“Lo que nadie dice y es verdad: el apreciado amigo Ramón Romero Roa, qué en paz descanse, recibió la vacuna contra el Covid el día lunes 14 de junio, unos minutos después empezaron las reacciones adversas , escalofríos, chuchos y fiebre, hoy lo perdimos”, escribió este miércoles Enrique Ruíz Díaz en su cuenta de Twitter.

La publicación fue respondida y desmentida rápidamente por la hija del diputado, Valeria Romero. “Para aclarar: mi papá se vacunó sin saber que tenía covid. Por favor dejar de esparcir falsas noticias. La vacuna no fue la culpable”, indicó.

El diputado Ramón Romero Roa se había aplicado la dosis de la vacuna de Astrazeneca el pasado 14 de junio, según lo manifestado por su hija en ese momento no presentaba síntomas de la enfermedad.

El 18 de junio a través de sus redes sociales había comunicado que dio positivo a la prueba del COVID-19 y que en ese momento se encontraba en buenas condiciones de salud. Sin embargo, su situación se complicó días después y fue derivado a un sanatorio en Asunción, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva hasta este miércoles donde se confirmó su fallecimiento.

LOS ANTECEDENTES DE RUIZ DÍAZ

Enrique Ruíz Díaz es recordado por el escándalo que se generó en el 2006, cuando él como socio de la empresa Sistema Siete Publicidad y de la consultora Ross y Asociados, había sido investigado por el pago de al menos G. 2.000 millones por parte de Itaipú Binacional a su firma, además de otros negociados con entes estatales.

El publicista en ese entonces era socio comercial de Nicanor Duarte Frutos, quien estaba en el cargo de presidente de la República. El mandatario había reconocido en el 2002 que Siete Publicidad era de su propiedad y que invirtió US$ 20 mil para la constitución de la empresa.

El Ministerio Público solicitó al respecto a la Subsecretaría de Tributación una auditoría integral a la publicitaria, ante las sospechas de evasión impositiva de la firma.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Obras Públicas, los actuales trabajos incluyen la pintura de barandas, reconstrucción de veredas, desagüe pluvial, limpieza, entre otras actividades.

Este mejoramiento de la infraestructura abarca la ruta D025, que conecta los departamentos de Central y Presidente Hayes, y tiene como objetivo optimizar el tránsito y reforzar la seguridad vial de todos los usuarios del puente.

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Cabe mencionar que, se realizó una intervención profunda en el lugar. Esto incluye una regularización completa de los puntos críticos de la calzada y, a través de estudios técnicos de las muestras tomadas, determinar la composición de la carpeta asfáltica final, que incorporará polímeros.

El uso de asfalto con polímeros representa una mejora sustancial respecto al asfalto convencional. Este tipo de pavimento, que incluye materiales sintéticos especializados, es más resistente a deformaciones, temperaturas extremas y al desgaste por tráfico pesado. Además, reduce la aparición de grietas y mejora el comportamiento ante la humedad, prolongando así su vida útil.

Recalcó que la OEA reconoce este rol a través de múltiples iniciativas y mecanismos de participación que buscan fortalecer la cooperación para enfrentar los desafíos comunes de la región.

El canciller reconoció los retos persistentes y emergentes que afectan los cuatro pilares de la OEA: Democracia, Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral Sostenible. En el ámbito de la democracia, señaló que el hemisferio enfrenta tensiones que amenazan la convivencia pacífica, mientras que en el área de los derechos humanos, advirtió que la debilidad institucional afecta la plena vigencia de estos derechos.

Ramírez Lezcano hizo un llamado a redoblar esfuerzos para que la OEA se mantenga atenta al fortalecimiento de la democracia en la región y para que las instituciones trabajen para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, abordó la preocupación sobre la seguridad multidimensional, destacando el crecimiento de fenómenos como el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, el lavado de activos y la corrupción, que han afectado negativamente la estabilidad regional.

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El canciller también subrayó la creciente crisis migratoria y el tráfico de personas como problemas de prioridad que deben ser discutidos en el foro de la OEA para encontrar soluciones efectivas. En este sentido, destacó la importancia de potenciar la Secretaría de Seguridad Multidimensional como una plataforma de trabajo para unir a los distintos organismos de seguridad hemisféricos.

