La Ley Nº 5777/16 de de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, busca visibilizar una forma extrema de violencia vinculada con la desigualdad estructural que afecta a las mujeres por razones de género, es decir, por ser mujer. La Ley incorpora el feminicidio en el inciso a) del artículo 6, como una forma de violencia y lo tipifica en el artículo 50 con una pena privativa de libertad de 10 a 30 años.

ASESINATO DE UNA MUJER QUE ES CONSIDERADO FEMINICIDIO

El artículo 50 establece cuáles son las circunstancias del asesinato de una mujer que deben ser consideradas en un feminicidio.

En otras palabras, dicho artículo determina que no todo homicidio de una mujer es feminicidio, sino aquel que ocurre sólo cuando se da alguna de las circunstancias citadas expresamente por el artículo.

Establece que:

a)El autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo.

b)Exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

c)La muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra la víctima, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados o no-

d)La víctima se hubiere encontrado en una situación de subordinación o dependencia respecto del autor, o este se hubiere aprovechado de la situación de vulnerabilidad física o psíquica de la víctima para cometer el hecho.

e)Con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos punibles contra la autonomía sexual.

f)El hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o reestablecer una relación de pareja permanente o casual.

Con el reconocimiento del feminicidio como un tipo penal autónomo, esta Ley da a la violencia contra las mujeres un nombre y una categoría social y jurídica que visibiliza de forma clara quién es la víctima, el victimario y en qué circunstancias se ha producido el asesinato, resultado de relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, que perpetúa ésta y otras formas de violencia.

Dicha Ley permite visibilizar y caracterizar de manera específica esta forma extrema de violencia, como también posibilitará contar con información calificada sobre estos hechos violentos y generar políticas para prevenirlos.

ADÓNDE ACUDIR PARA PEDIR AYUDA

* Se puede acudir al Ministerio de la Mujer sito en (Presidente Franco c/ Ayolas – Edificio Afra – 1er. Piso ) o llamar al (021) 450-037 Int. 322. También pueden comunicarse a través de los siguientes correos: observatorio@mujer.gov.py ; investigacion@mujer.gov.py.

* Llamar al 137 SOS MUJER de forma gratuita y desde cualquier línea de teléfono móvil o fijo.

* Denunciar cualquier hecho de violencia contra la mujer en la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar del Ministerio Público, al número 0800 11 4700. O a cualquier comisaría más cercana.

UN TOTAL DE 19 CASOS DE FEMINICIDIO EN EL PAÍS

El Ministerio Público reportó este domingo que durante el primer semestre del 2022, se registraron un total de 19 mujeres víctimas de feminicidio en todo el país.

La edad promedio de las víctimas oscila entre los 16 y 52 años, mientras que la edad promedio de los agresores es de entre 19 y 65 años.

El departamento con más casos es Central con 7 mujeres víctimas de feminicidio. Otros 2 hechos se produjeron tanto en Concepción como en Itapúa, totalizando 4 en total entre ambas zonas.

Por otra parte, se reportaron una víctima en los siguientes departamentos: Alto Paraná, Cordillera, San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Ñeembucú, Paraguarí y Asunción.

En lo que respecta al parentesco con el agresor, 10 de los casos mencionados fueron ex parejas, 7 casos fueron parejas, 1 caso fue de un cuñado y 1 caso, hermano.

En el tipo de arma utilizada, en unos 9 casos utilizaron armas de fuego, en 8 se usaron armas blancas y hubo 1 caso por asfixia.

Un total de 18 casos de feminicidio registrados este año tuvieron lugar en viviendas, mientras que un hecho ocurrió en una penitenciaría.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Obras Públicas, los actuales trabajos incluyen la pintura de barandas, reconstrucción de veredas, desagüe pluvial, limpieza, entre otras actividades.

Este mejoramiento de la infraestructura abarca la ruta D025, que conecta los departamentos de Central y Presidente Hayes, y tiene como objetivo optimizar el tránsito y reforzar la seguridad vial de todos los usuarios del puente.

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Cabe mencionar que, se realizó una intervención profunda en el lugar. Esto incluye una regularización completa de los puntos críticos de la calzada y, a través de estudios técnicos de las muestras tomadas, determinar la composición de la carpeta asfáltica final, que incorporará polímeros.

El uso de asfalto con polímeros representa una mejora sustancial respecto al asfalto convencional. Este tipo de pavimento, que incluye materiales sintéticos especializados, es más resistente a deformaciones, temperaturas extremas y al desgaste por tráfico pesado. Además, reduce la aparición de grietas y mejora el comportamiento ante la humedad, prolongando así su vida útil.

Recalcó que la OEA reconoce este rol a través de múltiples iniciativas y mecanismos de participación que buscan fortalecer la cooperación para enfrentar los desafíos comunes de la región.

El canciller reconoció los retos persistentes y emergentes que afectan los cuatro pilares de la OEA: Democracia, Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral Sostenible. En el ámbito de la democracia, señaló que el hemisferio enfrenta tensiones que amenazan la convivencia pacífica, mientras que en el área de los derechos humanos, advirtió que la debilidad institucional afecta la plena vigencia de estos derechos.

