El abogado Álvaro Arias, defensor del diputado renunciante Juan Carlos Ozorio, explicó a la prensa que el congresista decidió apartarse para ponerse a disposición de la Fiscalía, cuando esta institución abra una causa en su contra por supuesto vinculación en esquema narco, tras unas publicaciones en las redes sociales.

“Vamos a esperar que un fiscal inicie una investigación, ponernos a disposición y ofrecer las pruebas”, dijo y aclaró que no es el político a quien se lo oye en audios divulgados.

En la mañana del martes fueron publicados varios audios en los que supuestamente se escucha en conversaciones telefónicas al diputado oficialista y presidente de la Cooperativa San Cristóbal, Juan Carlos Ozorio, coordinando detalles para reunirse con el presunto nexo de una facción criminal del Brasil, así como con personas ligadas a la producción y tráfico de cocaína en Bolivia.

“No es él el de los audios, ¿cómo pueden probar que es él?”, respondió sobre el punto el abogado Arias. “Son todas informaciones sueltas”, agregó. “Es un audio de hace mucho tiempo, no es de este año”, acotó también.

El defensor aseguró que nadie de la Fiscalía se comunicó aún con el político tras estallar el escándalo. “Vamos a esperar que un fiscal inicie investigación y presentaremos pruebas. Vamos a solicitar que se perite todo lo que existe”, indicó.

En otro momento argumentó que su cliente renunció por cuestiones políticas, ya que existían los votos para que pierda su investidura, por lo que decidió dar un paso al costado y simplificar todo el proceso.

El diputado Juan Carlos Ozorio es sindicado de tener vínculos con el narcotráfico, en el marco del operativo “A Ultranza PY”. Específicamente, se habla de su relación con el pastor evangélico, José Insfrán, quien se encuentra en carácter de prófugo de la justicia.

Cristhian Javier Ayala Marecos fue el objetivo de la intervención. El mismo resultó detenido por los intervinientes. Según los datos colectados, el hombre era responsable de surtir a toda una red de microtráfico.

En los lugares intervenidos fueron incautados un total de 2.358 dosis de chespi y 100 gramos de cocaína, equivalentes a unas 300 dosis de la sustancia y 30 kilos de marihuana.

La comitiva se incautó además de una camioneta, celulares, proyectiles de varios calibres, dinero en efectivo, entre otras evidencias. El fiscal interviniente Juan Daniel Benítez dispuso la remisión del detenido y las evidencias a la Base Regional de la Senad en Concepción.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, Euclides Acevedo destacó que este convenio ofrece una oportunidad crucial para ambos bloques, pero subrayó la necesidad de que Paraguay planifique cuidadosamente su estrategia para maximizar los beneficios.

“Más vale tarde que nunca. Este acuerdo llega en un contexto en el que tanto la Unión Europea, debilitada por tensiones políticas y geopolíticas, como el Mercosur, necesitaban oxigenarse”, comentó. Sin embargo, advirtió que “el éxito de este pacto no dependerá solo de su firma, sino de cómo se administran las ventajas”.

Acevedo enfatizó la importancia de que el Gobierno, en conjunto con las fuerzas productivas y los expertos en geopolítica, definan una hoja de ruta clara. “Tenemos productos estrella, como la carne, que deben ser promovidos estratégicamente. No podemos repetir los errores del pasado con mercados como Rusia, donde hemos perdido terreno”, agregó.

Respecto a las críticas que el acuerdo enfrentó, Acevedo demostró que estas reflejan tensiones internas en ambos bloques. “La política aislacionista y proteccionista que se observa en algunos países europeos como Francia y Hungría podría haber frenado este avance, pero prevalece la necesidad de diversificar los mercados”, explicó.

Finalmente, subrayó el papel de los embajadores paraguayos en Europa para garantizar una implementación efectiva del acuerdo. “Deben estar atentos a las señales de la Cancillería y trabajar en sintonía con el aparato productivo nacional. Este es un momento histórico que no puede desperdiciarse”, concluyó.

Gisella Ramírez, una de las coacusadas en el operativo Berilo, presentó una recusación contra el juez de garantías, Miguel Palacios y con esto, la audiencia que debía realizarse a las 8:00 de la mañana quedó suspendida.

Cabañas está imputado por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, una pesquisa por la cual estuvo preso durante cinco años, tras lo cual, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, medida que ya cumple un año.

Por estos delitos, las expectativas de penas van de 10 a 25 años de cárcel, algo que deberá definirse en un eventual juicio. De existir una condena, a Cucho se le deberá restar los años que ya compurgó.

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Por su parte, Ulises Quintana está procesado por lavado de dinero y asociación criminal. Su participación en el esquema saltó a la luz cuando Cabaña cayó en un operativo policial con USD 190.000, momento en que el entonces legislador habría intervenido para la “liberación”.

Además, la acusación fiscal sostiene que Cucho financió la campaña política de Quintana, quien además habría utilizado los bienes del narcotraficante.

Quintana se expondría a una pena carcelaria de 5 a 15 años, aunque por concurso de delitos, la sentencia podría llegar a 22 años.

El 15 de mayo del 2022, pese a la recusación de 40 fiscales, la Fiscalía presentó acusación contra 24 personas por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.

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