El viceministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, informó a radio La Unión Am que hasta la fecha fueron registrados poco más de 120 casos de niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos por el fallecimiento de su papá, su mamá o ambos a causa de Covid-19.

De los casos comunicados, el 50% de los registros corresponde a niños de entre 0 y 8 años de edad. Al ser la franja de la primera infancia, la situación es más complicada porque requieren de un mayor apoyo, según resaltó.

“Cada caso es particular y las respuestas que se puedan dar a los menores que están atravesando una difícil situación”, dijo y refirió que es muy probable que se elabore una política a largo plazo, ya que esta situación amerita una respuesta de parte del Estado.

“Los casos más graves son los de orfandad total, cuando fallecen mamá y papá, o cuando la mamá era soltera o si vivían con los abuelos porque sus padres viajaron al extranjero. Son casos complejos”, comentó.

De acuerdo con la autoridad, lo primero que se evalúa en estos casos es determinar con quién quedará el menor. Siempre se apuesta que sea con tíos, abuelos, primos o hermanos mayores, luego con una familia acogedora y en última instancia en un hogar o institución de abrigo.

Cuando uno de los progenitores fallece y queda otro, el principal requerimiento del viudo/a es el económico. “Nos llaman a decir que ya venían luego golpeados por la pandemia y fallece por ejemplo el padre que era el principal sostén de la familia. Entonces tenemos que articular con otras instituciones”, dijo y agregó que recurrirán al Ministerio de Trabajo para ver puestos disponibles para estos padres desempleados.

En respuesta al legislador Eduardo Nakayama, quien llamó a “hacer el vacío” en caso de que el oficialismo proponga a colorados para cubrir las vacancias de contralor y subcontralor, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, recordó la situación judicial de los últimos elegidos de la oposición.

“De los últimos cinco contralores impulsados por la oposición, tres afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, resaltó.

Daniel Fretes Ventre (PLRA, 1995-2000): condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una “máquina de lavar dinero”.

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Óscar Rubén Velázquez Gadea (UNACE/PLRA, 2010-2015): condenado a 4 años de cárcel (confirmado por Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso “Secretaria VIP”.

José Enrique García Ávalos (Tercer Espacio, 2016-2019): condenado en 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a un subordinado (caso Ivesur). Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado.

“No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, opinó Núñez.

Para el titular del Congreso, estos antecedentes recientes hacen que la institución pierda credibilidad; por lo tanto, se necesita un proceso de selección transparente, meritocrático y libre de colores.

El desconocimiento ciudadano y la improvisación de algunos uniformados convierten los controles en verdaderos dolores de cabeza, a pesar de que cada paso está rígidamente regulado en los papeles.

¿CÓMO DEBEN SER LAS BARRERAS POLICIALES?

La normativa paraguaya es clara, según la Resolución Nro. 1195/12 de la Comandancia de la Policía Nacional y el Código Procesal Penal, estos operativos no pueden realizarse de forma arbitraria y deben cumplir con protocolos específicos.

- Toda barrera debe ser comunicada al Ministerio Público con al menos seis horas de anticipación.

- El reglamento exige una estructura de al menos siete efectivos policiales, incluyendo un Oficial Superior como jefe de servicio, personal del orden y seguridad, y técnicos civiles.

- Para garantizar la seguridad de los conductores, la barrera debe ubicarse en lugares visibles y contar con elementos de señalización como conos reflectivos, patrulleras con balizas encendidas y luces si es de noche. El uso de silbatos y mangas reflectivas también es obligatorio para guiar el tránsito de forma segura.

EL TRATO AL CIUDADANO Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

Al momento de detener un vehículo, el personal encargado del registro debe aproximarse con cautela y saludar con cortesía. El ciudadano tiene el deber de exhibir los siguientes documentos:

- Cédula de Identidad o Pasaporte.

- Documentos del vehículo.

- Licencia de conducir.

¿CUÁNDO PUEDEN REVISAR EL INTERIOR DEL VEHÍCULO?

Una de las dudas más frecuentes es sobre la inspección dentro del auto o del maletero. La ley establece que la Policía podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan “motivos suficientes” para suponer que la persona oculta objetos relacionados a un hecho punible. La inspección no debe ser arbitraria. En caso de realizarse, debe hacerse en presencia de la persona responsable del vehículo y respetando la dignidad humana.

EL USO DE LA FUERZA: EL ÚLTIMO RECURSO.

El actuar policial debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad. El uso de la fuerza es el último recurso, tras agotar instancias de solución pacífica.

El Manual de Uso de la Fuerza prohíbe ciertas acciones en las barreras:

• Disparar hacia o desde vehículos en movimiento, salvo que exista un peligro inminente para la vida.
• Manejar armas de fuego fuera de las finalidades autorizadas por ley.
• Someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

DERECHOS DEL INTERVENIDO.

El ciudadano tiene derecho a que su integridad física y psíquica sean protegidas por el Estado, cualquier procedimiento que no se ajuste a esto queda estrictamente prohibido.

El gremio campesino convoca a dos jornadas de protestas previstas para mañana y el miércoles para presentar las siguientes reivindicaciones:

Respuesta inmediata del Estado ante el abandono del campo

Socialización de los beneficios de los proyectos productivos

No a la politización de la asistencia social

Transparencia y criterios justos para el acceso a programas y apoyos

Los organizadores estiman la participación de 500 a 600 personas, con representantes de Caazapá, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Itapúa, San Pedro y otros departamentos.

“Nos vamos a ir a hablar con ellos porque no cumplen los compromisos asumidos, son puras promesas”, comentó Fabio Aguirre, secretario del la CTUC, entrevistado por la 650 AM.

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Este martes los voceros hablarán a las 7:00 de la mañana frente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Independencia Nacional esquina Manuel Domínguez), donde intentarán conversar con el ministro. Posteriormente se dirigirán a la sede del Indert (Tacuary), luego al Ministerio de Agricultura (Yegros) y, por último, al Ministerio de Educación y Ciencias (15 de Agosto) . En cada institución dejarán sus reclamos.

Aseguró que no cuentan con el financiamiento de ningún grupo político y que estuvieron trabajando durante los últimos seis meses para cubrir los costos por sus propios medios. Entre las actividades hechas mencionó: venta de huevos de gallinas, sorteos, bingos, polladas y otros eventos.

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