Tras el trabajo de hermetización realizado por el personal de la Armada Paraguaya, se logró el adrizado del Cañonero C-2 HUMAITÁ, que hoy ya se encuentra en su posición natural luego de que sufriera una inclinación hacia uno de sus lados, a consecuencia del ingreso de agua, días pasados.

“La escora de 20° hacia la banda de Babor que mostraba el buque cañonero Humaitá,  ha sido subsanada luego de los trabajos técnicos de achique correspondientes”, resaltó el comunicado de la Armada.

En ese sentido, desde la Armada recordaron que el Cañonero Humaitá ya no está operativo desde hace unos años.

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“El buque Cañonero Humaitá, que durante 70 años fue gallardo navegante de los ríos nacionales, participó en defensa de la patria en tiempos de la Guerra del Chaco (1932-1935), transportando soldados al frente. Arrió su gallardete de guerra y cambió de estatus el día 6 de septiembre del año 2000 convirtiéndose  en el primer museo naval del Paraguay”, dice el informe.

El procedimiento encabezado por el fiscal Ysrael Villalba  tuvo lugar en un depósito ubicado en el octavo piso del edificio Golden Asia, del microcentro de Ciudad del Este.  

Los artículos decomisados son juguetes consistentes en máscaras, muñecas, muñecos, transformers, entre otros, de las marcas Marvel, Hasbro y Disney, que totalizaron 13.662 unidades.

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La denuncia sobre el hecho fue radicada por el área de Lucha contra la Piratería y Falsificación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI).

En otro operativo similar, realizado también en el centro de la capital del Alto Paraná, la Fiscalía igualmente requisó gran cantidad de cargadores, audífonos, cables y capas de teléfonos celulares presuntamente falsificados. La denuncia en este caso fue presentada por representantes de la marca Apple.

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Todo lo decomisado en ambos procedimientos fue trasladado al depósito del Ministerio Público para su custodia. Mientras tanto, las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la responsabilidad de los propietarios de los locales intervenidos.

El procedimiento estuvo encabezado por el agente fiscal Jorge Arce, en prosecución a la investigación y en cumplimiento de un mandamiento judicial que autorizó la entrega vigilada. 

Según la investigación, el funcionario habría solicitado la suma de 1.300.000 guaraníes, para agilizar trámites en el IPS a los efectos de acceder a beneficios jubilatorios.

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El operativo se realizó en una estación de servicio ubicada en Azara esquina Brasil, Asunción, donde en poder del detenido, se incautó la mencionada suma, como también documentos supuestamente expedidos por la Dirección del Registro Civil, con la finalidad de ser utilizados en el citado trámite.

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La víctima menciona en su denuncia que acudió a la Dirección de Jubilaciones del IPS, a fin de solicitar obtener beneficio jubilatorio para su padre, tras el fallecimiento de su madre, ocasión en que el investigado le habría solicitado dinero para iniciar los trámites y poder acceder en el menor tiempo posible a esos haberes.

“Se confunde a la gente. Usan como sofisma los números. La realidad es que el IPS es transparente”, indicó Vicente Bataglia, en conversación con Radio Nacional del Paraguay, al tiempo de agregar que la Previsional está obligada a comunicar todas las operaciones.

“El que de verdad quiere saber lo que hay en el IPS, tiene que entrar a los portales públicos. No hay nada escondido”, subrayó.

Asimismo, dijo que “es mentira que se usan los fondos y que la reserva se va a acabar”, en relación al uso del remanente de rentas de los años 2021 y 2022, correspondiente al Fondo Común de Pensiones.

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Bataglia señaló además que desde el IPS están abiertos a revisión de las cuentas. “Estamos tranquilos, no hacemos nada fuera de la legalidad”, expresó.

La postura de la Previsional al respecto es que la resolución representa una herramienta legal para hacer frente a los pagos de jubilaciones y que, viene siendo utilizada desde el 2020, para paliar el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 en los fondos de la institución.

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En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien aseguró que “no se puede tocar, es ilegal tocar los fondos”.

El mandatario enfatizó que los fondos de los jubilados no están en riesgo y el uso se enmarca dentro de la ley.