El Consejo de la Magistratura convocó para este miércoles la segunda jornada de audiencias de postulantes a ministro de la Corte Suprema de Justicia en el salón auditorio del Poder Judicial.

En la ocasión, comparecieron los doctores Jorge Enrique Bogarín González y José Agustín Delmás Aguiar, quienes forman parte del grupo de 18 profesionales que se presentaron para este último edicto.

El primer expositor en la fecha fue Bogarín González, quien habló de valores familiares y en el proceso de la educación en que la dependencia de la justicia de factores externos deriva en descreimiento de la ciudadanía en los jueces y fiscales.

Durante su exposición, se mostró a favor de la transmisión de debate de los fallos en la Sala Constitucional de la CSJ y resaltó las medidas de la máxima instancia judicial en favor de la transparencia.

Dijo en otro momento que “hace falta coraje y valentía” para ejercer el cargo de ministro de Corte. “Muchos magistrados me han manifestado que tenían temor de aplicar la

ley”, acotó.

El segundo en presentarse fue Delmás Aguiar, quien señaló como una de sus propuestas el lograr una “mora cero” en el Poder Judicial, abogando por la implementación del expediente electrónico en todas las jurisdicciones judiciales.

Respecto al cuoteo político, el postulante afirmó que “el Consejo de la Magistratura no tiene que tener en cuenta la pertenencia política del candidato” y lo que se debe considerar es lo que establece la Constitución Nacional respecto a la idoneidad del candidato.

La siguiente etapa del proceso es el Examen de Conocimientos Generales y Específicos, a desarrollarse el próximo 25 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho UNA.

En el transcurso de esta mañana se prevé seguir con el desarrollo del juicio oral y público al exministro Arnaldo Giuzzio, en el Palacio de Justicia de Asunción.

Para la jornada de hoy fue convocado a prestar declaración en calidad de testigo Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombú S.A., perteneciente al presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola.

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Cabe recordar que Enciso ya había acudido la semana pasada para declarar ante el Tribunal de Sentencia, ocasión en que confirmó que el empresario brasileño y el exministro del Interior conversaron en varias oportunidades sobre licitaciones estatales.

Durante su comparecencia, el mismo también reveló que la firma realizó trabajos de mantenimiento a una camioneta táctica Dodge Ram del Ministerio del Interior, además de efectuar retoques a otros vehículos oficiales del Estado.

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Las revelaciones del testigo confirman lo que ya venía manejando la Fiscalía respecto al nexo existente entre Giuzzio y Vinicius, quien de hecho llegó a prestar una lujosa camioneta blindada al exministro para sus vacaciones en Brasil.

De esta manera, el juicio ingresa a instancias finales con las últimas declaraciones de testigos, antes de conocerse la sentencia en esta causa por cohecho pasivo agravado que afronta el extitular de la SENAD y el Ministerio del Interior.

El Parque Ecológico Indi Escondido, el Cerro Indio Dormido Pie Derecho, el Cerro Indio Dormido Panza, el Brazo Indio Dormido, las Colinas Puestas del Sol, Ángel Custodio y Parque Jesuítico son los lugares sin respaldo de la Senatur.

Estos espacios no figuran en Registur (Registro Nacional de Turismo) y no están habilitados por la Senatur. Todos se encuentran en el distrito de Nueva Alborada, Itapúa.

Desde la Secretaría de Estado piden prestar atención antes de contratar estos servicios y tomar en cuenta que operan sin habilitación, aunque todos tienen la oportunidad de regularizar sus respectivas situaciones.

Ante cualquier duda respecto a las ofertas turísticas, está disponible la línea 021 441 530, interno 117 o el correo registur@senatur.gov.py.

La abogada Alba Zaracho asumió la defensa técnica del exlegislador y solicitó una postergación para estudiar el expediente.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, aceptó la solicitud al considerar la complejidad de la causa.

De esta manera, la nueva fecha quedó fijada para el 10 de agosto a las 8:30.

La fiscal Patricia Sánchez calificó el plazo de 20 días como una medida razonable. La representante del Ministerio Público señaló que esta pausa garantiza el derecho a la defensa y evita nulidades en el proceso.

Afirmó además a la prensa que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para probar la invalidez del título profesional. El expediente incluye pruebas documentales y testimoniales que respaldan la acusación por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de esos documentos.

El proceso abarca la obtención irregular de tres documentos públicos basados en un certificado y un título sin validez. En caso de probarse la modalidad especialmente grave de los delitos, la pena privativa de libertad oscilaría entre 6 años con 6 meses y 11 años de prisión.