En cuanto a la inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes, Ramírez Lezcano expresó su compromiso de avanzar en la construcción de políticas públicas que les permitan participar en los procesos de desarrollo sin perder su identidad cultural. Además, reiteró que la región enfrenta desafíos importantes, como la desigualdad y la lucha contra la pobreza y el hambre, por lo que abogó por un desarrollo económico integral y sostenible para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de las Américas.

Resaltó también que, a pesar de las diferencias y pensamientos divergentes entre los Estados miembros, América es una región pacífica, libre de conflictos bélicos, y enfatizó la necesidad de promover la solución pacífica de controversias mediante el diálogo.

Subrayó que, para alcanzar estos objetivos, la OEA debe recuperar su relevancia política y acercarse más a la ciudadanía de las Américas, reflejando un rostro más humano y colaborativo.

Por último afirmó que “juntos, sociedad civil y OEA, podemos construir una América más inclusiva, más solidaria, más próspera y resiliente”, reafirmando su convicción de que la organización debe liderar iniciativas clave para avanzar en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos del continente.

Seis años atrás, Paraguay comenzó a implementar el uso de IA en su sistema de empleos y se posicionó en la región como un Estado pionero en la inclusión de este tipo de tecnologías en políticas públicas. Así nació ParaEmpleo, ahora conocido como EmpleaPy. Miles de personas cargaron sus datos personales en un CV online y seleccionaron sus preferencias para conseguir un puesto de trabajo. Si bien el Portal EmpleaPy fue creado con el fin de aumentar la empleabilidad mediante la automatización de procesos, según un estudio detallado dirigido por Derechos Digitales, los sistemas de toma de decisiones automatizada (ADM, por sus siglas en inglés) se implementan en el país sin un marco sólido de protección de datos personales. Esto plantea preocupaciones sobre la falta de garantías adecuadas para las personas usuarias de la plataforma.

El proyecto Inteligencia Artificial e Inclusión, coordinado por la ONG Derechos Digitales desde 2019, ya cuenta con 10 casos de estudio en donde la IA se implementa en distintos gobiernos de América Latina en políticas públicas en áreas sensibles como las de empleo, educación, seguridad, entre otras, tanto a nivel nacional como subnacional. Algunos de los resultados principales exponen baja efectividad de estos sistemas, marcos normativos inadecuados, cuestionable manejo de información personal y escasos espacios abiertos a la participación ciudadana.

“La digitalización de la intermediación laboral en Paraguay, con el sistema EmpleaPy, evidencia los desafíos de construir plataformas de empleo basadas en datos con criterios de equidad y transparencia, en un contexto sin una legislación en protección de datos personales. También es un ejemplo de cómo el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, puede transitar de la dependencia de tecnologías del sector privado al desarrollo de sistemas públicos, lo que le permitiría un mayor control sobre los datos para almacenar y procesar”, subrayó Juan Manuel García, Coordinador de investigación de Derechos Digitales.

Si bien durante el último tiempo la introducción de nuevas herramientas de IA en la plataforma permite optimizar el proceso de selección de personas, el informe evidencia que aún no existe un análisis de riesgo de sesgos de clasificaciones sobre los perfiles, los datos personales, o potenciales errores para garantizar que la herramienta sea lo más inclusiva posible. El caso de Paraguay, uno de los pocos países de América del Sur que aún no cuenta con una ley de protección integral de datos personales, fue analizado por TEDIC en colaboración con Derechos Digitales.

Los otros casos del proyecto incluyen experiencias de IA aplicadas por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. El conjunto de las investigaciones desarrolladas con organizaciones de América Latina, demuestra que el uso de esta tecnología en la implementación de políticas públicas sin las garantías adecuadas, puede afectar derechos fundamentales como la privacidad, el acceso a la justicia y la equidad en la toma de decisiones estatales.

“El uso de inteligencia artificial en la función pública no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política con implicancias profundas para los derechos humanos. Los casos analizados muestran cómo estas tecnologías pueden reforzar desigualdades, afectar la intimidad y limitar el acceso a beneficios sociales, especialmente cuando se implementan sin transparencia, supervisión adecuada o mecanismos de rendición de cuentas”, agregó García.