Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central de Salud, en entrevista con ABC Cardinal confirmó que en las últimas semanas se vio un aumento de más del 30% en cuanto a solicitudes de test de COVID-19.

Esta situación podría deberse tanto a los casos con síntomas de la enfermedad como por los varios casos de contacto con contagiados que se han producido, según refirió.

En la última semana se ha tenido un aumento de positividad de las muestras del 24%, confirmó la profesional a la 730 AM.

Aquino también resaltó que, a la par, se ha visto el aumento en el número de pruebas de COVID-19 en coincidencia con los viajes de fin de año, teniendo en cuenta que es un requisito exigido para salir del país.

Sobre la cantidad de casos probables de Ómicron, la responsable del Laboratorio Central de Salud dijo que ahora ya son más de 50 muestras las que están siendo analizadas para confirmar o descartar que se trate de dicha variante, de las 46 que se había anunciado en principio.

“Está aumentando la cantidad de muestras de probable Ómicron”, agregó.

Viendo el escenario de otros países del mundo donde la variante Ómicron ha impactado con fuerza, Aquino considera que también en Paraguay se verá un aumento en el número de casos positivos de COVID-19, aunque los síntomas suelen ser más leves.

La propuesta tuvo origen en la Cámara de Senadores y luego del visto bueno de la Cámara de Diputados, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Legisladores que se manifestaron a favor de la propuesta señalaron que la sanción marcará un hito, pues será el primer convenio tributario de este tipo entre Paraguay y un país miembro de la Unión Europea, lo que contribuirá al comercio entre los países.

El diputado colorado Juan Manuel Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomendó la aprobación de la iniciativa, teniendo en cuenta que este convenio facilitará la recepción y la promoción de las inversiones extranjeras.

“El presente convenio tiene por objeto evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; y de esa manera facilitar el comercio transfronterizo y la inversión”, manifestó el legislador.

El fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

Un Tribunal condenó hoy a la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, a 4 años de pena privativa de libertad y a su esposo José Costa Perdomo, a 3 años 9 meses de cárcel, por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000.

Los encausados formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del Covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.

El Colegiado dispuso que Samudio y su marido deban presentar en el lapso de un mes, una fianza de 400 millones de guaraníes cada uno en el marco de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. En principio de la causa, la caución era de 50 millones de guaraníes, y fue aumentada a la suma actual ante un eventual peligro de fuga.

La Dinavisa emitió una nueva alerta sanitaria tras recibir reportes de otras agencias internacionales, en este caso puntual, de la Anvisa de Brasil y de la FDA de Estados Unidos.

La advertencia guarda relación sobre casos de falsificación de toxina botulínica Botox 100U (toxina botulínica A), utilizado en el ámbito de la cirugía estética.

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Desde el año pasado hasta la fecha, se han identificado unidades adulteradas o falsificadas de los lotes: C7746C3 (val. 04/2025); C7211C4 (val. 08/2026); C3709C3 (val.05/2025); C6835C3 (val. 10/2024 y 12/2024); y C7654C3F.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) logró detectar versiones falsificadas e inseguras de Botox en varios estados y que llegaron a ser administradas a varias personas con fines cosméticos.

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Los síntomas en caso de recibir este tipo de productos adulterados incluyen visión borrosa o doble, dificultad para tragar, boca seca, estreñimiento, incontinencia, dificultad para respirar, debilidad y dificultad para levantar la cabeza después de la inyección, entre otros.

Dinavisa confirmó que, hasta el momento, no cuenta con registros sanitarios vigentes para la marca del mencionado producto, aunque de igual manera decide emitir esta alerta para poner en conocimiento a la población, principalmente a médicos cirujanos y pacientes.