A través de una resolución emitida ayer, el Congreso de la Nación llama a la sesión preparatoria a los senadores y diputados electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Las reuniones serán separadas (senadores de diputados) y de forma presencial, bajo la Presidencia de cada Cámara.

Aunque parezca un punto insignificante, la acotación de la presencialidad es fundamental, considerando que uno de los proclamados se encuentra actualmente en prisión por abuso sexual infantil, invasión, tentativa de homicidio y otros delitos.

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Se trata de Rafael Esquivel, alias Mbururu, del movimiento Cruzada Nacional, que logró ingresar 8 representantes en la Cámara Alta, desplazando al Frente Guasu, que tiene a Esperanza Martínez como única sobreviviente.

Otro legislador en duda, aunque todavía en libertad, es el colorado Erico Galeano, quien está procesado por lavado de dinero y asociación criminal, hechos por los que fue desaforado en la Cámara de Diputados. La Fiscalía solicita prisión preventiva para él, sin embargo, hasta aquí se valió de recursos dilatorios para postergar la audiencia de imposición de medidas.

En tal sentido, su defensa comunicó ayer que desistía de ambas chicanas, con lo cual, el juez de la causa ya podrá fijar fecha para su convocatoria.

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La propuesta legislativa, impulsada por varios senadores, plantea la creación del Ministerio de la Familia, mediante la fusión de las funciones del Ministerio de la Mujer; el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y la Secretaría de la Juventud.

En ese sentido, la audiencia pública tiene como objetivo escuchar las opiniones y aportes de todas las partes interesadas, tanto de las instituciones involucradas como de representantes de la sociedad civil.

Fueron invitadas a participar la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo; la ministra de la Juventud, Salma Agüero; el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez; concejalas de Asunción; así como representantes de asociaciones de mujeres rurales, comunidades indígenas, amas de casa, entre otros sectores.

También asistirán senadores, directores de comisiones permanentes y asesores legislativos de la Cámara Alta.

En su informe preliminar de gestión correspondiente al primer cuatrimestre de 2025, la SEDECO señala que, durante este periodo, fueron atendidas un total de 2.747 consultas ciudadanas.

El promedio mensual de consultas superó las 680, lo que refleja una alta demanda por parte de la población en temas vinculados a la relación de consumo.

En cuanto a los reclamos formales, el ente estatal reportó 557 casos registrados de enero a abril, lo que representa un incremento del 7% con relación al mismo periodo del año anterior.

Uno de los datos más destacados del informe es el monto recuperado a favor de los consumidores, que asciende a G. 435.681.543, cifra alcanzada hasta la etapa de conciliación.

Este monto -informó SEDECO- no contempla los acuerdos privados entre las partes ni lo gestionado posteriormente por la Dirección Jurídica, por lo que el valor real podría ser aún mayor.

Entre los reclamos más frecuentes se identificaron patrones reiterativos como prácticas abusivas, publicidad engañosa, mal servicio y falta de información clara. Las situaciones más denunciadas incluyeron:

*Maltrato en la gestión de cobranza y cobros indebidos.

*Falta de devolución por productos defectuosos.

*Negativa a cancelar servicios pese a la solicitud del cliente.

*Cobros posteriores a solicitudes de cancelación.

*Facturación por servicios no contratados.

Como parte de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, SEDECO brinda orientación jurídica, financiera y comercial a través de diversos canales como WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas y atención presencial.

Este miércoles se produjo el arribo de Gianina García Troche a Paraguay, luego de ser extraditada desde España, donde permaneció detenida durante varios meses.

La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se abstuvo de declarar ante el fiscal Deny Yoon Pak, responsable de la investigación abierta por el caso “A Ultranza PY”.

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Por disposición de la jueza Rosarito Montanía, García Troche finalmente fue enviada a la cárcel de Viñas Cué para cumplir con su prisión preventiva, esto debido a “razones de seguridad”, alegaron.

Su traslado al penal militar (realizado en helicóptero) se dio bajo un absoluto hermetismo, ya que las autoridades buscaron desde un primer momento resguardar a la procesada, al tratarse de una persona de “alto perfil”.

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En principio, se manejó como posibles lugares de reclusión la sede de la Agrupación Especializada o la nueva penitenciaría de Minga Guazú, aunque la magistrada optó por una tercera opción.

La defensa de García Troche había solicitado que su cliente sea beneficiada con otras medidas, como la libertad ambulatoria o el uso de una tobillera electrónica para el arresto domiciliario, lo cual fue denegado por Montanía ante el presunto peligro de fuga.