Ambos gremios, conjuntamente, solicitaron a través de un comunicado medidas transitorias al Banco Central del Paraguay (BCP), entre ellas que las entidades financieras dejen de considerar a las pérdidas comprobables que deriven de lo anteriormente señalado como “debilidades financieras transitorias”, ni como “dudas razonables sobre reembolso de créditos”, a los efectos de la clasificación de riesgo. 

Las empresas constructoras piden tener presente que la construcción es el sector más dinamizador de la economía, que emplea a unas 300.000 personas de forma directa, y que cuando su desempeño se ve afectado, con él se afecta severamente a toda una cadena de suministro compuesta por industrias y empresas de servicios, que a su vez emplean a otros miles de compatriotas, asegurando el sustento para sus familias. 

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En tal sentido, recuerdan que el crédito es el principal sistema de apalancamiento financiero con que cuentan las empresas, y que sería injusto -por decir lo menos- que la calificación de las mismas frente a los bancos se viera afectada por un incumplimiento originado en el Estado, cuya deuda este año con las empresas constructoras alcanzó los 400 millones de dólares aproximadamente, causando un impacto negativo en el empleo de mano de obra. 

Resaltan además que la demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del Estado tuvo un efecto que se extendió a los proveedores en general, viéndose demorados los pagos debidos por las empresas constructoras, y sometiendo a un estrés financiero a toda la cadena de provisión. 

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“Tanto Capaco como Cavialpa consideran que con una medida similar a la que en su momento el BCP aplicó al sector productivo  -golpeado por la sequía- se podrá evitar una recategorización negativa de las empresas a las que adeuda el Estado, y con ello, evitar que se consolide un nuevo embate al sector de la construcción, que más empleo genera entre todos los sectores económicos”, subraya el comunicado.

El presidente de la República y el ministro de Educación y Ciencias esta mañana acudieron a los depósitos de la empresa Unión Guarany, a fin de verificar el proceso de recepción de útiles escolares.

Funcionarios de la citada firma, con sede en San Lorenzo, se encargarán de la revisión de cuadernos, lápices, borradores, marcadores y otros artículos que formarán parte de los kits escolares a ser entregados a miles de alumnos.

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Para el ciclo lectivo 2026, se espera beneficiar a 1.488.462 estudiantes de instituciones de gestión oficial y privada subvencionada, superando la cantidad del año en curso.

De acuerdo al informe proveído por el MEC, en total se distribuirán 20.164.721 útiles, organizados en 25 ítems y 23 tipos de kits, previendo abastecer a 78.078 secciones educativas (desde preescolar hasta educación inclusiva).

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Unos 5.003.004 materiales educativos serán recepcionados en esta ocasión, con 49 ítems de cuadernillos diseñados para preescolar, Educación Básica (1°, 2° y 3° ciclos) y Educación Media, con contenidos actualizados.

La distribución se llevará a cabo en seis fases para cubrir todo el territorio nacional, incluyendo la Zona Chaco, Región Norte, Región Este, Región Sur, Región Centro y la zona de Capital y Central.

La jueza Rosarito Montanía suspendió las visitas a Giannina García Troche por presunto mal comportamiento dentro de la cárcel militar de Viñas Cue.

Se trata de una sanción disciplinaria de 5 días, tiempo en el que no podrá recibir ninguna visita de sus familiares.

La esposa del prófugo Marset destruyó las cámaras de seguridad de su lugar de reclusión además de amenazar con suicidarse.

Hace apenas dos días, la uruguaya fue dada de alta en el Hospital Militar donde estuvo internada en terapia luego de perder el conocimiento, producto de una serie de convulsiones que sufrió dentro de su celda.

La sanción también alcanzó a los abogados de García, quienes fueron emplazados para reponer las cámaras dañada por la uruguaya.

La suscripción estuvo encabezada por el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano y el embajador japonés Katsumi Itagaki, con acompañamiento del sector privado y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio.

El ministro Javier Giménez definió la firma como un punto de inflexión para la economía paraguaya, al destacar que el tratado representa mucho más que el cierre de décadas de negociaciones bilaterales.

Señaló que Paraguay se posiciona ahora con una oferta más sólida para captar inversiones japonesas en segmentos estratégicos, especialmente en tecnología, electrónica y automotriz, áreas donde Japón mantiene liderazgo mundial.

Recordó que el país asiático es el segundo mayor inversor global y que ya existen experiencias exitosas de empresas de capital japonés instaladas en el país.

Giménez sostuvo que este paso “marca un día histórico”, subrayando que Paraguay está en plena misión de “construir puentes” con grandes potencias industriales, y que Japón constituye uno de los socios más valiosos para acompañar la expansión del sector productivo nacional.

Según señaló, el nuevo marco jurídico acelerará la incorporación de Paraguay a cadenas globales de valor y facilitará la instalación de industrias con alto componente de innovación.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano coincidió en que la suscripción del acuerdo envía un mensaje inequívoco a la comunidad internacional, que es que Paraguay apuesta a un modelo económico sustentado en seguridad jurídica, reglas claras y respeto a los compromisos.

Indicó que la relación con Japón se sustenta en valores compartidos, y que el país asiático representa un referente en materia tecnológica, industrial y ética empresarial. Afirmó que el tratado permitirá convertir esta alianza en proyectos productivos que generen empleo y mayor prosperidad.

El embajador Katsumi Itagaki remarcó que el instrumento ofrece un marco estable, previsible y transparente para los inversionistas de ambos países, protegiendo derechos fundamentales, previniendo expropiaciones injustas y habilitando mecanismos modernos de solución de controversias.

Señaló que durante su misión diplomática pudo constatar el dinamismo industrial del Paraguay y el creciente interés de compañías extranjeras en instalar operaciones en el país.

El acuerdo, según coincidieron las autoridades, afianza la posición de Paraguay como destino competitivo para los negocios y fortalece la confianza de los inversores en un momento en que el país busca dar un salto cualitativo en su desarrollo económico.