En el marco de la Ley N° 5.638/16 de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), rubricaron este martes el contrato de fideicomiso y pagos de aportes estatales para el financiamiento de viviendas.

La firma estuvo a cargo de la presidenta de la AFD, Fernanda Carron, y el ministro del MUVH, Carlos Pereira. Ambos coincidieron en celebrar el acuerdo y el trabajo conjunto que derivó en esta propuesta que ayudará a disminuir el déficit habitacional de las familias con ingresos medios.

El objetivo es facilitar la adquisición de la primera vivienda a través del programa “Mi Vivienda”, del MUVH. Esto, con apoyo de la AFD que administrará los recursos.

A través de la figura del fideicomiso, la AFD administrará cerca de Gs. 14.000.000.000 mil millones del MUVH para realizar aportes estatales que van del 5% al 20% y así complementar la financiación viviendas de grupos familiares que posean ingresos de entre 2 a 7 salarios mínimos, posibilitando la compra de viviendas por un valor máximo de hasta Gs. 595.000.000 millones.

En ese sentido, el MUVH estará a cargo de preseleccionar a los potenciales beneficiarios del aporte estatal que tengan la intención de comprar su primera vivienda; mientras que la AFD operará como administrador de los recursos que el MUVH disponibiliza para el programa “Mi Vivienda”.

El proceso implicará los siguientes pasos:

• El potencial beneficiario elige la vivienda que desea adquirir;

• Recurre al MUVH y solicita consideración para el subsidio;

• El MUVH emite constancia de precalificación al subsidio a favor del potencial beneficiario y este recurre a la entidad financiera (IFI) con dicho documento;

• La IFI evalúa y en caso de ser sujeto de crédito, desembolsa el crédito;

• Al mismo tiempo, el fideicomiso de la AFD transfiere el aporte estatal a la IFI, que luego es entregado al beneficiario.

El esquema propuesto se constituye en una innovación importante al incorporar tres elementos: aporte estatal (del 5% al 20%) que dependerá de los ingresos de la familia, a menores ingresos mayor será el aporte estatal; ahorro previo, exigible a las familias de mayores ingresos; y crédito complementario, que será el solicitado por el postulante, a la entidad financiera de su preferencia, bancos, cooperativas, financieras que estén supervisadas por el Banco Central del Paraguay y el Instituto Nacional de Cooperativismo, acompañado de la constancia de precalificación que le haya otorgado el MUVH.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, indicó que dos o tres semanas aproximadamente, la cosecha ya irá impactando de a poco en la oferta de nuestro país y los precios se reducirán.

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Sostuvo que la variación del precio del tomate en gran medida se debe a la falta de cosecha en nuestro país y también al comportamiento en el vecino país, ya que nuestro mayor proveedor suele ser Argentina.

“Los precios de las hortalizas deberían oscilar entre los 6.000 a 7.000 guaraníes en finca y tendría que haber llegado a Asunción entre 10.000 y 12.000 guaraníes por kilo”, refirió.

Para el titular del MAG, es cuestión de coordinar con las organizaciones y productores que puedan ofrecer y brindar una oportunidad para que la gente comercialice sus productos de manera atractiva para todos.

“Venta de hortalizas nunca fue fácil en Paraguay, por el tema de contrabando que genera resistencia en la adopción de tecnología. Nadie quiere invertir para producción de hortalizas, porque siempre se vende a mal precio y no era atractivo. Actualmente, eso prácticamente fue desactivado”, puntualizó.

“Ahora va iniciarse la segunda fase de la registración; en septiembre van a venir los aviones y en diciembre están previstos los primeros vuelos”, informó el gobernador Bergen, en entrevista con medios.

“Desde el año pasado estamos con una empresa, con ex dueños de Aerolíneas Amazonas, que se vendió después a Paranair. Ellos ahora quieren formar una línea aérea nacional en Paraguay, y esto incluye también los vuelos hacia el Chaco”, puntualizó.

El gobernador destacó que los empresarios contarán con aviones con capacidad para 76 pasajeros y que los vuelos tendrán como destino a varios puntos del país.

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“Ellos traerán algunos aviones con capacidad para 76 pasajeros, y van a realizar vuelos de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y al Chaco – a Loma Plata y Mariscal Estigarribia- y el plan es realizar viajes cuatro veces por semana al Chaco”, remarcó en la entrevista difundida por el portal estatal IP.

AEROPUERTOS EN EL CHACO

El jefe departamental también afirmó que los aeropuertos de Mariscal Estigarribia y Loma Plata cumplen con los requisitos para operar con aviones.

“El aeropuerto de Mariscal Estigarribia es grande y no tiene ningún inconveniente; en tanto que el de Loma Plata tiene torre de control, tiene combustible, luces y todo lo que se necesita. Aunque la pista es de tierra, pero es seco y cualquier modelo de aviones puede aterrizar sin inconvenientes”, subrayó.

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Destacó igualmente que ya se iniciaron los trámites con la Dinac, para la concesión del permiso para los vuelos comerciales.

“Ya contactamos con directivos y dueña del aeródromo de Loma Plata, ya se firmó la carta de interés y se está trabajando con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) para los trámites de permiso, para la concesión de los vuelos comerciales”, informó.

La investigación de la muerte de los militares que arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el pasado 2 de noviembre, está prácticamente varada por errores de la propia justicia, según denuncian familiares de la Fuerza Pública.

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Durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media, la representante de los familiares, Nelly Cortesí, lamentó que hasta el momento no hay ningún castigo a los supuestos responsables de la desaparición de los sargentos.

El próximo 2 de mayo se cumplen 6 meses que los sargentos Alexis Sosa y Domingo Ríos, quienes circulaban en una camioneta rumbo al domicilio de un general, fueron arrastrados por el raudal. El vehículo terminó en el arroyo Lambaré, debido a que, la desembocadura no contaba con una valla de protección.

Ese hecho fue motivo para que, en diciembre, el jefe comunal sea imputado por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre.

Cortesí explicó que desde ese diciembre, la justicia envió 4 notificaciones para avanzar con la imputación del intendente, pero todas fueron comunicadas con “error”, las cuales frenaron el proceso.

“Notificar mal en cuatro ocasiones ya está de más, me parece que es una falta de respeto a la memoria de los militares fallecidos. No hay avances en la investigación, lastimosamente la justicia no está actuando como debería”, expresó Cortesí.