Este viernes se desarrolló la lectura de la sentencia en el marco del juicio oral y público contra el expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Justo Pastor Cárdenas.

El tribunal integrado por los jueces Emanuel Aguirre, Rossana Maldonado y Blanca Gorostiaga resolvió condenar a cuatro años de pena privativa de libertad al exfuncionario público, acusado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

De igual manera, se dispuso el comiso especial de diversos bienes por valor de G. 3.200 millones, a pedido del Ministerio Público, que estuvo representado por los fiscales Natalia Fuster y Jorge Arce durante el juicio.

Según la investigación encabezada por la Fiscalía, Cárdenas adquirió bienes con dinero proveniente del enriquecimiento ilícito a través de sus hijos para evitar ponerlos a su nombre.

Entre los bienes comisados, se encuentran: un departamento en el Edificio Balcones del Parque (USD 196.000), un inmueble en el barrio Loma Merlo de Luque zona Rakiura (G. 250.000.000), acciones en la firma Agroindustrial Ganadera JPC S.A. (G. 600.000.000) y la suma de USD 180.700 depositados en la sucesión de la señora Elisa Nunes de Cárdenas, madre del acusado.

Por otra parte, el Ministerio Público analizará las absoluciones por duda de los hijos de Justo Cárdenas resueltas por el Tribunal, una vez que se tenga acceso a la sentencia en formato papel el día 16 de abril de 2021.

En la jornada de ayer se produjo la aprehensión de Carlos Daniel Medina Garcete, de 27 años, y Deisy Carolina Rojas Cardozo, de 33 años, en la ciudad de Capiatá.

Estas dos personas fueron descubiertas en una feria de ropas, intentando adquirir varias prendas de vestir con billetes apócrifos.

Al momento de querer abonar por las prendas seleccionadas, pasaron algunos billetes de G. 100.000 a la vendedora, quien se percató de la irregularidad.

Al recriminarlos por la situación, ambas personas intentaron darse a la fuga, aunque acabaron siendo detenidos por la Policía Nacional tras una persecución.

La fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal Nº 1 de Capiatá, este miércoles formuló imputación contra Medina y Rojas por el hecho punible de circulación de monedas no auténticas.

A la par, Medina también fue acusado por exposición al peligro en el tránsito terrestre, ya que intentó darse a la fuga sin contar con licencia de conducir.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías, mientras prosigue la investigación sobre la procedencia de los billetes falsificados.

En un acto celebrado ayer en el Colegio Ysaty de Asunción, autoridades y miembros de la comunidad educativa participaron del lanzamiento del proyecto “Jóvenes Conectados”.

Se trata de una interesante iniciativa impulsada por el MEC, con respaldo del sector privado, que pretender brindar herramientas digitales y contenidos estructurados a estudiantes del Nivel Medio.

El objetivo, según explicó el ministro Luis Ramírez, es llegar a 30.000 estudiantes del Tercer Año del Bachillerato Científico, a través de una serie de capacitaciones virtuales.

La propuesta contempla un aprendizaje virtual combinado con acompañamiento del docente en clases, con acceso a cursos a través de la popular plataforma Coursera.

La finalidad es que los alumnos puedan adquirir conocimientos sobre áreas que poseen alta demanda laboral en la actualidad, como programación, inteligencia artificial, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, entre otros.

La capacitación se realizará mediante 16 rutas de aprendizaje especialmente diseñadas para fortalecer las competencias digitales y técnicas de los estudiantes, además de la licencia que permite el acceso a 900 cursos, incluyendo certificaciones profesionales, precisó el titular del MEC.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de la fecha, aprobó la acordada que amplía la aplicación de las tobilleras electrónicas.

A propuesta de la ministra María Carolina Llanes, el uso de estos dispositivos de control se extiende a localidades que forman parte de las circunscripciones del Área Central.

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Asimismo, los jueces competentes también podrán autorizar su colocación en procesos penales que corresponden al fuero especializado en delitos económicos.

La disposición vigente hasta el momento indicaba que solo se podían utilizar las tobilleras en la jurisdicción de la ciudad de Asunción y específicamente para casos de violencia familiar.

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Con la resolución adoptada hoy por el pleno de la máxima instancia judicial, se modificará esta limitación para poder tener un mayor alcance en la aplicación de estos dispositivos, cuyo monitoreo está a cargo de la Policía Nacional.

Cuatro personas ya fueron beneficiadas hasta el momento con el uso de tobilleras electrónicas, conforme a los datos brindados por el Sistema 911.