Por Rossana Escobar M.

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El informe final de fis­calización especial inmediata a la Direc­ción Nacional de la Patrulla Caminera del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) confirma que quince inspectores genera­les percibieron sus haberes de forma ininterrumpida durante tres años sin tener que trabajar. Esto se dio gra­cias a permisos especiales que fueron autorizados por Arnoldo Wiens, entonces ministro del MOPC y hoy precandidato a la Presiden­cia de la República por la Asociación Nacional Repu­blicana (ANR).

El mencionado dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) señala que estos 15 inspectores vip de la Caminera percibieron un total de G. 4.672.025.979 durante 36 meses, provocando de esta manera un presunto daño patrimonial al Estado.

Es importante destacar que este informe de fiscalización se realizó tras las publica­ciones del equipo periodís­tico de La Nación Investiga que denunciaba el planille­rismo de varios inspectores vip de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, y que ahora fue confirmado por la Contraloría General de la República.

El documento también recon­firma que estos quince funcio­narios cobraron sueldos de G. 9,7 millones al mes entre el 27 de agosto del 2018 y el 9 de diciembre del 2021 sin realizar labores operativas, adminis­trativas ni de ninguna clase. Agrega que estos inspectores generales obtuvieron permiso especial como “galardón”, per­cibiendo sus salarios de forma mensual. Sin embargo, se comprobó que los mismos no prestaron sus servicios ope­rativos, no registraron sus asistencias en sus lugares de trabajo y tampoco desempeña­ron alguna función específica comprobada en dicho período de tiempo que los pudieran tor­nar meritorios para ser privi­legiados con licencias o per­misos por galardón tal como establece el decreto reglamen­tario de la Ley de la Patrulla Caminera.

WIENS AVALÓ

Los inspectores vip pasaron largos períodos de tiempo cobrando sus salarios sin hacer nada porque fueron beneficia­dos con tres resoluciones del ex ministro Arnoldo Wiens. La primera es la resolución MOPC N° 2296/18 que con­cede permiso especial desde el 24 de noviembre del 2018 al 24 de noviembre del 2019; la segunda son las resolucio­nes MOPC N° 2987/2019 y 2991/2019 por las cuales el permiso otorgado va desde el 25 de noviembre del 2019 al 25 de noviembre del 2020; y por último está la resolución MOPC N° 2317/20 por la que se les otorgó permiso desde el 9 de diciembre del 2020 al 9 de diciembre del 2021.

La Contraloría también des­taca que en ningún momento hubo una evaluación para otorgar estos permisos que afectaron el presupuesto de los ejercicios fiscales del 2018, 2019, 2020 y 2021. El dicta­men hace énfasis en que en la Dirección de Asuntos Jurídi­cos del MOPC no se evidencia­ron entre los antecedentes, el estudio, la evaluación y el aná­lisis efectuado por la Comisión de Calificaciones de la Patru­lla Caminera para otorgar el beneficio a los inspectores, tampoco se observó ningún procedimiento ni requisito establecido, para acceder al permiso especial calificado como “galardón”.

Agrega también que en la Dirección de Recursos Huma­nos del MOPC no obra docu­mento alguno que fuera presentado por la Patrulla Caminera solicitando la asig­nación de funciones espe­cíficas para los inspectores beneficiados por el permiso especial en cuestión. En tanto que sí obran papeles que demuestran que los mencio­nados permisos han sido soli­citados, tramitados y otorga­dos por la Patrulla Caminera.

DEBÍAN PASAR A RETIRO

La Contraloría también señala que estos 15 inspectores vip tenían más de 30 años de ser­vicio o estaban cerca de cum­plirlos, sin embargo, la Patrulla Caminera no realizó las gestio­nes pertinentes ante la Direc­ción General de Jubilación y Pensiones del Ministerio de Hacienda para el pase a retiro correspondiente.

Detalla que seis inspectores generales ya cumplieron los 30 años de servicio a diciembre del 2018, cuando Wiens avaló los permisos especiales para estos y otros más que cobraron sin tra­bajar durante tres años.

