Los Ministro del Máximo Tribunal resolvieron el miércoles 11 de marzo, la suspensión de las actividades judiciales y administrativas, además de la suspensión de plazos registrales, administrativos y procesales desde el 12 de marzo hasta el 26 del corriente, con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

No obstante, garantizan los servicios básicos del que Poder Judicial no puede prescindir la atención. En ese sentido, La Corte Suprema solicitó a los magistrados que para dichas actividades solo deberán utilizar la cantidad mínima e indispensable de funcionarios.

Las principales decisiones de la Acordada 1366/20 son: Se suspenden las actividades del Poder Judicial en todas las Circunscripciones Judiciales desde el 12 de marzo hasta el 26; además los plazos procesales, administrativos y registrales en todas las Circunscripciones Judiciales del país , los que se reanudarán el 27 de marzo.

Asimismo se suspenden las actividades de la jurisdicción Civil y Comercial y Laboral, tanto en Primera Instancia como en los Tribunales de Apelación, así como de los Tribunales de Cuentas, en todas las Circunscripciones Judiciales a nivel nacional.

Los Juzgados Penales de Garantías atenderán en los siguientes procedimientos: audiencias de Imposición de Medidas, audiencias de Revisión de Medidas, Órdenes de Allanamiento, Secuestros y anticipo Jurisdiccional de Pruebas.

Las Audiencias Preliminares fijadas serán suspendidas y deberán ser recalendarizadas. Además los juicios orales ya iniciados continuarán con el proceso hasta su finalización con la recomendación de que estén presentes la cantidad mínima de personas en la sala o a puertas cerradas por decisión del Tribunal de Sentencias, conforme con disposiciones del Código Procesal Penal, entre otros.

En la nota reza también que queda prohibido el ingreso al edificio funcionarios o magistrados que no estén habilitados por la Acordada para prestar servicios durante el período de emergencia sanitaria. Se insta a los Magistrados no habilitados no asistir a sus despachos ni trabajar a puertas cerradas.

En la semana, el pleno de la Corte Suprema adoptará las determinaciones necesarias para la adecuaciónde los servicios y serán comunicadas a la ciudadanía en general.

La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó a tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado este martes por la noche en la capital del Alto Paraná y a la vez requirió la prisión preventiva de todos ellos.

Los presuntos narcotraficantes están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kevin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, a las 20:00 horas aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal Rojas Rodríguez, quien contó con el acompañamiento de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Durante el operativo, los intervinientes incautaron 2.076,800 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, se requisaron un aparato celular y varios documentos, apareciendo los citados ciudadanos como los presuntos responsables de las sustancias incautadas, que estarían destinadas para su distribución y comercialización en la triple frontera.

Tanto los detenidos como el cargamento de drogas fueron remitidos hasta la base de la SENAD Regional, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Basándose en los elementos de sospecha, el fiscal resolvió imputar a los tres hombres y solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico solicitó tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

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Emiliano R. Fernández, nuevo viceministro de Transporte, representantes de las organizaciones civiles OPAMA y Movimiento Colectivo, abordaron en una mesa de diálogo realizada ayer, donde analizaron la situación actual del servicio público en el área metropolitana de Asunción, a fin de impulsar acciones encaminadas al fortalecimiento del sistema.

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En este primer encuentro, tanto los representantes de la OPAMA como del Movimiento Colectivo, presentaron los reclamos ciudadanos y enfatizaron su objetivo de poner en común los siguientes pasos a dar para un servicio óptimo que garantice el bienestar del ciudadano.

A su turno, el viceministro lamentó el padecer de los pasajeros y garantizó establecer estrategias de trabajo de acción y visibilidad de gestión, que sean de apoyo al sistema de movilidad urbana.

“El objetivo es el bienestar del ciudadano. Estoy convencido de que se pueden hacer bien las cosas, las experiencias del mundo dicen que es posible y para nosotros es prioridad incorporar esas buenas prácticas acá porque su impacto será enorme”, expresó el titular del Viceministerio.

Además, mencionó que es importante trabajar de forma participativa y afirmó a los presentes que coincide en cuestionar y exigir mejor servicio público de transporte.

“Hay mucho que actualizar y transformar. Buscaremos la forma de aliviar la dolencia que padecen los ciudadanos al viajar en el transporte público”, manifestó con miras a avanzar en los proyectos estratégicos que fortalezcan el sistema.

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