La Junta Municipal de Asunción y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) impulsan una nueva campaña de concienciación que apunta a reducir las basuras generadas durante los espectáculos deportivos de concurrencia masiva.

Bajo el lema “Con la basura no se juega”, ambas entidades unieron fuerzas para instar a los aficionados a utilizar correctamente los basureros y evitar arrojar los desperdicios en la vía pública, tal y como sucede frecuentemente en este tipo de encuentros deportivos.

Varios funcionarios de la Dirección de Servicios Urbanos de la comuna capitalina estuvieron apostados este domingo en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco para llevar a cabo la labor operativa de limpieza y concienciación. La actividad estuvo acompañada por el presidente de la Junta Municipal de Asunción, Óscar Rodríguez.

Según cálculos, aproximadamente 5 toneladas de basura son recolectadas luego de cada partido, más aún en aquellos de masiva afluencia de público como el Superclásico.

Como parte de esta campaña, los jugadores de Cerro Porteño y Olimpia ingresaron al campo de juego con una botella de plástico vacía que posteriormente arrojaron dentro de un tacho de basura.

La iniciativa contó con el apoyo de ambos clubes de fútbol además de Visión Banco.

Gran ejemplo de los atletas!

Cuidemos nuestra casa, nuestros barrios, nuestros estadios.
Arrojemos la basura en su lugar. #ConLaBasuraNoSeJuega pic.twitter.com/s2fV5bvG05

— APF (@APFOficial) 4 de noviembre de 2018

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y expresaba que los dispositivos sean costeados por los procesados, sin embargo, ese punto fue modificado en Diputados donde se determinó que es el Estado el encargado en costear.

Ese mismo punto fue motivo de debate desde el 2017, año en el que fue promulgada la ley, pero no era posible aplicarla.

Las tobilleras serán implementadas con la finalidad de mejorar el sistema de control para aquellos que cuentan con prisión domiciliaria. Está destinado para se utilizado de manera general, no solo con feminicidas.

Según el ministro del Interior, Enrique Riera, existen los recursos para un plan piloto para el uso de las tobilleras, por lo que, había destacado la importancia de avanzar con la reglamentación.

La inversión inicial para el plan piloto es de de USD 3 millones e implicaría la compra de un mínimo de 100 y un máximo de 3.000 dispositivos.

“Hasta el momento se reporta una PPL fallecida de nombre Pedro Javier Cabañas Florenciano”, informó el Ministerio de Justicia.

La cartera estatal indicó además que la situación en la penitenciaría de está controlada y agentes penitenciarios proceden en este momento a una requisa en los diferentes pabellones.

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Disparos al interior del penal de Pedro Juan Caballero movilizó a policías y militares de la ciudad, encendiendo la alerta de las autoridades.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión.

🚨 AHORA | Reportan un violento enfrentamiento entre miembros del Clan Rotela y el PCC en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero.

📌 Informes indican que habría dos fallecidos. Ya fueron enviados refuerzos policiales y antimotines en el lugar.

📻 #Universo970AM pic.twitter.com/NJY6EBe4Vb

— Universo 970 AM (@Universo970py) April 24, 2024

Los magistrados Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Darío Báez dieron lugar al pedido de la defensa del exlegislador y declararon la extinción de la acción.

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La decisión fue tomada teniendo en cuenta la devolución del monto por el cual el exlegislador de Ybycuí fue imputado y la reparación social.

Cabe recordar que Rivas fue procesado por estafa al Estado. Según las denuncias, colocó a tres de sus caseros como funcionarios de la Cámara de Diputados desde junio del 2016 hasta febrero del 2017, por un monto de G. 45 millones.

Según informan, el exdiputado devolvió en total G 47.000.000, una suma superior por la cual fue procesado en cuanto a intereses.

En el marco de la causa, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de ejecución de la condena y deberán reparar los daños causados al Estado paraguayo.