“Hoy el mejor contador es aquel que te hace pagar menos, esa mentalidad debemos cambiar porque genera un problema innecesario”. Estas son las declaraciones que los contadores atribuyen al titular de la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación), Óscar Orué.

Al respecto, el Consejo Directivo de Contadores Públicos emitió un comunicado, en el que expresa su indignación por estas afirmaciones.

“Señor Viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Dr. OSCAR ORUÉ: no todos los Contadores Públicos pueden ser calificados como profesionales con mentalidad marginal, que apoyan la ilegalidad, esto haciendo relación al tema de la investigación de presuntos casos de evasión impositiva que involucran a contribuyentes, en la que figuran empresas, periodistas y clubes de fútbol, entre otros”, señala el pronunciamiento.

Los contadores recordaron que juegan un papel muy importante en el desarrollo del proceso económico y empresarial, además de la actividad gubernamental y política a través de finanzas saludables.

“Somos un gremio sólido, fuerte y respetable, desde hace 106 años. Un gremio que cada día, semana, mes y año, busca la prédica de los valores que mantienen vigente a nuestra entidad”, aseguran.

Consideran que no se puede manchar la trayectoria y la honestidad de miles de contadores, por un minúsculo grupo asociado a la delincuencia.

La investigación de la muerte de los militares que arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el pasado 2 de noviembre, está prácticamente varada por errores de la propia justicia, según denuncian familiares de la Fuerza Pública.

Durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media, la representante de los familiares, Nelly Cortesí, lamentó que hasta el momento no hay ningún castigo a los supuestos responsables de la desaparición de los sargentos.

El próximo 2 de mayo se cumplen 6 meses que los sargentos Alexis Sosa y Domingo Ríos, quienes circulaban en una camioneta rumbo al domicilio de un general, fueron arrastrados por el raudal. El vehículo terminó en el arroyo Lambaré, debido a que, la desembocadura no contaba con una valla de protección.

Ese hecho fue motivo para que, en diciembre, el jefe comunal sea imputado por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre.

Cortesí explicó que desde ese diciembre, la justicia envió 4 notificaciones para avanzar con la imputación del intendente, pero todas fueron comunicadas con “error”, las cuales frenaron el proceso.

“Notificar mal en cuatro ocasiones ya está de más, me parece que es una falta de respeto a la memoria de los militares fallecidos. No hay avances en la investigación, lastimosamente la justicia no está actuando como debería”, expresó Cortesí.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Te puede interesar: Criptomonedas: por conexiones ilegales, la ANDE no recaudó G. 75 mil millones en un año

Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

Lea también: Cerca de 150.000 tragamonedas operan de manera ilegal y al alcance de los niños en Paraguay