El subcomisario José Ayala comentó a SNT y Telefuturo que están cerrando la investigación, porque accedieron a varias imágenes de circuito cerrado, que permiten conocer la frecuencia del hecho y a los autores tras el asesinato del docente Carlos Miguel Ledezma Rodríguez.

Por este caso está imputada la pareja compuesta por Iván Colarte y Héctor Fabián Reyes Fernández, además de un menor de edad.

El uniformado sostuvo que las imágenes corresponden al momento después del crimen, donde se observa que Colarte estaba al mando del auto de la víctima y luego al menor descender el rodado.

Ayala aseguró que estas dos personas, dejando de lado a Héctor Reyes, se alzaron con las pertenencias del señor, que consistía en la suma de tres millones de guaraníes, su celular, el automóvil, entre otras cosas, y decidieron tirar en la vía pública su cuerpo.

Con esto, según resaltó, toma fuerza la hipótesis de un caso de robo con derivación fatal, no así uno con tinte pasional, como se presumió al principio. “Se dividieron lo que robaron e incluso quisieron vender el automóvil”, acotó.

El subcomisario indicó que Colarte tenía contacto directo con la víctima, y que con el menor de edad planificaron primeramente encontrarse con el maestro y luego proceder a realizar el ataque, que se les habría salido de las manos, al presuntamente dispararse el arma en el momento que pretendían asustar al docente. Aunque aun no está confirmada esa situación.

De esta manera, Iván y el menor de edad son los principales sospechosos, en tanto que Héctor Reyes (novio del primero mencionado) fue demorado porque, según testigos, abordó el vehículo de la víctima ya posterior al asesinato de la misma.

El crimen se habría registrado poco antes de las 23:00 horas del domingo.

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La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.