Cooperativa San Cristóbal: tras renuncia de Ozorio se espera resultado de la fiscalización 

El exdiputado Juan Carlos Ozorio, presentó renuncia a su cargo de presidente de la Cooperativa San Cristóbal, tras el escándalo de sus supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. El INCOOP se encuentra realizando una fiscalización en la institución y se espera el resultado de la misma para determinar una eventual intervención.

“Lo importante que deben saber los socios es que la Cooperativa tiene buena solvencia patrimonial, está con buena posición de liquidez. Queremos dar tranquilidad”, manifestó Pedro Loblein, titular del INCOOP, a Universo tras conocerse la renuncia de Juan Carlos Ozorio como presidente de la Cooperativa San Cristóbal.

Explicó que ahora se debe conformar un un nuevo Consejo Administrativo, mientras el INCOOP continúa con el trabajo de fiscalización, que incluye un pedido de informe sobre las transacciones realizadas tras el escándalo y así determinar las medidas se van a tomar.

Sostuvo que lo que se realiza en estos momentos es una fiscalización integral y de acuerdo al resultado de la misma, y en caso de haber riesgo inminente de funcionamiento, se tomará la decisión de intervención

“Más que nunca la Cooperativa necesita de sus socios. Los ahorros están protegidos y si administramos como corresponde a partir de esta crisis, los socios no están en riesgo”, agregó Loblein.

Loblein adelantó que se encontraron ya con “hechos muy llamativos” en cuanto a la administración de Ozorio al frente de la Cooperativa San Cristóbal. “Una Cooperativa no puede ser manejada por una sola persona como el principal responsable, acá está el Consejo de Administración y la responsabilidad es absolutamente de todos. No puede ser que el presidente haga todo y los otros no vean nada”, explicó.

Asimismo, mencionó que las cooperativas están obligadas a informar a Seprelad sobre operaciones sospechosas, pero los análisis puntuales de las transacciones se logran con las fiscalizaciones.

Cerca de 150.000 tragamonedas operan de manera ilegal y al alcance de los niños en Paraguay

Las máquinas tragamonedas proliferan en el país y se instalan de forma clandestina, expuestos en locales de afluencia de niños y adolescentes. Desde la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) informaron que la cantidad de máquinas ilegales es de 150.000 aproximadamente y ya tomaron medidas con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia para implementar medidas de protección más eficaces.

Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.


Denuncian por “estafa” a mujer que atropelló a un perro

Una mujer fue denunciada por una familia por primeramente no hacerse cargo de los gastos médicos del perro al que atropelló y posteriormente hacer firmar un documento “con mala fe”.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril poco después del mediodía en el barrio 6 de enero de la ciudad de Itauguá, donde la denunciada Dirma Crechi, atropelló al perro de la familia Medina, dejándolo a su “suerte”.

La familia del animal indica que la mujer ni siquiera se bajó del vehículo y que solo dijo que se le avise sobre los gastos. Inicialmente accedió a pagar la radiografía y la operación del perro, pero tal cosa no ocurrió hasta el momento.

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La misma se acercó hasta el domicilio de la familia afectada e hizo firmar un documento donde constaba que se hacía responsable de los gastos, pero sin entregar el dinero. Esta situación se dejó constancia en una denuncia radicada contra la mujer en la Comisaría 6 Central de Itauguá.

“Mi mamá firmó pensando que le iba a dar el dinero para la operación, pero no fue así. Literalmente nos estafó”, comentó la denunciante, Sheyla Medina, propietaria del perro.

Dirma Crechi es la exesposa del futbolista paraguayo, Blas Riveros, quien había presentado una acción legal contra la misma por denuncia falsa.

US$ 5 millones para delatar al autor moral del crimen de Pecci: la oferta sigue vigente

El gobierno de Estados Unidos mantiene la recompensa de USD 5 millones, para la persona o grupo que contribuya a develar al autor moral del asesinato del exfiscal Marcelo Pecci.

El tema volvió al tapete tras el anuncio en Colombia que señala el interés del Departamento de Estado de EEUU, de extraditar a tres sicarios del exjefe antimafia paraguayo.

Si Ramón Emilio y Felipe Pérez Hoyos y Margareth Chacón son pasibles de ser extraditados, la presunción es que en el gobierno estadounidense existen elementos en contra de los mismos, y por extensión de evidencias, que podrían revelar la autoría moral del magnicidio.

Medios colombianos comenzaron a abrir debate en torno a si es o no factible que la DEA negocie con los sicarios de Pecci sobre la base de la recompensa que ofrece el gobierno estadounidense para develar al autor moral del crimen.

El sistema judicial norteamericano también contempla la figura del principio de oportunidad, que no es otra cosa que lograr que miembros de un complot criminal revelen al principal autor, a cambio de reducción de penas y compensación económica.

El Estado colombiano ha resuelto el cien por ciento de responsabilidades de la autoría material del asesinato. Y logró las condenas, en consecuencia. Sin embargo, la Fiscalía de ese país, expresó que la pesquisa no desveló al autor moral, y que esa parte corresponde a la justicia paraguaya, a partir de la convicción de que la orden de eliminar a Pecci, no surgió en Colombia, sino en Paraguay.

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