respectivamente, anoche fueron víctimas de un atentado en la vía pública, específicamente en la calle Tte. Martínez del barrio San Blas de Limpio.

Estos menores se dirigían a la despensa cuando un personal militar, identificado como Gabriel Britez Ortigoza, de 40 años, efectuó algunos disparos en su contra.

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“Cuando pasaron corriendo, les salió el militar y les jugó un tiro con su arma de fuego. Después les siguió otra vez diciéndoles que se queden y les jugó otro tiro”, comentó al canal C9N el Suboficial Néstor Cubilla.

El acusado se desempeña como Suboficial de Sanidad del Departamento de Logística de Mariano Roque Alonso y utilizó su arma reglamentaria para efectuar estos disparos que, por fortuna, no lograron herir a los menores.

Al percatarse de lo ocurrido, un vecino de nombre Gustavo Sanabria decidió salir en auxilio de las víctimas, logrando sujetar al uniformado antes de que continúe disparando y evitando así una tragedia.

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Personal de la Comisaría 9na Central de Limpio, con apoyo de agentes del Grupo Lince, finalmente procedieron a la detención de Britez, quien previamente los amenazó con su arma. El mismo fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando un resultado positivo de 1,151 mg/L.

En su poder incautaron un revólver calibre 357 con dos cartuchos percutidos y cuatro sin percutir, además de una pistola 9mm de la marca Radom, menciona el informe.