El pasado 12 de abril el juez penal de Garantías, José Agustín Delmás, había firmado la orden de extradición de Hijazi, pero esa resolución fue apelada por la defensa del extranjero, con una apelación general, ahora los camaristas señalaron que lo dispuesto por el juez Delmás no es fruto de un juicio oral y público, por lo que no corresponde la apelación general. Se recuerda que la extradición es un proceso diferente al del juicio oral y por eso se rechaza la apelación, confirmando la resolución del magistrado Delmás.

De esta manera Kassem Mohamad Hijazi, debe ser enviado a los Estados Unidos donde es requerido por la justicia, apunta la resolución del Tribunal de Alzada.

Hijazi fue detenido el 24 de agosto del año pasado en Ciudad del Este y fue traído hasta Asunción para ser sometido al proceso de extradición. En la audiencia de reconocimiento Hijazi, se negó a someterse a una extradición voluntaria, por lo que se inició el proceso de extradición que terminó en abril pasado y que fue apelado.

Hajizi afrontará cinco cargos en Estados Unidos, entre ellos lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y por lavado de dinero internacional, que se hizo entre los años 2018 y 2020.

El economista Ramón Ramírez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, será el encargado de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo confirmó en entrevista con Universo 970 AM de Nación Media.

“Recibí el llamado del presidente, quien me solicitó liderar este trabajo y conversamos sobre la línea estrictamente técnica”, expresó.

Ramírez comentó que ya tiene experiencia de trabajo con el presidente Santiago Peña, ya que ambos coincidieron en el Ministerio de Hacienda tiempo atrás.

En el caso de Asunción, la intervención estará a cargo del Dr. Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ambos se encuentran a la espera de la firma del decreto para entrar en funciones con sus respectivos equipos.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.