En octubre del 2015, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) estableció en la resolución 166 que todas las instituciones deben ser habilitadas por este órgano para que puedan ofrecer carreras de grado y posgrado a alumnos interesados. Es decir, las casas de estudio no podrán ofrecer carreras de grado ni de posgrado si no tienen la habilitación del consejo.

También explicaba que en dos años iba a ser efectiva la medida por lo tanto, si en el 2015 habían instituciones con carreras no habilitadas, tenían más de 730 días para ponerse en regla.

Cumplidos los dos años y, a partir de la resolución, se fue cerrando una serie de instituciones educativas cuyas carreras -principalmente médicas- no estaban habilitadas por el Cones, lo cual generó una serie de inconvenientes tanto entre los alumnos, que no querían perder las clases y los rectores de las universidades afectadas.

Sorpresivamente, el 26 de abril de 2017, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Míryam Peña, Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad promovida por las universidades Leonardo Da Vinci, Unichaco, Central del Paraguay, Del Sol y Autónoma San Sebastián de San Lorenzo. Argumentaron que el Cones atenta contra los artículos 14, 79 y 137 de la Constitución Nacional.

Con la acción, según explicó a HOY Digital el secretario de la Sala Constitucional de la Corte, Julio Pavón, se suspenden los efectos de la resolución del Cones hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Es decir, si la Corte se ratifica en la acción, las universidades podrán ofrecer sus carreras sin estar habilitadas por el Cones pero si tienen un fallo desfavorable, se impondrá lo que el consejo estableció.

El rector de la Universidad Leonardo Da Vinci, Washington Torreani, expresó a la 970 AM que está de acuerdo con lo establecido por el Cones pero que en su casa de estudios no tienen carreras médicas. Dijo que para interponer la acción recurrieron a un abogado constitucionalista y, según consideran las universidades afectadas con el veto del Cones, dijo que una resolución no puede tener efectos retroactivos.

Al respecto, el secretario general del Cones, Derlis Noguera, dijo a la 1020 AM que el consejo va a acatar lo dispuesto por la Corte, esperando que se resuelva de fondo la cuestión. Indicó que las universidades van a funcionar normalmente y dijo que están confiados en que los ministros tendrán en cuenta todo lo realizado por el estamento.

El conflicto generó descontento en las universidades que están en regla. Tanto es así que la Autónoma de Asunción, del Pacífico, la Católica, la UCSA, la Columbia, la Iberoamericana, la San Carlos, la UPA y la Americana, lanzaron un comunicado en el cual dejaron sentada su manifestación en contra de lo resuelto por la Corte.

“Nos encontramos con que, nuevamente, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgan medidas que permiten a quienes no cumplen con la ley, puedan seguir operando ilegalmente”, expresa.

Hasta tanto la Corte no resuelva la cuestión de fondo, las universidades de garaje podrán seguir operando.

José Ocampos, actual titular de Capasa, explicó que el pasado jueves realizaron un inesperado arqueo en caja para constatar en físico un dinero que figuraba en el balance.

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Grande fue la sorpresa cuando exigieron a los responsables del área de Tesorería la llave de la caja fuerte y estos manifestaron que no la tenían en la oficina, sino en sus casas, por lo que, se retiraron para ir a buscarla.

Ante la llamativa demora de los funcionarios, se convocó a una escribana pública, auditoria, un cerrajero y a la propia Policía.

Ocampos comentó a la radio 1020 AM que, finalmente, en horas de la tardecita su pudo abrir la caja y descubrieron la inexistencia de 325 millones de guaraníes, solo encontraron 23.500 guaraníes. El hecho fue denunciado inmediatamente ante el Ministerio Público.

“Una sola persona era el encargado directo. Como se trata de un delito de acción penal pública, fruto de esto las investigaciones van a llegar a lo que todos presumimos y sabemos, que una sola persona no pudo ser participe de todo esto, confiamos en que todo se va a dilucidar”, expresó el titular de Capasa quien, además, agregó que hoy se devolvió el 60% del dinero.

Unos 200 millones de guaraníes fueron devueltos por un abogado, representante del encargado de Tesorería. Según expresó José Ocampos, se comprometieron, a través de una escritura pública, a devolver el resto del dinero la próxima semana.

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El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, a cargo de la investigación, informó que el hombre hallado muerto, el pasado domingo 14 de abril; fue identificado como Luis Estigarribia Duarte, de 29 años.

El mismo es oriundo de la localidad Mbaracayú (Departamento de Alto Paraná), según reportes de la Policía Nacional.

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La representación fiscal, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a sus familiares y proceder a la entrega del cuerpo que permanece en la Morgue Judicial.

La vocera del Gobierno, Paula Carro, informó acerca de la primera reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) e indicó que el plan Hambre Cero es la máxima prioridad del presidente de la República.

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Adelantó que el proyecto pretende ser implementado en muchos distritos del país tras el receso de invierno, es decir, a partir de julio aproximadamente.

Actualmente, están ajustando todos los detalles para que pueda ser ejecutado tal como indica el plan en las instituciones públicas de los 22 municipios seleccionados por ser los más vulnerables del país.

En la reunión de hoy del CONAE, el Ejecutivo pidió acelerar la reglamentación de la Ley 7.264/24, que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas” y para la semana que viene está prevista una nueva reunión donde serán invitados los gobernadores.

La vocera Carro reiteró que los programas ejecutados con recursos del fondo ahora derogado no quedarán desfinanciados. Entre ellos se encuentran el de Arancel Cero, el fondo de Salud y recursos para proyectos de investigación y educación.

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