A través de una nota dirigida al presidente de la República, el ministro de Salud y el ministro del Interior, el grupo de connacionales que retornó ayer de la ciudad brasileña de Foz de Iguazú expresó sus cuestionamientos respecto a la situación en la que se encuentran actualmente.

De acuerdo al documento, los alrededor de 150 paraguayos que cumplen con la cuarentena en la casa de retiros “San Antonio de Padua” de Ciudad del Este no han recibido ningún tipo de asistencia médica básica desde su ingreso al lugar, así como tampoco se han tomado las medidas necesarias para proteger a los adultos mayores, niños y madres.

De igual manera, cuestionan que hasta el momento no cuentan con un solo médico ni enfermero de guardia permanente que pueda brindarles asistencia las 24 horas, a medida que vayan surgiendo las necesidades y emergencias.

“Insistimos en que el recinto en el cual estamos albergados no reúne los requisitos básicos para evitar contagios masivos”, refiere el texto, reclamando así las condiciones de hacinamiento en la casa de retiros destinada para el aislamiento de los viajeros.

En la nota también exigen a las autoridades que se les realicen las pruebas o tests de COVID-19 PCR, a fin de determinar si padecen o no de la enfermedad. De no ser así, los responsabilizan directamente en caso de que se produzca un eventual brote de coronavirus.

TRES LUGARES PARA CUARENTENA EN ALTO PARANÁ

Hasta el momento suman tres los lugares habilitados para cumplir con la cuarentena en la zona de Alto Paraná, según cita La Nación. El primero, la casa de retiro “San Antonio de Padua” del barrio San Juan; el segundo, un exseminario ubicado en el km 11,5 Acaray; y el tercero, el polideportivo Tacurú Pucú de Hernandarias.

En este último predio fue trasladado otro grupo conformado por alrededor de 60 compatriotas, quienes también llegaron provenientes de Brasil entre la noche de ayer y la mañana de hoy, de acuerdo a la publicación.

“NO SE CUMPLE EL AISLAMIENTO SOCIAL”

Una de las compatriotas que cumple con la cuarentena en Ciudad del Este manifestó a nuestra redacción que hasta la tarde de hoy continúan en las mismas condiciones de hacinamiento en la casa de retiros.

En este caso, la principal novedad es, según comentó, que lograron mantener una reunión con un viceministro (cuya cartera no supo precisar), quien les habría prometido tener en cuenta sus reclamos para brindarles soluciones.

Igualmente, la mujer comentó que se hizo lugar a un amparo a través del cual solicitaban un resguardo especial para los niños, quienes estaría siendo trasladados a otro lugar sin confirmar aún.

“La gente sigue sin entender, no es la comida ni el lugar en sí el problema, es la aglomeración de personas”, refirió.

La misma cuestionó a aquellos que “critican por criticar” y no conocen la realidad que viven allí dentro, sufriendo del hacinamiento y el riesgo a un eventual contagio.

La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.