Critican a fiscal Aghemo por no hacer nada contra Cuevas

El senador Juan Darío Monges cuestionó a la fiscal Josefina Aghemo por no avanzar en la investigación contra el diputado Miguel Cuevas, contra quien se amplió una denuncia por falsificar firmas para hacer figurar G. 1.200 millones para carga de combustibles a tractores en desuso.

Carlos Acosta Gómez es el hombre que figuraba como la persona que operaba un tractor en desuso desde el 2011, pese a que a esa altura él trabajaba como sereno en un establecimiento, ya que por prescripción médica tenía prohibido volver a manejar un tractor. Sin embargo, su firma figuraba en órdenes de trabajo en las que además “constaban” cargas de combustible de hasta G. 1.200 millones.

“La fiscal Aghemo constató que la firma del señor Acosta no es la que está estampada en el documento, pero ella impávidamente se mantiene de que no se dio cuenta de la situación, eso es lamentable y por sobre todo perjudicial”, comentó el senador Juan Darío Monges.

Criticó que la misma fiscal actúe de una forma con Miguel Cuevas y de otra totalmente distinta con el senador Javier Zacarías Irún, imputado por lesión en carácter de instigador.

“Él (Cuevas) declaró que tenía ganados y él no tenía, eso se puede constatar en Senacsa, Miguel Cuevas hizo un camino para robar asquerosamente la Gobernación”, sentenció.

Además de Cuevas, su esposa Nancy Florentín de Cuevas, figuró en la lista de planilleros del MEC, según divulgó en septiembre pasado la propia institución.

 

Senadora pide declarar “provida” a la Cámara Alta

La legisladora liberal, María Eugecia Bajac, presentó un proyecto para declarar como “provida y profamilia” a la Cámara de Senadores. El planteamiento fue postergado para el próximo jueves.

“Estoy en favor del no nacido, de proteger su vida desde el momento de la concepción, estoy a favor 100 % de la familia como base de toda sociedad, de la familia constituida por el hombre y la mujer”, dijo la senadora liberal María Eugenia Bajac.

El proyecto de la parlamentaria de declarar a la Honorable Cámara de Senadores como “provida y profamilia” fue incluido sobre tablas en la sesión ordinaria de hoy, pero finalmente quedó postergado para dentro de ocho días con moción de preferencia.

“Estamos discutiendo que un poder del Estado nuevamente va a tomar una posición y hablo de la condición del Estado laico, no se puede tratar un tema tan relevante como este sin discutirlo ni preparar el debate”, dijo el senador Hugo Richer quien propuso posponer el tema.

Esta no es la primera vez que la legisladora liberal motiva las críticas por su postura ferviente en favor de la religión, pues la semana pasada, en el reinicio de las sesiones, pidió permiso para orar y obtuvo la autorización del presidente del Congreso, Silvio Ovelar.

Esto generó varios cuestionamientos y hasta el exabrupto de Paraguayo Cubas, quien aclaró que él sí cree en Dios pero que eso no implica orar. Además recalcó que las sesiones no son el lugar indicado para el efecto.

 

Abdo excluye de lista de ascensos a militar investigado

El presidente Mario Abdo Benítez excluyó al coronel José Tucunaga de la lista de ascensos de los militares que fue remitida al Congreso Nacional.

Este jueves, el mandatario, en su carácter de comandante en Jefe, dispuso que se retire de esa lista al coronel José Tucunaga, debido a que el mismo tiene una causa penal abierta en el ámbito civil.

“Este hecho se constató por lo que se decidió sacarlo de la lista”, informó Víctor Urdapilleta, director de Comunicación Social de las Fuerzas Armadas, al tiempo de precisar que se trata del único militar excluido.

Comentó que el presidente Abdo Benítez decidirá si Tucunaga pasa o no a retiro. “Se está haciendo una revisión de cada uno de los casos”, añadió haciendo referencia a los cuestionamientos sobre los militares que integran la lista.

 

Tras "clima de incertidumbre", Sumidenso aclara que no solicitó suspensión de actividades

La firma autopartista Sumidenso Paraguay aclaró -a través del Viceministerio de Trabajo- que no hizo ninguna solicitud de suspensión de actividades laborales, tal y como se había mencionado hace unos días atrás en una publicación periodística.

El diario Última Hora publicó el pasado 6 de marzo un artículo en el que mencionaba a algunas de las empresas que habían solicitado la suspensión de actividades laborales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Una de las firmas mencionadas era Sumidenso Paraguay S.R.L.

A raíz de esta publicación, la firma autopartista ubicada en la ciudad de Capiatá decidió pronunciarse al respecto y recurrir al Viceministerio de Trabajo para aclarar la situación por la que atraviesa actualmente.

A través de un comunicado dado a conocer en la jornada de ayer, la citada dependencia estatal confirmó que Sumidenso solicitó la suspensión de contrato de un solo trabajador, según consta en el expediente N° 16753/18.

De esta manera, desmiente que se haya solicitado la suspensión de la empresa por un plazo de 90 días, tal y como se había informado en la nota del diario Última Hora.

El Viceministerio de Trabajo mencionó que la aclaración se hizo a pedido de la propia empresa debido a que la misma se vio afectada por la publicación periodística, “creando un clima de incertidumbre entre los trabajadores, proveedores y clientes”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras de Exportación (CEMAP), Carina Daher, manifestó días atrás que no habían recibido ningún informe por parte de alguna industria -incluyendo a Sumidenso- sobre un pedido de cese de actividades.

Cabe recordar que la suspensión de actividades laborales es una medida contemplada en el Código Laboral Paraguayo y guarda relación con la suspensión, ya sea total o parcial, de la actividad dentro de una empresa y a pedido de la misma.

El caso más emblemático y reciente es el de Manufacturas Pilar que semanas atrás anunció el cese de de sus produc­ciones industriales por una baja del consumo. La suspensión se concretaría una semana por mes, de abril a junio de este año.

Cuando se trata de una suspensión temporal, el Código Laboral establece que puede fijarse un plazo de hasta 90 días para el cese de actividades, tiempo que puede ser prorrogable. En este tipo de casos, la ley faculta al trabajador a aceptar el reintegro, si es que la patronal lo vuelve a llamar u optar por demandar por despido injustificado.