La fiscal Gladys Torales de Ovelar representó al Ministerio Público en un juicio oral y logró la condena de un hombre a 15 años de pena privativa de libertad por el abuso sexual de dos niñas, nieta y sobrina de 4 y 5 años de edad respectivamente.

El debate público concluyó este viernes 17 de marzo en el Poder Judicial de la capital del departamento de Caaguazú.

Según los antecedentes, las agresiones sexuales se produjeron en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Santa Lucía de Coronel Oviedo, donde el abusador residía con varios miembros de su familia.

El hombre las invitaba a jugar y ver televisión en su dormitorio, y con la excusa de jugar a las cosquillas procedía a manosear a las niñas en la zona genital, hecho que se produjo en reiteradas ocasiones, cada vez que se reunía la familia en el domicilio del acusado, y luego de tomar conocimiento de los hechos los padres de las víctimas formularon la denuncia el 9 de mayo de 2022.

Una de las niñas comentó a su madre que no se sentía a gusto con el juego de su tío, indicando a su progenitora en qué consistía el juego de las cosquillas, que su tío la sentaba en su regazo e introducía su mano dentro de su short para hacerle cosquillas en la zona genital, relatando que su primita también participaba, esta última al ser consultada por sus padres confirmó el hecho, resaltando que en varias ocasiones su abuelo introducía su mano dentro de su ropa para tocarla en la zona genital además de mostrar a la niña sus partes íntimas.

Luego, las madres de las víctimas radicaron la denuncia, y la Fiscalía inició las primeras diligencias tendientes al esclarecer el caso, como ser la inspección física y ginecológica de las pequeñas. Además, de la evaluación psicológica de las mismas por parte de una profesional del Centro de Atención a Víctimas.

Asimismo, se tomó las declaraciones de las menores en la Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, que fueron determinantes para obtener la condena del abusador. El Tribunal de Sentencia que dictó el fallo estuvo conformado por los magistrados Fernando Torres Marzano, Lilian Godoy de Segovia y Luis Ovelar.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.