Una de las opciones que ve cercana a una que sería como una especie de aislamiento es la utilización de containers que están a disposición de la penitenciaría.

Cabe señalar que dos personas del penal de Ciudad del Este dieron positivo al coronavirus. Es un reo y un guardiacárcel, situación que abre un conflicto.

Ello porque ante la confirmación de la enfermedad, necesariamente se debe recurrir al aislamiento de los afectados y la población, lo cual por una cuestión lógica no es posible.

“En este caso nosotros conversamos con la gente del Ministerio de Salud. En cuanto a los casos de internación saldrán del penal, pero los positivos irán a containers”, indicó la ministra Cecilia Pérez a Radio Universo.

Dijo que “por ahora esperamos que la propagación no sea mucha” para evitar una crisis sanitaria en la población carcelaria, ya que el aislamiento en containers es posible sólo para cuatro personas.

En cuanto a los análisis a los presos, Pérez manifestó que “se realizarán test a los internos de los pabellones y luego se procederá a analizar a toda la población”.

Cecilia Pérez también se refirió a las visitas inteligentes, las que por de pronto no son posibles porque los mismos internos solicitaron la suspensión en razón de la crisis sanitaria en los países fronterizos.

“Cuando había visitas lo que hacíamos era permitir la desinfección protocolar de las encomiendas. Ahora eso ya no corre, tenemos que cuidar la circulación del personal”, refirió.

Sobre los guardiacárceles que tendrían que cumplir cuarentena y referente a un debilitamiento del trabajo de control, la ministra aseguró que “vamos a traer posiblemente a guardias de otros penales”.

“También vamos a coordinar un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, porque los que están dentro del penal se van a quedar ahí”, respondió.

Hasta la confirmación de estos casos, la población carcelaria en el país estaba exenta de coronavirus.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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