Hace más de 500 años Nicolás Maquiavelo ya sostenía que al pue­blo resulta fácil de convencerle de una cosa, pero difícilmente se los mantenga convencidos con el transcurrir del tiempo, sobre todo cuando las accio­nes son tan vehementemente reprochables. En el 2018 Mario Abdo Benítez logró convencer al pueblo colorado y luego en las generales a todos los paragua­yos que podría ser una figura alejada de los vicios y defensor de los altos intereses nacio­nales. Sin embargo, es impo­sible a más de cuatro años de su asunción darle otro voto de confianza tras tantos escánda­los de corrupción y actos entre­guistas que se sucedieron en esta etapa.

CORRUPCIÓN Y PANDEMIA
La llegada de la pandemia generó una fuerte crisis eco­nómica y sanitaria, pero, aun­que la vida de miles de para­guayos estaba en juego desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se facilitó un esquema para direccionar lici­taciones a proveedores amigos y utilizar con discrecionalidad los recursos.

Aunque a pesar de la fuerte crisis económica que sacu­dió al Paraguay, la que siem­pre quedó bien parada fue la familia presidencial. En los últimos cuatro años que la empresa de Abdo, Almace­namiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia), multi­plicó sus ganancias gracias a las licitaciones en serie que desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se llevaron adelante para la construcción de rutas, por más que la prioridad en el contexto de pandemia haya sido otra. Durante el ejercicio fiscal 2021 generó utilidades netas de G. 92.647 millones, 13 veces más a las utilida­des netas que tuvo antes que Abdo llegue a la silla presi­dencial.

Otro de la familia que logró prosperar en pandemia fue su concuñado Flavio “Kike” Santander, y su ex esposa Fátima Díaz Benza ingresó al negocio de la industriali­zación del cannabis tras una extensión de licencias que se realizó por un decreto del Ejecutivo.

En este gobierno también se vio cómo se dilapidó el dinero del pueblo en procesos más que cuestionados, ejemplos son el caso de los limpiadores “mau” del Instituto de Pre­visión Social (IPS), o el tan esperado tren de molienda de Petropar, que hace más de un año que fue adjudicado pero que hasta ahora no se inicia­ron las obras en la planta de Mauricio José Troche, aunque se desembolsó US$ 6 millones de anticipo.

NARCOEXPORTACIÓN
El crimen organizado ha hecho de Paraguay su base de operaciones para el pro­cesamiento y posterior envío de cocaína al mundo, princi­palmente a Europa y África. Con la desarticulación de una unidad de inteligen­cia y control que la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) tenía en los puer­tos fluviales se potenció. En los últimos años más de 57 toneladas de “cocaína para­guaya” ya fueron decomi­sadas en distintos proce­dimientos ejecutados por agencias internacionales.

ENTREGUISTA
Abdo también estuvo envuelto en escándalos donde estaban en juego la soberanía nacional. En cuanto a Itaipú se dieron dos fuertes atentados a los altos intereses nacionales, el pri­mero fue a pocos meses de asumir la Presidencia con el Acta Entreguista, donde se contemplaba sobrecostos a una cota de US$ 250 millones en perjuicio de los intereses del Paraguay.

En agosto pasado se aceptó la reducción de la tarifa de Itaipú en claro beneficio del vecino país, que contrata el 85% de la producción de la hidroeléctrica. En materia energética también este año se dio el caso de venta de com­bustible a Bolivia con rebajas incluidas y a menor costo de mercado local.

Donde también estuvo en juego los intereses econó­micos del Estado fue en otro acuerdo secreto extrajudicial para pagar US$ 7 millones a la empresa argentina de male­tín Texos Oil, que finalmente quedó estancado porque se decretó que era de cumpli­miento imposible.

Otro escándalo mundial son las negociaciones con el equipo de Juan Guaidó para saldar la deuda con Petró­leos de Venezuela SA (Pdvsa), revelado por el periódico estadounidense The Was­hington Post. Allí también estuvo involucrado un alle­gado a la familia presiden­cial, un abogado que pujaba por una comisión de US$ 26 millones.

Por razones dolorosas que defraudaron la confianza del electorado colorado una mayoría aplastante le dio la espalda a Abdo, y su pro­yecto político fue derrotado el domingo pasado.

El procedimiento se realizó en el puesto de control de Vista Alegre. Según los intervinientes, un camión salió de un camino alternativo y con una maniobra brusca, terminó colisionando a la patrullera de la Prefectura Naval, lo que llamó la atención de los funcionarios quienes ordenaron al rodado que se detenga.

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El combustible estaba distribuido en 10 bidones de 1000 litros y, supuestamente, habrían ingresado desde Argentina. 

Los ocupantes del camión quedaron detenidos, y se calcula que la pérdida económica con esta incautación es de G. 220 millones.

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La complicada situación económica por la que atraviesan les obligó a recurrir a los pobladores de las comunidades donde realizan sus pasantías, y estos les asisten con comida para poder subsistir.

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La

Dra. Gloria Giménez en conversación con la 650 AM comentó que iniciaron sus funciones como pasantes el pasado 3 de abril, y el pago de sus salarios debe darse en la medida posible agilizando los trámites administrativos.

“Se debería de ver la manera de que estos trámites se agilicen porque es algo que se ve año tras año”, señaló la profesional.

Lo médicos, a través de una nota dirigida a las autoridades, se pronunciaron exigiendo el cumplimiento de la cláusula firmada en los contratos con el Ministerio de Salud, donde se establece el pago de la remuneración salarial correspondiente al trabajo realizado.

Piden respuesta inmediata a su pedido considerando las necesidades económicas por la que están atravesando 

Los allanamientos simultáneos se llevaron a cabo este miércoles en diferentes puntos de Ciudad del Este, como parte de una investigación sobre un presunto caso de “ordeñe” de combustible cometido por funcionarios de la municipalidad local.

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La Fiscalía informó que durante los procedimientos, se confiscaron diversas evidencias, incluyendo bidones, tambores, un motor utilizado para extraer combustible y otras pruebas relacionadas con el supuesto ilícito. 

La denuncia fue presentada por la Asesoría Jurídica de la institución comunal, revela que algunos empleados encargados de los vehículos municipales estarían desviando combustible a sus respectivas viviendas para uso particular. El descubrimiento de esta actividad ilícita se produjo a través de una auditoría y mediante el seguimiento de un sistema GPS.

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Conforme a la pesquisa, el perjuicio patrimonial para la municipalidad podría ascender a unos 60 a 70 millones de guaraníes mensualmente. Hasta el momento, no se realizaron detenciones con relación al caso. 

Sin embargo, los intervinientes notificaron a algunos de los presuntos implicados a través de sus familiares para que comparezcan mañana jueves ante el Ministerio Público a fin de prestar declaración indagatoria.