Ramírez Lezcano hizo un llamado a redoblar esfuerzos para que la OEA se mantenga atenta al fortalecimiento de la democracia en la región y para que las instituciones trabajen para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, abordó la preocupación sobre la seguridad multidimensional, destacando el crecimiento de fenómenos como el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, el lavado de activos y la corrupción, que han afectado negativamente la estabilidad regional.

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El canciller también subrayó la creciente crisis migratoria y el tráfico de personas como problemas de prioridad que deben ser discutidos en el foro de la OEA para encontrar soluciones efectivas. En este sentido, destacó la importancia de potenciar la Secretaría de Seguridad Multidimensional como una plataforma de trabajo para unir a los distintos organismos de seguridad hemisféricos.

En cuanto a la inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes, Ramírez Lezcano expresó su compromiso de avanzar en la construcción de políticas públicas que les permitan participar en los procesos de desarrollo sin perder su identidad cultural. Además, reiteró que la región enfrenta desafíos importantes, como la desigualdad y la lucha contra la pobreza y el hambre, por lo que abogó por un desarrollo económico integral y sostenible para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de las Américas.

Resaltó también que, a pesar de las diferencias y pensamientos divergentes entre los Estados miembros, América es una región pacífica, libre de conflictos bélicos, y enfatizó la necesidad de promover la solución pacífica de controversias mediante el diálogo.

Subrayó que, para alcanzar estos objetivos, la OEA debe recuperar su relevancia política y acercarse más a la ciudadanía de las Américas, reflejando un rostro más humano y colaborativo.

Por último afirmó que “juntos, sociedad civil y OEA, podemos construir una América más inclusiva, más solidaria, más próspera y resiliente”, reafirmando su convicción de que la organización debe liderar iniciativas clave para avanzar en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos del continente.

Seis años atrás, Paraguay comenzó a implementar el uso de IA en su sistema de empleos y se posicionó en la región como un Estado pionero en la inclusión de este tipo de tecnologías en políticas públicas. Así nació ParaEmpleo, ahora conocido como EmpleaPy. Miles de personas cargaron sus datos personales en un CV online y seleccionaron sus preferencias para conseguir un puesto de trabajo. Si bien el Portal EmpleaPy fue creado con el fin de aumentar la empleabilidad mediante la automatización de procesos, según un estudio detallado dirigido por Derechos Digitales, los sistemas de toma de decisiones automatizada (ADM, por sus siglas en inglés) se implementan en el país sin un marco sólido de protección de datos personales. Esto plantea preocupaciones sobre la falta de garantías adecuadas para las personas usuarias de la plataforma.

El proyecto Inteligencia Artificial e Inclusión, coordinado por la ONG Derechos Digitales desde 2019, ya cuenta con 10 casos de estudio en donde la IA se implementa en distintos gobiernos de América Latina en políticas públicas en áreas sensibles como las de empleo, educación, seguridad, entre otras, tanto a nivel nacional como subnacional. Algunos de los resultados principales exponen baja efectividad de estos sistemas, marcos normativos inadecuados, cuestionable manejo de información personal y escasos espacios abiertos a la participación ciudadana.

“La digitalización de la intermediación laboral en Paraguay, con el sistema EmpleaPy, evidencia los desafíos de construir plataformas de empleo basadas en datos con criterios de equidad y transparencia, en un contexto sin una legislación en protección de datos personales. También es un ejemplo de cómo el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, puede transitar de la dependencia de tecnologías del sector privado al desarrollo de sistemas públicos, lo que le permitiría un mayor control sobre los datos para almacenar y procesar”, subrayó Juan Manuel García, Coordinador de investigación de Derechos Digitales.

Si bien durante el último tiempo la introducción de nuevas herramientas de IA en la plataforma permite optimizar el proceso de selección de personas, el informe evidencia que aún no existe un análisis de riesgo de sesgos de clasificaciones sobre los perfiles, los datos personales, o potenciales errores para garantizar que la herramienta sea lo más inclusiva posible. El caso de Paraguay, uno de los pocos países de América del Sur que aún no cuenta con una ley de protección integral de datos personales, fue analizado por TEDIC en colaboración con Derechos Digitales.

Los otros casos del proyecto incluyen experiencias de IA aplicadas por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. El conjunto de las investigaciones desarrolladas con organizaciones de América Latina, demuestra que el uso de esta tecnología en la implementación de políticas públicas sin las garantías adecuadas, puede afectar derechos fundamentales como la privacidad, el acceso a la justicia y la equidad en la toma de decisiones estatales.

“El uso de inteligencia artificial en la función pública no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política con implicancias profundas para los derechos humanos. Los casos analizados muestran cómo estas tecnologías pueden reforzar desigualdades, afectar la intimidad y limitar el acceso a beneficios sociales, especialmente cuando se implementan sin transparencia, supervisión adecuada o mecanismos de rendición de cuentas”, agregó García.