El hecho se remonta al 12 de febrero del 2015, cuando Miguel Ángel González Cristaldo se encontraba en la habitación con su esposa, Ángela Villalba y ambos empezaron a discutir.

Posteriormente ella tomó un arma de fuego y disparó al techo, luego se apuntó sí misma en la cabeza y realizó el segundo disparo, con el cual se quitó la vida, sin que el hombre haga nada para evitarlo, ante la temerosa mirada de su hija de siete años.

“Son dos momentos, uno en el cual él incitó al suicidio y en segundo que él no impidió que ejecutara dicho acto”, comentó la fiscal de Ciudad del Este, Liliana Duarte, en contacto con la 970 AM.

Agregó que en total fueron ocho años de violencia, en los cuales el condenado sometía a constantes maltratos a su mujer, quien no soportó y se quitó la vida.

Cristaldo fue sentenciado a tres años de cárcel por no impedir el suicidio su esposa. Además, lo condenaron a dos años de cárcel por violencia doméstica contra la misma víctima.

No obstante, permanecerá bajo arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.

En la plaza Agustín Fernando de Pinero iniciaron hoy las inscripciones a Cimefor para la sede del Regimiento de Infantería, para hombres y mujeres entre 17 a los 25 años. Los menores deben tener autorización de sus padres.

“Un fenómeno nuevo que está sucediendo, el interés masivo de las mujeres, tienen un reclamo histórico sobre la instrucción militar, siempre están reclamando por qué no pueden realizar la misma actividad. Hay mucho entusiasmo, expectativa”, comentó al canal Gen-Nación Media el comandante de Cimefor, Cnel. Rolando Acosta.

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Las inscripciones están habilitadas hasta el 31 de diciembre para un cupo de 100 lugares y el curso comienza el 2 de enero. El coronel reveló que se están anotando más mujeres que hombres.

El 25 de noviembre pasado, en conmemoración de la lucha contra la eliminación de la violencia contra la mujer, el presidente Santiago Peña firmó el documento que autoriza el ingreso de mujeres a Cimefor, un hecho inédito.

José Cabrera Cordero, coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), indicó al canal GEN que se estima que unas 80 personas se salvaron de lo peor tras la utilización de la rampa de frenado.

La rampa opera mediante un doble mecanismo de frenado:

1. Gravitacional, aprovechando la inclinación ascendente de la estructura para reducir la velocidad del vehículo.

2. Por fricción, con una capa de 50 centímetros de grava triturada que detiene el avance de manera suave, evitando daños al vehículo y protegiendo a los ocupantes.

“Es un sistema diseñado con un 25% adicional de coeficiente de seguridad, basado en normativas nacionales y estándares internacionales”, explicó Cabrera.

Servicio gratuito y accesible

Una de las preocupaciones planteadas en redes sociales es el supuesto costo asociado al uso de la rampa. Cabrera desmintió esto, aclarando que el servicio es completamente gratuito, incluyendo el retiro del vehículo con una grúa especializada para transporte pesado.

“No hay ningún cobro por utilizar la rampa. Forma parte del servicio de seguridad vial de la concesión de la Ruta PY02″, aseguró.

Por otro lado, el funcionario enfatizó la importancia de la educación y la responsabilidad tanto de conductores como de empresas transportistas. “Muchos incidentes se podrían evitar con un mantenimiento adecuado de los frenos y el uso correcto de las marchas en pendientes pronunciadas”, señaló. Además, recordó que la ley exige que los camiones circulen exclusivamente por el carril derecho en tramos con más de un carril, para facilitar el acceso a la rampa en caso de emergencia.

¿Habrá más rampas de frenado?

Por ahora, la rampa de Pedrozo es la única de su tipo en Paraguay. Sin embargo, el MOPC evalúa constantemente las rutas nacionales para identificar puntos críticos donde podrían implementarse medidas similares.

“La ubicación actual fue seleccionada tras un análisis exhaustivo, ya que la pendiente y el volumen de tráfico la convierten en una zona de alto riesgo. No obstante, seguimos monitoreando otras áreas para futuras instalaciones”, concluyó Cabrera.

Este ilícito consiste, básicamente, en una maquinaria de “apriete” a personas que contraen deudas, y que implica la coordinación de empresas (casas comerciales, financieras, usureros, etc) con jueces, para acelerar y despachar rápidamente, juicios por cobros compulsivos. Todo ello a cambio de ‘comisiones’ brindadas a magistrados y funcionarios que participan del circuito judicial.

Por resolución Nº 1739, firmada ayer, el Consejo de Superintendencia, decidió la ejecución de la auditoría, “a efectos de constatar la existencia o no de eventuales irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos, así como la identificación de presuntos responsables”, subraya una parte del documento.

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La auditoría se hará extensiva a los juzgados de paz de la Catedral 1º y 2º turno; San Roque y La Encarnación. Asimismo la máxima instancia judicial pidió a la Contraloría el estudio de correspondencia de bienes de los jueces de paz de Capital: Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta y Elvira Franco. La pesquisa incluye a los ujieres y demás funcionarios.

El Consejo de Superintendencia de la Corte, lo integran los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón.

Una arista que saltó al tapete con revelaciones de la mafia de los pagarés, hace alusión a la ostentación exhibida por los presuntos implicados (magistrados y funcionarios judiciales) en la trama ilícita ventilada. Viajes a países europeos y del Caribe, costosos vehículos y viviendas, todas sin aparente correspondencia con los ingresos que perciben y declaran oficialmente.