El jefe Antisecuestros, Nimio Cardozo, destacó en entrevista con la 780 AM que entre las evidencias recolectadas de los chalecos de los epepistas abatidos no se hallaron indicios sobre el paradero del secuestrado Óscar Denis, aunque resaltó que sigue pendiente que sean inspeccionados los celulares y otros elementos encontrados en poder de los guerrilleros muertos.

Lo que sí pudo confirmar fue que se constató que el EPP fue el autor del asesinato del peón Daniel Benítez Acosta (51), trabajador de la estancia Nelly Victoria, en Bella Vista Norte, Amambay, el pasado 1 de octubre.

Cardozo detalló que cinco días después del secuestro del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, la FTC recibió la información de que estaba desaparecido un trabajador de la estancia perteneciente al ganadero y expolítico Pablino Mendoza. Acotó que esta estancia ya hacía sido atacada en el pasado por los epepistas.

“Según los familiares de la víctima, el peón salió a hacer control por uno de los linderos pero ya no volvió más. Entonces envié gente y el cuerpo fue encontrado al otro día y vimos que murió a golpes. Según el médico forense se utilizó un material contundente (le destrozaron la cabeza)”, comentó el uniformado.

Si bien en un principio se presumió como un caso aislado, ya que el EPP acostumbra a ajusticiar y fusilar, no se descartó que sea el grupo en cuestión el responsable del crimen porque había informes de inteligencia que hacían suponer que los guerrilleros estaban allí tras el secuestro. “Lo que no nos cerraba era que muriera a garrotazos y no con un arma de fuego, era la única variable que no nos cerraba en el análisis”, dijo sobre el punto.

El jefe Antisecuestros indicó que a su parecer este asesinato fue cometido en un momento de desesperación y que confirma que los epepistas comenzaron a salirse del manual. “No tienen el mismo patrón y hacen otras actividades, y ahora todos los casos que vayan apareciendo serán investigados de otra manera y ya no serán casos aislados”, anunció.

En otro momento, sobre el caso de Óscar Denis, el entrevistado dijo que no hubo un pedido de dinero para la banda criminal, sino que solo alimentos para las organizaciones indígenas y campesinas, por lo que siguen analizando si es un secuestro o una privación ilegítima de libertad. “En otros casos hubo canales de negociación o directamente pedidos expresos de dinero. Este no fue un secuestro con fines económicos”, acotó.

Por otra parte, Cardozo reconoció que no se tiene conocimiento que los malvivientes reciban apoyo político tras Patria Libre, pero que sí hay organizaciones de otros países (Argentina, Venezuela, Colombia y España) que apoyan al EPP propagandísticamente. “Es como una hermandad, tienen afinidad entre ellos, se solidarizan y buscan los canales de comunicación”, dijo sobre cómo tienen contacto.

Así también indicó por último que hubo muchos integrantes que desertaron del grupo criminal y que actualmente viven en Argentina.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.