De cuatro invitaciones para participar de la licitación, tres fueron dirigidas a firmas pertenecientes a los Ferreira, clan que tiene como cabeza al empresario Justo Ferreira. La unidad de Contrataciones a cargo de Pablo Lezcano invitó a una empresa cuyo historiaI revela que no se ha adjudicado compras por grandes montos.

El Comité de Evaluación obvió requisitos fundamentales de Contrataciones Públicas, como la no presentación de muestras por parte de los proveedores que era una causal de descalificación. También facilitó para que se compre insumos sin Registro Sanitario.

Liquidaron la adjudicación en 72 horas, pero tardaron 10 días en el proceso de notificación de órdenes de compra, de esta forma blindaron de multas a los proveedores que asumieron contrato para suministrar con urgencia. La Dirección de Insumos Estratégicos (Nery Fariña) dilató al máximo la emisión de órdenes de compra ajustando de esta forma los plazos a favor de las empresas, en detrimento de la necesidad del personal de blanco.

Llegaron parte de los insumos para Salud Pública, y días después aparecieron camiones con camas hospitalarias que fueron guardadas en depósito de María Nathalia Samaniego Maciel, sobrina de la senadora Lilian Samaniego. Aquí apareció otra empresa de Justo Ferreira que resultó ser el propietario de las camas que estaban allí.

Salió a la luz que hay otra sobrina de la senadora Lilian Samaniego de nombre María Laura Samaniego Maciel, que a través de la firma Centro Médico Amanecer opera en licitaciones con empresas de Justo Ferreira.

El jefe de Contrataciones del Ministerio de Salud, el director administrativo y la directora de Vigilancia Sanitaria presentaron renuncia a raíz del escándalo. El viceministro Julio Rolón termina confirmando que Silva y Melgarejo actuaron de “intermediarios”.

Comenzaron las entregas a cuentagotas de los insumos, fueron rechazados por defectuosos, Salud hizo varios intentos por mantener el contrato con los Ferreira, pero con la posible falsificación de marca y suministro de más insumos de baja calidad, más el lapidario informe de la Contraloría, obligaron al capitán Julio Mazzoleni a rescindir el convenio en un 100%.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.