El dictamen agrega que para diciembre del 2021 los quince inspectores generales bene­ficiados por el ex ministro ya sobrepasaron los 30 años de servicio.

Por último, es importante des­tacar que en el derecho admi­nistrativo rige el “principio de legalidad”, el cual establece que para los actos administrativos se requiere una autorización expresa o implícita en la ley o reglamento fundado. Ahora bien, considerando justamente este principio, según observa la CGR, ninguno de los actos administrativos/resoluciones mencionan exoneraciones en la presentación del servicio a los inspectores, por lo que no podría entenderse o interpre­tarse como una “autorización tácita”. Y también agrega que la máxima autoridad no debía otorgar estos permisos a los inspectores y que no presten ningún tipo de servicio, ya que en el derecho administrativo “todo lo que no se encuentra expresamente permitido, está prohibido”.

Los inspectores beneficiados con los permisos presunta­mente irregulares otorgados por Wiens son Amancio Morínigo, Ignacio López Corvalán, Édgar Teodoro Articanaba Moreno, Félix Ramírez Palma, Guillermo Brítez Pereira, Ramón Gal­dino Benítez Fernández, Óscar Alberto Benítez Paredes, Blas Adalberto Ponce Ramírez, Cata­lino Meza Barreto, Domingo Méndez Cáceres, Eustacio Igna­cio González, Rodolfo Favio Maldonado Paredes, Tomás Aquino González, Juan José Castiñeira Rivaldi y Reinaldo Giménez Sosa.

Las fuertes precipitaciones provocaron grandes raudales en varios puntos de la ciudad, especialmente, en la zona del arroyo San Juan donde hoy murieron dos mujeres arrastradas por el agua.

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Esta situación motivó a los ediles luqueños a declarar la ciudad en emergencia y determinar qué acciones tomar para ayudar a los pobladores afectados y prever que otra situación similar, no vuelva a ocurrir.

Para buscar una salida a los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias, la concejala Belén Maldonado planteó como primera medida, crear un Comité de Emergencia, lo cual fue aprobado por los demás miembros de la Junta.

Este comité estará conformado por dos representantes liberales y dos representantes colorados, quienes serán los encargados de determinar qué acciones tomar ante una crisis.

Luque fue golpeada este miércoles luego de que Sara Benítez (48) y su hija Nilda Lujan Barrios Benítez (19) murieron tras ser arrastradas por un raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

En conferencia de prensa tras reunión entre representantes de gobernadores, intendentes y autoridades del Poder Ejecutivo, se dio anuncio de la reglamentación de la ley «Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo)”.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, comentó que la reglamentación establece el delineamiento general de la implementación de la alimentación escolar, aspectos legales y la intervención de las autoridades competentes.

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“Con esto arranca el gran desafío de llevar adelante esto. El objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, sostuvo el ministro Rojas.

Señaló además que en una primera fase, la provisión se hará en 75 distritos de 7 departamentos con mayor prioridad, conforme a los indicadores de mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Anunció también que el llamado a licitación se estaría dando entre el 6 y 10 de mayo.

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Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, manifestó que el objetivo es llegar con alimentos los 280 días de actividad escolar. “Es un día de mucha alegría para la educación paraguaya, para las escuelas y sobre todo para nuestras familias. Aquí hay un trabajo en conjunto en beneficio de nuestros niños”, indicó

“Sin alimentación, no puede haber aprendizaje. Hoy los que estamos en educación tenemos que estar muy felices. Es un día de celebración para todos”, subrayó Ramírez.

La muerte súbita se produjo sobre Tavyterã casi Avda. Fernando de la Mora, del barrio San Pablo de Asunción.

Al respecto, el agente fiscal Hernán Galeano, de la Fiscalía Barrial 1, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares del hombre.

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Tras las diligencias de la representación fiscal y de acuerdo al informe dactiloscópico, se trata de Lorenzo Samaniego Olivera, de 37 años, oriundo de la localidad de Ypané, cuyo cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial.

Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos (021) 550 – 649 / 550 – 810 / 550 – 640, o bien al +595 981 507598, perteneciente a la morgue.